Un país polarizado

JOSE FERNEY PAZ QUINTERO
ABOGADO  CONSULTOR

Frente al panorama social, político, y económico por el que atraviesa  el país, agravado por las protestas urbanas, los atentados contra las fuerzas del orden los paros armados, la falta de tacto político del recién nombrado alcalde de Bogotá al incrementar las tarifas del tras milenio, que la tiene sumida en un caos  de movilidad y caldo de cultivo para algo peor, nos demuestra  que no todo es color de rosa  como se nos quiere  hacer creer.

Imposible no aludir a la insólita situación de los niños indígenas de la Guajira que se mueren por comprobada desnutrición , mientras en la Casa de Nariño  se compran, pendones, cortinas, y costosas almendras, las vicisitudes de los diálogos de la Habana respecto a  lo que se ha denominado la justicia transicional, entre muchas otras cosas, que nos hace reflexionar para poder entender la controversial situación actual que ha fracturado a la sociedad,  creándose así dos grupos polarizados que se acentúa  día  a día.

Se ha sostenido que este fenómeno social puede tener su origen en diversas causas que pueden ir desde la desigualdad ideológica en ciertos sectores poblacionales, hasta  las de carácter económicas,  políticas  y sociales, cuando estos se reparten entre posiciones opuestas, por la falta de mesura y la ausencia de diálogo, en donde  cada parte desconoce la validez de la otra,  con un resultado de violencia y otros tipos de enfrentamientos que no se quisiera repetir, etapa  vivida en el pasado.

A lo anterior se le suma la influencia informativa de la mayoría de los medios con contenidos sesgados, actuando  más  como voceros oficiales  cambiando a sabiendas la realidad de los hechos, creando ídolos polarizados que demuestran estar en un extremo y otros manipulando las circunstancias, contagio conductual que incide por más ilógico que parezca al comportarse algunos dirigentes de una manera fanática y apasionada, pensando que es lo correcto.

Sin lugar a dudas, la  más  visible en nuestro medio  es  la polarización social por causas políticas, que se refiere a la división de opiniones en materia pública, manejo del Estado y  del proceso de paz, se ubican en polos opuestos,   conocidos como extrema derecha y extrema izquierda.

Pareciera que la paz que debe corresponder a una política de Estado, se está convirtiendo en un proceso de división de los colombianos, que en lugar de traer esperanza,  está generando  desasosiego, en donde entran en juego las  tendencias políticas, la liderada por el ex presidente Uribe que se opone férreamente a este proceso  por la forma como se le diseñó, con el lema, Si a la paz, No a la impunidad, pero con un hecho evidente, que hace referencia a una legitimidad política que dichas conversaciones le viene dando a una insurgencia que inicia sus acercamientos para muchos desprestigiada y con poca  o nula ascendencia popular.

Lo cierto es, que han trascurridos más de tres años y medio de haberse iniciado el proceso de diálogos en donde la sociedad requiere una mayor ilustración sobre los acuerdos hasta ahora pactados, que le den alta probabilidad de transitar hacia escenarios de una paz futura.

De ser así, incidiría en un proceso de cambio, en un rediseño del Estado, del modelo de justicia, por  el decadente consagrado en la Constitución del 91, justicia hoy totalmente desaparecida y denigrada, cuando constituye la materia prima para obtener esa paz que se persigue, con una refrendación popular un poco falseada,  que se va traducir en una lisa y llana pregunta, sí a la paz, no a la guerra, con un desconocimiento de las consecuencias de lo acordado, que seguramente afectará la vida cotidiana  de los  ciudadanos, en lo político, en lo electoral, en lo tributario, en lo territorial, por la zonas de concentración  convenidas.

Ahora bien, la idea de que hay que aceptar el pluralismo y practicar la tolerancia, por cuanto los  seres humanos no marchamos al unísono, y como la unanimidad es imposible obtenerla, habrá que tomar las decisiones y reconocerlas en su momento, si con ello se  garantiza  un proceso de  entendimiento y concordia ciudadana, es un principio de democracia.

No creo equivocarme, en que todos los colombianos tenemos una  aspiración añeja de reconciliación total, y para ello debemos en cambio, aceptar el debate, el disenso, la crítica, exponiendo la verdad, dejando de lado las imposiciones, el dogmatismo, la mezquindad  y arrogancia del poder, si en verdad  lo que se pretende es la paz entre todos los colombianos, sin distingo                                                                 alguno.

Pero también se impone  el deber de  desvirtuar los interrogantes que  algunos sectores se formulan respecto a que la tregua y los acuerdos de paz,   no son más que un medio de los insurrectos para su fortalecimiento, no solo como movimiento político, lo cual es  lógico, sino como movimiento armado, si no hay entrega real de las armas, para consolidar su hegemonía en cierta zonas del territorio nacional, en las cuales ejercen una dominación bastante antidemocrática.

Si bien el imperativo Kantiano, atreverse a pensar, y el imperativo marxista, cambiar la sociedad, constituyeron parte esencial de las  doctrinas políticas del pasado, hoy  por hoy, ni ese liberalismo kantiano, ni el socialismo  de Marx, tienen aplicación en nuestro medio por si solos, para construir  en Colombia un verdadero Estado social de derecho, por cuanto de social  nuestra constitución solo tiene el enunciado del artículo primero.

Ha llegado el momento en que la mezcla explosiva de  democracia  y guerra sucia en que vivimos pueda resolverse todavía a través del diálogo civilizado, bajo la condición de hablar con la verdad, siguiendo la frase evangélica.

Adenda: Informan  los medios que  el tribunal  Administrativo de Cundinamarca en un fallo  de tutela  ordena poner fin a las manifestaciones y bloqueo que han impedido el normal funcionamiento de los despachos judiciales en las áreas  civil y de familia, en la ciudad de Bogotá, advirtiéndole al  moribundo Consejo Superior de la judicatura , o mejor  a su  marchitada Sala Administrativa que debe establecer las medidas necesarias que permitan conjurar la crisis a través del diálogo.

Lo que por  mandato legal le corresponde  a ese órgano rector de  propender por  la racionalización  judicial, sus políticas para  la búsqueda de una justica eficiente, eficaz, la modernización del aparato judicial, el respeto por el mandato constitucional  que alude a que la justicia es un servicio público de carácter permanente,  se desplazan  esas claras funciones al campo  judicial  a petición de un litigante  que se  consideraba afectado, como la mayoría de sus colegas por la imposibilidad del ejercicio jurisdiccional, vulnerando su actividad profesional.

Pruebas al canto  de la crisis por la  que transitan  los órganos de poder  de la rama judicial, las que se encuentran en entredicho  con la cacareada reforma de equilibrio de poderes,  a la espera de los fallos sobre su constitucionalidad  y legalidad de unas designaciones en lo que se  ha denominado  Consejo Judicial.

Frente  a lo anterior, la pregunta a formular sería ¿Dónde queda el usuario de la justicia, que tiene que soportar las indefiniciones de sus procesos?

Bogotá, Febrero  16 del 2016