27 de junio de 2022
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Cuando el decoro valía

23 de abril de 2022
Por Eduardo López Villegas
Por Eduardo López Villegas
23 de abril de 2022

Tratándose de contiendas internacionales la superioridad colombiana reina en el  imaginario local hasta la víspera; cuando se dan los acontecimientos, la realidad nos baja de la nube, muestra que es cruda y pobre. Hay un abismo entre las expectativas que alimentan quienes tienen las riendas de la liza y los resultados del combate.

No hemos asimilado la merecida posición de descartados del Mundial de fútbol de Catar. La prensa y los dirigentes obnubilaron a la hinchada con elogios a nuestra selección, colocándola anticipadamente en la cima,  vendieron la idea de jugadores cracks, de combinaciones de delanteros letales. Y minuto tras minuto, más de seiscientos, sin meter un solo gol. Cosas de un juego de esquiva pelota: ¡las cosas no se dieron!

Hasta el 2012 Colombia se ufanaba de tener una posición sólida frente a un contrincante chico, a Nicaragua, en un conflicto por aguas e islas del Caribe. La Junta de Reconstrucción de Nicaragua, que asumió el poder por obra de una revolución popular, henchida de antiimperialismo, consideró como remedio a su mal de país costero encerrado por los mares colombianos, sacudirse del Tratado Bárcenas-Esguerra firmado con Colombia para cuando era país bajo la ocupación de EE.UU. En 1980, empezó el conflicto. Declararon unilateralmente nulo un tratado firmado por dos partes ¡como si eso pudiera hacerse!

Nicaragua elevó dispute ante la Corte Internacional de Justicia de demarcación de límites marítimos con Colombia. Cierto que, también, sin fundamento, reclamaban soberanía sobre el archipiélago oceánico de San Andrés con sus islas, islotes y cayos.

La posición oficial del Gobierno Colombiano frente a las reclamaciones nicas copió el tono que la de los dirigentes del fútbol. Estamos sobrados. No hay que temer. Es una reclamación arbitraria se dijo en los comunicados de la Cancillería. Se alentó a triunfalistas: es un acto de patanería internacional.

Lo cierto es que el Gobierno manejó en secreto los riesgos sabidos, deliberadamente los calló. En la década de los  noventa  reunió un grupo de internacionalistas, Sir Arthur Watts, Prósper Weill, Schwebel – este un ex juez de la Corte, que dudosamente podía haber sido  contratado como asesor – dictaminó que el  meridiano 82, utilizado para distribuir entre uno y otro país las islas e islotes, no entrañaba delimitación de aguas marítimas. O sea, no era un asunto resuelto por pacto, y por tanto, materia sobre la que la Corte tenía competencia para fallar. Aún, recomendó preparar a la opinión pública para una decisión que le impusiera a Colombia perder área marítima.

Como estrategia alterna, improvisamente, el Gobierno optó por denunciar el día antes de la presentación de las reclamaciones nicaragüenses, la cláusula facultativa, por la que Colombia se acogía a la jurisdicción obligatoria de la Corte. Acto chapucero, -convocar una estrella con meses en la banca- como golpe maestro de la diplomacia, que además de inocuo, mancillaba de tinterillo nuestra imagen, rompiendo con la tradición de manejo leal de las relaciones internacionales. Germán Cavelier recuerda las instrucciones de buenas y leales prácticas que impartiera el presidente Zaldúa al agente de Colombia en diferendo con Venezuela, Aníbal Galindo, con concluyente admonición: En suma, el Presidente, como jefe de la Nación, sentiría menos por su parte la pérdida total o parcial del pleito, que el sonrojo de que la República se viera expuesta a rectificaciones y confrontaciones que pusieran en duda la lealtad de su palabra y de su proceder.

La Corte Internacional de Justicia dictó su fallo en 2012 y le asignó a Nicaragua una Zona de Exclusividad Económica de más 70.000 km2, las mismas que se le restaron al mapa de Colombia.

La figura estelar de Colombia en respuesta al fallo de obligatorio cumplimiento es la de Laureano Gómez, la de la inmutabilidad de las fronteras patrias por obra la organismos internacionales, con la que derrotó la tesis contraria de López Pumarejo y Eduardo Santos plasmada en el Protocolo de Rio -límites con Perú-. Tesis que recogió la Corte Constitucional en sentencia del 2014, actualizada con una coja armonización entre el mandato constitucional de límites modificables sólo por tratados aprobados por el Congreso, y la bona fides en el cumplimiento de obligaciones internacionales. Se privilegia el primero, y se esteriliza la justicia internacional. Argumento ya desestimado por la CIJ al asumir competencia, que no sería óbice a una eventual declaración de incumplimiento.

En respuesta Nicaragua acusa al Estado Colombiano de  incumplir el fallo, asunto que será -o fue, para cuando Usted lector este leyendo la columna- decidido. ¿Cómo está preparada la opinión publica para recibir el fallo?

El Agente de Colombia en La Haya, Dr. Arrieta, en entrevista a los medios, ofrece la versión jurídica del apotegma de Maturana, perder es ganar un poco. Minimiza lo que debería revestir importancia suma, el dictado de la Corte sobre si Colombia honra los compromisos internacionales. La Corte Internacional de Justicia es expresión máxima de la Organización de las Naciones Unidas. Acatar sus decisiones a las que nos hemos sometido, es prueba de auténtica lealtad, la de Zaldúa, presidente en tiempos en los que el decoro valía.

En lugar de preocuparnos de si nos declaran o no violadores del derecho internacional,  propone que miremos lo que pedimos en reconvención,  y que no está en discusión para tomarlo como ganancia: si los mares comprendidos en Zona de Exclusividad Económica de Nicaragua son aguas internacionales por las que pueden surcar las naves extranjeras. Claro que sí.

También es cierto, que el fallo del 2012 de la Corte Internacional de Justicia dejó sombras que podían ser objeto de interpretación, recurso al que no acudió Colombia, y por lo que se dio pie a que ahora lo haga la Corte: la inapropiada división de la biosfera Sea Flower que solo puede ser protegida integralmente; los derechos de los raizales a la pesca vulnerados por desconocer la unidad económica con la que se integra un archipiélago.

 

Se corren riesgos en anticiparse a una sentencia que, por lo demás, hay que leer con detención, para comentarla.