Muerte lenta al estrato 3

El 29 de febrero de 1996, Jorge Enrique Robledo escribió en La Patria un artículo titulado “Julio Mario, Luis Carlos, Carlos y yo”, sé que ha pasado mucho tiempo, pero precisamente ese es el problema, que cuando lo releo (Estanislao Zuleta decía que lo más importante de la lectura es la relectura), hoy 27 años después, el problema no solo es el mismo, sino más grave.

Básicamente Jorge Enrique se queja, y seguramente lo hará hoy todavía, de que a la sazón su vivienda en Manizales, conseguida con su modesto sueldo de profesor universitario, estuviera ubicada en el mismo estrato socioeconómico que las que detentaban ellos, o detentan hoy sus sucesores, los magnates más grandes de Colombia.  En síntesis, él, profesor universitario, pagaba las mismas tarifas por servicios públicos que las de los cacaos más grandes de la Nación; y eso no ha cambiado, por el contrario, la estratificación socioeconómica de los inmuebles residenciales por estratos, dice el DANE logra “cobrar de manera diferencial por estratos los servicios públicos domiciliarios permitiendo asignar subsidios y cobrar contribuciones en esta área”.

No obstante, después de más de 20 años de privatización de los servicios públicos domiciliarios al amparo de la Ley 142 de 1994, edificada sobre una falsa solidaridad, ésta ha mutado en pesada carga para millones de personas que cada mes se encuentran en el infame dilema de comer o pagar las facturas que llegan con más antelación. No es broma, a veces parece que las deslizan por debajo de las puertas quincenalmente.

La estratificación, como metodología, se ha convertido en el principal instrumento para la asignación de subsidios y apoyos del Estado, una forma maniquea y simplista de renunciar a impuestos progresivos y directos, por la vía de catalogar por sus características físicas los inmuebles del país, sin consultar en lo mínimo el ingreso de sus habitantes, situación económica, número de personas que lo habitan y otras variables más humanas que las técnicas.

Pero lo que ya era malo de por sí, para el caso del estrato 3 se ha vuelto calamitoso, pues bajo la premisa de focalizar los subsidios a los más “pobres de los pobres”, única política social que han conocido estos gobiernos, incluido éste, pretenden desmontarnos la poca ayuda que prestan, así quedó consignado en el proyecto inicial del Plan de Desarrollo en los siguientes términos:

“(…) ARTÍCULO 88. REASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA CUBRIR EL NIVEL DE CONSUMO INDISPENSABLE. El Ministerio de Minas y energía establecerá los criterios para la reasignación de subsidios de energía eléctrica definidos en las Leyes 142 y 143 de 1994, para garantizar que el nivel de consumo indispensable de energía eléctrica de los usuarios en condiciones socioeconómicas vulnerables de los estratos 1 y 2 pueda ser cubierto.

Esta reasignación estará sujeta al uso de tecnologías digitales de medición inteligente del consumo de energía eléctrica y a la implementación de metodologías de focalización de subsidios que, mediante la mejora en los actuales errores de inclusión, permitan disponer de los recursos requeridos para cubrir el costo de esta medida. La Unidad de Planeación Minero-Energética definirá el nivel de consumo indispensable que requieren los usuarios en condiciones socioeconómicas vulnerables de los estratos 1 y 2 considerando las condiciones climáticas de las zonas en las que habitan los usuarios y las buenas prácticas para el consumo eficiente de energía. El nivel de consumo indispensable será descontado del consumo básico de subsistencia (…)”

Y si bien, después de la bulla de las ligas de usuarios de servicios públicos y la crítica severa de Jorge Enrique Robledo, a quien le rindo homenaje por su apoyo a nuestro estrato 3, la ponencia no ceja en su empeño y decreta su pena de muerte para el año 2027:

“(…) Artículo 88º. Se adiciona un parágrafo a fin de precisar que el subsidio al servicio de energía eléctrica para el estrato 3 se mantiene hasta el 30 de junio de 2027 (…)”

Se trata de una muerte anunciada porque el apoyo, aunque precario, es la única asistencia que recibe un promedio del 30 por ciento de los hogares de las grandes ciudades, según informa el DANE, de suerte que la erradicación del apoyo, entrañará mayores exacciones para millones de colombianos y colombianas. En esto, como en otras cosas el “gobierno del cambio” perpetúa el modelo asistencialista, política social de régimen económico imperante. Invito a los lectores tomar atenta nota de las coincidencias del actual gobierno con los anteriores.