Lo que calla el bulevar

El Bulevar de la Calle 19 es la segunda etapa de un proyecto denominado “Campus Manizales” diseñado por contrato como componente del paquete de obras estratégicas contenidas en el Plan de Ordenamiento Territorial. La obra pública tiene un valor de $8.149 millones entre obra propiamente dicha e interventoría, arranca en la calle 19 (Av. Bernardo Arango) desde la Carrera 7c (Universidad de Manizales) y va hasta la Plaza Alfonso López.

Hace parte del pacto por la reactivación económica que este alcalde ha intentado llevar a cabo anunciando que no afectará al gremio de mecánicos ni al comercio en general, pues “permanecerán en sus sitios de trabajo con tranquilidad” mientras se ejecuta la peatonalización de espacios públicos, inclusión de zonas de ciclorrutas y la adecuación de los espacios con mobiliario urbano.

Carlos Mario ha vociferado que no se afectará a nadie, esta semana lo vimos con el rostro rubicundo enfrentando a varios habitantes y comerciantes del sector que manifestaron inquietudes, declarando que es inofensivo, pero existe por lo menos un documento oficial que advierte lo contrario.

Según el estudio “Análisis Socioeconómico del proyecto Campus Manizales – Proyecto de Valoración Socioeconómica y Apropiación Social del Conocimiento Campus Manizales”, realizado por la Universidad Eafit, las obras que se ejecutarán, tienen repercusiones que puede que no preocupen a Marín pero sí a los involucrados. En lo relacionado con los usos del suelo se espera “que Campus Manizales perjudique a algunos negocios que actualmente hacen uso del espacio público, tales como, talleres, concesionarios, floristerías, entre otros” (Pág. 30), en cuanto a los precios influirá “directamente sobre uno o más de los determinantes del valor del suelo urbano. En particular, el mayor valor del espacio público y de la infraestructura hacen de la zona intervenida un lugar más atractivo, incrementando así su demanda y los precios del suelo y finca raíz” (Pág. 10), lo que impactará el valor de los arriendos del sector pues “el valor de los arriendos no debería aumentar sustancialmente debido a las rigideces contractuales. Sin embargo, mientras estas rigideces van desapareciendo en el mediano a largo plazo, el valor de los arriendos puede aumentar y alcanzar el aumento de los precios de venta, capitalizando así todo este aumento” (Pág. 30) y “la aceleración de procesos de gentrificación que podrían terminar en el desplazamiento de los hogares de menores ingresos” (Pág. 31).

Un episodio a pequeña escala, pero no menos grave, que nos recuerda lo que pasó hace unos años con el macroproyecto de San José, donde también los inmuebles objeto del desastre fueron calificados por la literatura que fundamentó su adopción (Resolución No.1453 del 27 de julio de 2009) como “detonantes o estratégicos, obras complementarias, obras por demanda y pequeñas intervenciones barriales” (Pág.6) esto es, que detonan porque “producen detonación” o “llaman la atención por no armonizar con su entorno” (RAE). Desarmonizan porque en Manizales, los procesos de renovación urbana, como el de San José, por su “débil incorporación de los habitantes en los procesos de planeación y ejecución” (Pág. 14) y desconocimiento de los derechos de los ciudadanos, en especial de los más desfavorecidos, aparejan la destrucción del tejido social (Cantor Amador, 2014; Peña, 2018; Urbina, 2015) o, como sucedió en la ciudad de Barcelona, reducen la cantidad de pobladores no deseados: “el porcentaje de inmigrantes no pertenecientes a la Unión Europea e incrementó la proporción de la población con título universitario e ingresos altos”, propósito que no niega el proyecto aunque no se publique en las vallas de la Alcaldía, pues afirma que “se espera que en el mediano a largo plazo se dé un cambio demográfico en las zonas intervenidas y aledañas. En particular, dado el aumento en la accesibilidad y los espacios verdes de las áreas intervenidas, se espera una mayor demanda de vivienda por parte de estudiantes, familias con niños y personas con movilidad reducida en estas zonas”. (Pág. 32).

En esto, como en otros aspectos, el Alcalde Marín tampoco desentona con las minorías que se han entronizado en el poder de la ciudad. Su concepción del desarrollo se parece a la de sus predecesores, que no ven en el sector afectado sino una “ratonera” como en algún momento afirmó un tristemente recordado senador, y que solo admite como viables las iniciativas de transformación urbana y de movilidad para “cambiarle la cara la ciudad” así la quieran disfrazar de “dinámicas de participación ciudadana y democrática en el espacio público”, y sin importarle que ello conlleve que los talleres de mecánica, locales comerciales del sector y pequeños negocios, casi una tercera parte del sector comercial global de Manizales (RUES. 2021), se vean compelidos a relocalizarse, cerrar o trabajar a trancas y mochas, porque, aunque se rasguen las vestiduras prometiendo que no va a pasar, las intervenciones incidirán en la movilidad del entorno, bien lo sabemos los vecinos aledaños de los Cedros y el otro bulevar inconcluso, el de la 48.

Niega el proyecto de marras que el sector repuestero es un importante ecosistema de la ciudad, al que acuden cientos de usuarios que no tienen posibilidades económicas de acercarse a los talleres de las grandes marcas automovilísticas, que genera más de los 232 empleos anunciados por el “alcalde de la bici”, que quiere añadirle al grave problema de movilidad que ya se adolece, otro con una peatonalización inconsulta, no socializada profundamente y que prioriza sobre otras grandes necesidades de gasto e inversión para la comarca, un caprichoso y ostentoso monumento a la visión plutocrática de nuestros gobernantes.

En síntesis, no se puede desconocer la importancia del énfasis en la movilidad alternativa, y la promoción de otros medios de transporte, menos contaminantes o, si se quiere, saludables, pero lo que no puede seguir sucediendo es que las ejecutorias públicas sigan siendo costosas improvisaciones que causan graves daños a los más vulnerables, sin mediación o acuerdos con aquellos que serán afectados, pues ni el estudio de movilidad se les ha dado a conocer para saber los impactos de la obra, sin planes de contingencia o soluciones de fondo como las que desde hace más de trece años ASCOMEPAL (Asociación de Comerciantes y Mecánicos del Parque Liborio) viene pidiendo, y es que si no los quieren ver allí, les habiliten suelo o un inmueble adecuado para seguir desarrollando una actividad que es sustento de cientos de ciudadanos, que no por trabajadores son menos importantes que el resto del conglomerado potencialmente beneficiados, o que se hagan de espaldas de otras realidades para algunos más apremiantes.