Alcaldes, policía y seguridad ciudadana

JOSE FERNEY PAZ QUINTERO
ABOGADO CONSULTOR

No es una coincidencia la aparición de hechos violentos en las principales capitales del país, que hacen pensar que este fenómeno se constituye en el problema de mayor importancia para la ciudadanía y que debe ser abordado con seriedad por los nuevos gobernantes locales.

Al  margen del debate electoral que culmina el próximo 25 de octubre, en donde los candidatos pueden  tener posturas diferentes, lo cierto es que hoy, aunque se quiera desconocer, hay un resurgir de las actividades delictivas mediante el empleo cada vez más común de menores de edad, algunos desmovilizados, sectores marginados socialmente y carteles de familias dedicados a la delincuencia  común.

Las casas de vicio, negocios ilícitos, sicarios a sueldo, la guerra entre pandillas, demarcaciones de territorios, el aumento del fleteo, el  hurto callejero, el asalto a  residencias, hacen imposible la convivencia pacífica, en donde el ciudadano de a pié espera una respuesta eficaz de las autoridades de policía, en coordinación con la justicia ordinaria, rama que debe asumir sus propias responsabilidades en la judicialización de estos delincuentes.

Lo más grave que le puede suceder a una sociedad es caer en el pesimismo e incredulidad frente a la institucionalidad, al no promulgarse políticas claras e integrales en la materia, en donde se confunden aspectos operativos de la policía con las verdaderas estrategias de vigilancia, como por ejemplo los denominados planes de cuadrantes, copiado del sistema chileno,  donde no pasa de ser una racionalización o división de un territorio de la ciudad, con resultados relativos por las quejas generalizadas de los ciudadanos cuando acuden a los mismos para la protección de sus bienes  y la vida, pero no es, ni de lejos, no obstante su publicidad, una política  pública nacional para la seguridad   de la sociedad sana del país.

Utópico sería creer que se puede erradicar  totalmente la violencia, pues no es  un secreto que el delito, la contravención, el dolo, siempre estarán presentes  en el medio social, pero  constituye un deber  de las autoridades  estudiar  y poner en práctica fórmulas para  tratar de  erradicar estos males, que nos hace recordar la frase de  García Márquez, cuando al tratar el tema de la violencia, anotaba:”Somos conscientes de nuestros males, pero nos hemos desgastado luchando contra los síntomas, mientras las causas se eternizan “.

No  será ajeno el problema para los gobernantes locales, de  encontrarse con que el gobierno central se ha desentendido de la seguridad urbana, dejándola a criterio  de los alcaldes, como jefes  que los son de la policía del respectivo municipio, muchos de ellos desbordados por la criminalidad, quedándoles solo el acudir al ente central  para solicitar  el aumento del pié de fuerza, soporte técnico calificado, el cual  se cuantifica  según el apoyo recibido electoralmente  para la conformación del gobierno de turno, lo que significa la politización de la seguridad ciudadana.

Así las cosas, la policía cumple con su trabajo en la medida de sus capacidades, institución a quien se le descarga todas las responsabilidades para afrontar la delincuencia organizada, cuando debería existir una política nacional de seguridad ciudadana, en asocio con la jurisdicción ordinaria, como estrategia de Estado, para sancionar a ese delincuente raso, que hoy se ríe de la justicia al trasgredir las normas  legales  y de convivencia  social, cuantas veces le provoque.

No será fácil el trabajo que les espera a los nuevos  alcaldes que salgan elegidos, quienes  deberán despojarse del criterio partidista y poner en práctica el principio de que los gobernantes deben estar al servicio de la comunidad  y no la comunidad al servicio del gobernante, abrigando la esperanza  que   en los diálogos de la Habana se manejen aristas que  aludan a la seguridad ciudadana tanto urbana, como rural, si en verdad  se  pretende  obtener la paz, de la que tanto se pregona.

Adenda 1: Los atajos de Petro. El estilo autoritario, altanero, displicente y prepotente del señor Petro, próximo a dejar el cargo de Alcalde Mayor de Bogotá marcará una huella para no repetirla cuando de elegir a un gobernante se trate.

Valdría la pena repasar a Curzio Malaparte en “Técnica de golpe de Estado”, en donde expone cómo se toman el poder las minorías, cuando las mayorías las dejan hacerlo”, situación política que se dio cuando por las ambiciones sin horizonte de tres candidatos integrantes del sistema de gobierno (Parody, Galán, Luna) todos ubicados meses después en la burocracia oficial, se dividió el electorado bogotano en las elecciones de octubre 30 de 2011, saliendo elegido por un porcentaje del 33%, dando inició a una administración ideologizada que llega a su clímax con el desafortunado programa de recolección de basuras, enfrentamientos con los empresarios del transporte, su irregular manejo del POT, su grosera aversión a la fiesta brava, desconociendo el derecho a las minorías, la ley, la jurisprudencia que ha sido reiterativa en el tema de las corridas de toros, reglamentación que le corresponde al Congreso de la República como depositario de la voluntad popular, y a pesar de ello, quiso imponer contra viento y marea una consulta por fuera del marco jurídico, tumbada en buena hora por el Consejo de Estado, restableciendo el imperio del derecho y la seguridad jurídica.

Solo le queda al polémico Alcalde Petro, de insistir en una consulta solicitársela a su médico de cabecera, porque este ATAJO que quería transitar no le resultó, para fortuna del Estado de Derecho, imponiéndose así la institucionalidad, cuando se concluye en la sentencia : “El alcalde del Distrito capital no tiene la competencia para prohibir las corridas de toros y novilladas, ni ninguna otra clase de actividad taurina, pues no ostenta el poder de policía principal o subsidiario para crear una norma de ese tipo, por cuanto entraría a regular libertades y comportamientos, limitando derechos fundamentales.”

Adenda 2: No es saludable, ni conveniente que para promocionar un producto se cuestione el de la competencia.

Pareciera que es lo que está sucediendo en la campaña electoral para la alcaldía de Manizales, con la propaganda que a diario se recibe por las puertas de las residencias, como el volante periódico, pasó en Bogotá, pasará en Manizales, con título “El riesgo de elegir negociantes”.

Independientemente de no compartir este tipo de publicidad, sería oportuno se analizará lo que allí se expone, por cuanto se trata de hechos concretos, de cargas tributarias que se están ejecutando y las que se plantean a futuro, que deben ameritar un juicioso estudio por parte del potencial elector , para no llamarse a engaño.

Las segundas administraciones nunca han sido buenas, la experiencia política administrativa del país así lo ha demostrado, máxime cuando sobre esos candidatos pesan cuestionamientos de orden legal, así como a uno de ellos, investigaciones penales pendientes de fallo definitivo por la jurisdicción ordinaria, por presuntos hechos contrarios a la moral administrativa.

Bogotá, Septiembre 29 del 2015