Los aliados inesperados de la movilidad eléctrica

El Estado no abarató el vehículo eléctrico: encareció su alternativa. Esa es, en una línea, la historia de la electrificación colombiana. Falta la que viene después: cómo participa Colombia en la cadena de valor de la transición.

Durante años se prometió que el ocaso de los combustibles fósiles sería obra del multilateralismo: cumbres, objetivos vinculantes, la paciente pedagogía del consenso climático. Los resultados llegaron, aunque a un ritmo más lento del que sus promotores esperaban. Después apareció un aliado que nadie invitó: el precio del petróleo. No como sustituto de la política pública, sino como catalizador. Y ese aliado explica más de lo que la épica climática está dispuesta a admitir.

El fenómeno es global y obedece en todas partes al mismo motivo. El Global EV Outlook 2026 de la Agencia Internacional de la Energía registró que uno de cada veinte automóviles del planeta ya es eléctrico y que esa flota desplaza 1,2 millones de barriles diarios. Pero lo que aceleró la marcha en los últimos meses no salió de una cumbre climática, sino de los precios de los combustibles. En Europa, donde la energía todavía arrastra el encarecimiento de las tensiones geopolíticas recientes, quien conduce un vehículo eléctrico ahorró cerca de un 35% más que el año anterior. La política pública abrió la puerta; el crudo empujó a millones a cruzarla.

Estados Unidos ilustra el límite del argumento. Tras su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump eliminó los incentivos federales a la movilidad eléctrica mediante la One Big Beautiful Bill Act y relajó las normas de emisiones. Ni siquiera la guerra en Irán, que incrementó el precio de la gasolina, movió la aguja: la participación de los vehículos eléctricos se mantuvo en 5,8%, y quien abandonó el motor convencional se pasó al híbrido. La lección incomoda a quien crea que basta con encarecer el combustible: el catalizador enciende, pero no sostiene. Requiere el andamiaje que construyen el subsidio, el incentivo fiscal y la masificación de la oferta.

En Colombia, los estímulos fiscales a la descarbonización llevaban años en la normativa tributaria: el IVA del 5%, el arancel cero y la Ley 1964. Faltaba, sin embargo, un incentivo que la política fiscal no alcanzaba a dar. Llegó por la vía contraria. En 2022, cuando el pasivo del Fondo de Estabilización para los Precios de los Combustibles se volvió insostenible tras el estallido de la guerra en Ucrania, el desmonte del subsidio a la gasolina dejó de ser aplazable. El Estado no hizo más barato el vehículo eléctrico: hizo más cara su alternativa.

Las cifras son hoy difíciles de ignorar. En abril de 2026, casi la mitad de los vehículos matriculados ya no tenían motor de combustión convencional; dos años atrás, era apenas una cuarta parte. Las matrículas de eléctricos, además, crecieron 207% en el primer cuatrimestre. A la presión del crudo se sumó un giro en la oferta: la llegada del Tesla Model Y y la consiguiente guerra de precios entre fabricantes.

Conviene, eso sí, no generalizar. Las ciudades que más rápido se electrifican —Rionegro, Chía— no figuran entre las de menores ingresos. La transición es desigual porque blindarse contra el precio de la gasolina exige una capacidad económica que no todos los hogares poseen. Toda transición tiene su orden de llegada, y esta premia primero a quien puede pagar por adelantado la salida.

La geopolítica se ha convertido, entonces, en el aliado inesperado de la movilidad eléctrica. Convendría, no obstante, no celebrar demasiado pronto. La sustitución del motor de combustión no cancela la dependencia energética ni el riesgo geopolítico: los traslada. El país que hoy se libera del petróleo importado quedará atado mañana a una cadena de procesamiento que China domina casi por completo. Se cambia el galón de gasolina por la batería y los puntos de carga. La vulnerabilidad no desaparece: cambia de mapa.

El mérito, si lo hay, no fue del altruismo ambiental sino de la conveniencia económica: los consumidores colombianos se pasaron al eléctrico cuando se encareció su alternativa, y la presión del crudo cristalizó lo que años de incentivos fiscales no habían logrado por sí solos. Pero, el precio resolvió apenas un interrogante —¿por qué comprar un vehículo eléctrico?— y guarda silencio sobre la pregunta que más incomoda: ¿cómo participa Colombia —no sólo como importador— en la cadena de valor de la transición energética? Esa pregunta no la responden los precios de los combustibles fósiles, sino una política industrial que el país todavía no ha escrito.