El agobio de las normas

El resultado de la pasada contienda electoral, un presidente de izquierda y una nueva composición del congreso, desató  o profundo temor o exaltadas esperanzas entre quienes sienten que viene en camino un cambio radical. Una y otra  emoción  las atempera  la solidez institucional del Estado, en la que se cimienta el infaltable statu  quo, que obra como una piscina que amortigua las crecientes, que  resta fuerzas al impulso innovador.

En el Congreso en el que la victoria de los partidos emergentes fue relativa, y no alcanzaron a conformar mayoría, y deben buscar coaliciones al precio de ceder, de pactar. Bien lo ilustra la reforma tributaria que se anunció que iba por 50 billones, se aterrizó en veinticinco, línea roja se dijo, y que difícilmente alcanzará a los veinte.

La coalición del Pacto Histórico con esos acuerdos arriesga a alcanzar a medias la realización de metas, o a enterrar promesas, en fin, a sentirse, por impotencia,  víctima de la institucionalidad  que le somete a ritmos, reglas y restricciones, a que sus propuestas se peluqueen. Basta ver en lo que va la anunciada gran apuesta de modernizar el sistema política,  otra reforma menor.

La realidad política pone a prueba el talante democrático de los vencedores. Y, a fe, con declaraciones y actitudes conciliatorias, han dado pruebas de tenerlo; pero ¿por cuánto tiempo?

Rompe ese ambiente la declaratoria de Petro de que su enemigo interno es la normatividad vigente. ¿Pela el cobre o un truco de negociación?  De la Calle nos previene de una posibilidad  que no se puede desestimar:  expresa hastío con la ley, que peligrosamente, podría devenir en fatiga con el entramado  institucional del estado de derecho.

El muro de contención superior a los desafueros de un presidente es la existencia de la estructura popularmente llamada tridivision del poder de Montesquieu, etiqueta ilustrativa aunque inexacta y anacrónica.  No hay divisiones tajantes entre las Ramas;   hoy el legislador no puede actuar en materias importantes sin  la iniciativa o conformidad del Gobierno, y no es a él a quien le corresponde la exclusividad de elaborar las leyes pues la Corte Constitucional termina de elaborar las leyes cuando las modula, y de un reglón deduce diez parágrafos.

La complejidad de las funciones que cumple cada Rama impone la colaboración armónica, lo que hace difusos  los linderos, y el respeto de separación queda librado   al leal comportamiento de los actores, a su   mesura, a su capacidad de autocontrol; en la ciencia política, los behavioristas han descreído de que la separación de poderes dependa diseños formales, sino de la conducta política, de lo que los hombres, en su bondad o maldad, hacen con ellos.

¿Podrá caber dentro del concepto de la colaboración armónica la tóxica disposición de aprestar a los congresistas para que acudan al llamado del Gobierno cuando los requiera para asumir una cartera ministerial? Esta puerta fue cerrada por el Constituyente de 1991, justo por ser un mecanismo de Gobierno para cooptar el Congreso, y es la que quieren derribar ahora en el proyecto de reforma política, la que, por cuenta de disposiciones de esta laya, reducen una gran aspiración nacional de reformar el sistema político a unas jugaditas electorales para  mejor posicionar intereses de partido o de futuros presidenciables

La misma textura perniciosa la tienen los ofrecimientos  a los miembros de las altas cortes,  de ministerios u otras dignidades, de honores a medias, para integrar una terna a la Fiscalía, o para inclinar las votaciones en el Congreso para Procuraduría.  Es, en la versión más inocente,  un aplauso a un funcionario judicial, ya de por sí censurable. Y es, de manera patente una forma de establecer  pasillos alternos a los establecidos puntualmente en la Constitución para la comunicación entre el Ejecutivo y el Judicial, y abrir canales subterráneos por los que fluirán ocultas influencias.

La Rama Judicial, ese poder nulo para  Montesquieu, es el que con mayor intensidad reclama para si una total independencia, libre de todo tipo de injerencia, y es  la que constituye para Colombia,  la mayor garantía de estabilidad y de evolución dentro de la legalidad.  Basta recordar como los jueces nos salvaron del abismo al que nos llevaba una tercera reelección, o el contubernio pavoroso de la política y el paramilitarismo.

Se ha de ser estrictamente escrupuloso en evitar todo tipo de injerencia, de las indirectas como la de halagar a los jueces, sobornarles con promesas presentes o futuras, o influir en sus nombramientos, de las directa, como la de pretender dictar lo que los jueces han de decir en sus sentencias, al  estilo Duque, o haciendo nugatorias las decisiones judiciales. En el proyecto de Ley de Orden Público se cuela la posibilidad de invalidar una privación libertad con la declaración de los implicados en las recientes protestas sociales como gestores de paz, sin otra cualificación que haber sido sindicados de delitos durante las protestas sociales por una liviana fiscalía. O prometiendo amnistías para abrir en la historia de Colombia el capítulo de amnistías menores, para un puñado de acusados afines políticamente. Tal vez el ropaje de legalidad no sea suficiente para ocultar una burda injerencia en el poder judicial.  E innecesaria, posiblemente. Ya hay sentencias que los dejan libres, al declarar la acusación de la Fiscalía sin fundamento.

El indulto  está reservado para los delitos políticos, cuya calificación, sobre hechos concretos, es privativa de los jueces. El enfrentamiento de Uribe con la Corte Suprema de Justicia, en su segundo periodo, fue justo por la aspiración del Gobierno a que los delitos  de los paramilitares se tomaran a priori como delitos políticos, e indultados, sus responsables habilitados para seguir gravitando en la vida política. La Corte Suprema fue el obstáculo para que genocidios, desplazamientos de tierras, extorsiones, quedaran impunes, y que sus actores permanecieran activos en la política, y el motivo para que el Gobierno abriera fuego contra el poder judicial, propalando el estigma de que la Corte había sido tomada por el partido de las Farc.