29 de marzo de 2024

A punta de consignas

27 de enero de 2023
Por Eduardo López Villegas
Por Eduardo López Villegas
27 de enero de 2023

Las declaraciones de buenos propósitos no son garantía suficiente para llegar a buen puerto. Cuentan las motivaciones y los medios que, si son los equivocados, hacen de buenas banderas velo de estropicios.

El Departamento de la Función Pública ha expedido circulares, una en conjunto con la Escuela de Administración Pública y otra, con Colombia Compra Eficiente, con el loable fin de formalizar el empleo público.

Existe una realidad de a puño. La Administración Pública en todos los niveles y sectores está servida por dos clases de trabajadores. Los protegidos del Estado, quienes ingresaron por concurso de méritos a la carrera administrativa, asegurados contra todo riesgo, y a salvo de las recurrentes barridas políticas. Son 1’351.835 servidores públicos, en playa alta.

En playa baja, quienes prestan sus servicios mediante una vinculación de contrato de prestación de servicios. Son novecientos once mil estos contratos, algunos con personas jurídicas, las que emplean muchas personas naturales. Están sujetos a mayor exigencia y control, y es usual, en condiciones de remuneración y protección menor. La diferencia entre los profesores de planta de las universidades públicas y los catedráticos puede bien ilustrar el punto. Es usual que la distribución de la carga académica sea menos ventajosa, por horarios, materias, sedes, para los segundos. Su remuneración es menor porque no pueden cualificarse, ganar puntos, subir en un escalafón que no existe para ellos. No gozan de vacaciones. Y su remuneración es usual que no sea por los doce meses. Entre contrato y contrato pasan meses o semanas sin recibir ingresos.

Instituciones fracturadas con trabajadores de dos estratos, es lo corriente. Y ello tiene origen en necesidades contrapuestas qué hay que atender. La estabilidad laboral de los empleados y una organización flexible con capacidad de moldear sus actividades al ritmo del cambio de los variables requerimientos.

Instituciones bien pensadas en el papel, los contratos de prestación de servicios, se desfiguran cuando entran en contacto con la codiciosa humana, y con la exasperación del deseo de provecho la de funcionarios que quieren sacar beneficios menores, el nombrar a dedo a sus allegados.  Todo conjura a su favor. El fatigoso y complejo trámite burocrático para ampliar una planta de personal disuade al director bien intencionado, y brinda excusas a los que hacen negocio político con las nóminas paralelas, servidores escogidos a gusto, sin concurso, botín electoral.

Se anuncia, cierto lo que hasta hoy ha sido ausente, la voluntad del Estado de formalizar del empleo público. Las circulares referidas disponen que todas las entidades nacionales, departamentales y municipales, deben reducir a su mínima expresión los contratistas, que estos solo pueden ser contratados por cuatro meses, el tiempo que estiman suficiente para que sean adoptadas las plantas temporales.

La nueva voluntad es decidida, una mano tendida para aliviar la situación de los contratistas, y también arrolladora, mano que se convierte en puño cerrado para darles otro coscorrón.

El rumbo de las intervenciones públicas se pierde cuando las decisiones complejas se toman a punta de consignas ideológicas Para cada problema complejo existe una respuesta clara, sencilla y equivocada, es la frase recordada de Mencken.

De la ideología se valen quienes promueven acciones a partir de realidades simplificadas, reducidas a elementalidades, como que, todo es asunto de buenos y malos. El camino a seguir queda despejado: rechazar todo lo que encierre maldad.

Una de las Circulares en mención refiere como propósito primero cumplir con el programa de gobierno Colombia Potencia Mundial de la Vida. La alusión ilustra el desatino. En las campañas políticas se derrocha ideología, se venden ilusiones y esperanzas. Pero cuando se gobierna, se negocian y aterrizan los programas de gobierno, se tienen que admitir limitaciones, ajustarlos a lo posible.

La formalización del empleo bajo la batuta alineación ideológica reduce el universo del trabajo al de las vinculaciones laborales, lo demás, los trabajadores independientes, es perversidad. Con esa aparente claridad, sobran diagnósticos. Por regla, los contratistas de prestación de servicios deben volverse empleados.

La esquematización por mor de la elementalidad sirve para ocultar los problemas. Cuando se adopta como cierto que el contrato de prestación de servicios no es una forma digna de contratar, se le echa tierra verdaderos problemas, el de las malas prácticas de las nóminas paralelas, y los engorrosos y costosos trámites burocráticos para formalizar el empleo.

Se despeja el camino  para que las condiciones en las que los contratistas prestan sus servicios sigan como están. Nada para evitar abusos y discriminaciones. Son resorte indispensable en la administración moderna del Estado. Sin ellos el Estado se privaría de innumerables servicios que no caben en el formato único de las plantas, personal permanente, de ocho horas, sentado en una oficina pública; con conocimientos especializados para intervenciones puntuales en programas o proyectos temporales. Se angostan  espacios en la administración pública para quienes su modelo de vida repele su realización personal como burócratas.

Cuantas inteligencias trunca la estrechez ideológica. Ven el futuro con el deseo sin mirar  al desorden histórico que quieren corregir y sin atender las limitaciones legales a que deben someterse. Borran memoria de dificultades, instituciones que han bregado infructuosamente con  un sinfín de estudios y de condiciones presupuestales para conseguir la aprobación de plantas de personal. Dejan de lado disposiciones legales que concede a las autoridades facultad para fijar la duración de los contratos de prestación de servicio según la naturaleza de la labor y por el tiempo estrictamente necesario.  Meten en el saco de las entidades nacionales a las territoriales, olvidando de estas su autonomía. Instituciones pensadas para orientar políticas públicas, prefieren operar como autoridades de control. Todo ello se remplaza por un ¡hágase¡ y ¡en cuatro meses¡

La luz que creyeron ver los contratistas de prestación de servicios se desvanece. Para los pocos que pueden quedar no se proponen reglas para evitar malas prácticas: encubrir relaciones laborales, abaratar mano de obra, tardanza en el pago de honorarios, renovación de contratos a discreción, y por ahora toda prórroga embolatada. La Constitución manda proteger todas las formas de trabajo, no reducir todas a una.