Una chispa es suficiente

Las escenas dantescas de Bogotá, la semana pasada, reflejan la rabia acumulada desde hace mucho tiempo: policías disparando contra la multitud, uniformados con chalecos al revés, ocultando sus placas golpeando a las personas que estaban grabando, manifestantes incinerando los CAI de la ciudad y los vándalos aprovechado el caos y el desorden para destruir buses y saquear los edificios comerciales ¿Por qué el enfrentamiento entre ciudadanos y policías? El detonante fue la muerte violenta del abogado Javier Ordóñez, a mano de dos agentes, pero con la aprobación de otros que presenciaban la tragedia. Las dramáticas noches evidencian el abuso de las autoridades, pero también la indignación del pueblo.

Una larga protesta social

Todavía recordamos la protesta social que acompaña al gobierno del presidente Duque desde el día de su posesión. Las manifestaciones sociales hacen parte de la nueva normalidad; los estudiantes, los profesionales jóvenes, los educadores, los campesinos, los indígenas, los afrodescendientes y las capas medias urbanas, perdieron la esperanza. Uribe, durante sus dos gobiernos, prometió acabar con la guerrilla de las FARC y la golpeó militarmente, pero el pueblo se cansó de la guerra. Santos ofreció la paz y luchó por ella; llegó la ilusión. Pero todo cambió con el gobierno de Iván Duque. Recordemos que el 7 de agosto de 2018, durante la posesión presidencial, el senador Ernesto Macías, se robó el protagonismo, sacó el espejo retrovisor y escribió un memorial de agravios sobre el gobierno de Santos, especialmente contra el proceso de paz.

Mientras tanto Iván Duque permanecía quieto como una estatua. Macías mostraba las cifras sobre la catástrofe económica de la nación y los representantes de la comunidad internacional recibían los mensajes sobre un país fallido. Quedó claro que el nuevo gobierno estaba en manos del Centro Democrático y que el jefe supremo era el expresidente Uribe, a quien Duque reconocía como el “Presidente Eterno”. Ese mismo día la oposición realizó concentraciones  populares en 50 plazas de Colombia y del mundo, para notificarle al uribismo que se encontraría con un movimiento organizado para defender el Acuerdo de Paz y a los líderes sociales. En Bogotá la cita fue en el parque La Hoja; las intervenciones las inició el senador Iván Cepeda quien afirmó que “Ganaremos las elecciones de 2019 y seremos gobierno en 2022”. Por todo lo anterior se podía concluir que el presidente empezaba su mandato en medio de la tormenta política, con poca gobernabilidad, debido al discurso de Macías y porque para todo el mundo era claro que el expresidente Uribe iba a gobernar “en cuerpo ajeno”.

Como se esperaba cayeron los problemas: las movilizaciones de los estudiantes universitarios en el mes de octubre de 2018; la creación de un ambiente de guerra contra Venezuela; la reanimación del paramilitarismo; el asesinato de líderes sociales; la minga indígena y los ataques al proceso de paz y a la JEP. En medio de la polarización política llegaron las elecciones del pasado 27 de octubre y los resultados electorales “castigaron” al presidente Duque por la falta de liderazgo y de gobierno; el país político se alejó de los extremos.

Balance del paro de noviembre de 2019

Fue un estallido social, una tormenta sin precedentes en nuestra historia reciente, donde se mezclaron las marchas cívicas, los cacerolazos o el escándalo de las tapas, la ofensiva del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía (ESMAD), los desmanes, el saboteo, el miedo y el toque de queda. Las centrales sindicales hicieron la convocatoria, pero las calles y plazas se llenaron con manifestantes de todas las condiciones sociales y salieron para expresar el inconformismo y la rabia; el movimiento desbordó a los dirigentes. El paro fue espontáneo y se convirtió en una masiva movilización social, solo comparable con el paro cívico de 1977. Las redes sociales viralizaron la insatisfacción social, ayudaron a masificar las protestas. La gente marchó por el desespero, por la angustia y por la pérdida de la esperanza.

Las manifestaciones fueron infiltradas por encapuchados que siembran el caos para que entre la gente más pobre y necesitada a saquear los supermercados. La vandalización de un cajero electrónico se explica porque allí está el dinero, pero el “lumpen”, los marginados y los indigentes, no tienen acceso a este recurso. En este punto los vándalos hacen lo que quieren, pero la policía no los captura; en cambio la Fuerza Pública sí actúa contra los marchantes para generar más violencia y caos.

Pero llegó la pandemia

El impacto social de la pandemia afectó el ingreso familiar, aumentó el desempleo y la calidad de vida de los colombianos. Millones cayeron, de nuevo, en la pobreza; la miseria era patética cuando miles de personas agitaban el trapo rojo, desde sus ventanas, para mostrar que el hambre había llegado a sus casas.

En medio de la crisis una serie de hechos desafortunados acrecentaron el malestar: aumentaron los asesinatos de líderes sociales; solo en el departamento del Cauca cada tres días es asesinado algún defensor de los derechos humanos, en 10 semanas hubo 20 masacres, donde cayeron 86 jóvenes, pero el alto gobierno les cambió el nombre por “homicidios colectivos”.

De acuerdo con la medición de The Economist, Colombia tiene el porcentaje maás alto de desempleo pues llegó al 20,2%, que equivale a 4.156.000 desempleados. Además, en nuestro país el 47% del mercado laboral es informal y la pandemia les asestó un golpe de gracia y arruinó a pequeños y medianos comerciantes; del mismo modo afectó a tenderos, bares, cantinas y restaurantes. En este ambiente el gobierno aprobó destinar un crédito por 370 millones de dólares para rescatar a la aerolínea Avianca, una empresa en quiebra desde antes de la pandemia pero que no es colombiana. Esta medida no podía ser más impopular.

Por último, lo que hizo la pandemia fue agudizar las desigualdades sociales y el asesinato de Javier Ortiz fue la chispa que desató la ira del pueblo frente a las reformas del Gobierno y contra la muerte de líderes sociales y las masacres.