Los cambios a la ley de seguridad ciudadana,  un reto

En repetidas ocasiones nuestra preocupación ha estado centrada en la inseguridad que se ha tomado las ciudades del país. Hemos insistido que esta situación requiere con urgencia soluciones de fondo y en el momento soy el coordinador ponente de un proyecto de ley que inició su curso en el Congreso y que busca fortalecer la seguridad ciudadana.

En la iniciativa se destaca la inclusión de reformas al Código Penal y de Procedimiento Penal, al Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al Código de Extinción de Dominio, regulación de armas, elementos y dispositivos menos letales y sostenibilidad del Registro Nacional de Identificación Balística, entre otras disposiciones.

Lo que se pretende en definitiva es entregar elementos jurídicos y recursos económicos a las autoridades. Para hablar de algunas acciones puntuales, el proyecto contempla medida de aseguramiento de 24 a 36 meses por el porte de armas blancas y cuando haya intimidación con estos elementos podría haber una prisión de 48 a 72 meses.

De acuerdo con el ministerio del Interior, el 21 % de los homicidios en Colombia son producto de riñas, de situaciones de intolerancia y el 19 % de los homicidios producto de arma blanca; de ahí la necesidad imperiosa de prohibir el porte de estos elementos cortopunzantes.

Otra reforma importante que se plantea en este proyecto de ley es que haya cárcel para quien cometa un hurto menor, como el robo de celulares y bicicletas que es el pan de cada día en todas las ciudades del país. Para los hurtos, se propone bajar la cuantía de 10 millones a 4 millones con una pena de 4 a 9 años no excarcelable; así, se procesará al implicado evitando que vuelva a las calles a seguir cometiendo una y otra vez el mismo delito.

También, se busca castigar a quien comete una lesión u homicidio contra un miembro de la fuerza pública; en ese orden de ideas, se estiman penas de 4 a 17 años de prisión por agresiones y pasar de 50 a 58.3 años por homicidio. Cuando se atente contra la infraestructura destinada a la seguridad ciudadana, el transporte público masivo, las instalaciones militares o de policía la pena se agravaría de 4 a 12 años.

Otro tema que indiscutiblemente nos atañe, y que es un pedido incesante de la comunidad, es acabar con la impunidad, y que los delincuentes no vuelvan a reincidir; de esto se estipula que, si el imputado cuenta con registro de capturas previa, se le haya impuesto medida restrictiva o no restrictiva de la libertad, haya suscrito preacuerdo, aceptado cargos o se le haya otorgado principio de oportunidad en los últimos tres años deberá tener medida de aseguramiento.

Ahora solo queda esperar que este proyecto avance de forma positiva, necesitamos con suma urgencia devolver la tranquilidad a las comunidades que están cansadas de los delincuentes que una y otra vez se toman las calles. La comunidad está con miedo de salir de sus hogares. Que se retome la tranquilidad.

El dato:

El proyecto de ley se encuentra conformado por 51 artículos incluida la vigencia, de los cuales unos inciden en la política criminal y otros en el funcionamiento del Sistema de Justica Penal.