Petro desafiante

“Vamos a dar la batalla por la vida y la historia libertaria de Colombia. Aquí no se rinde nadie,  aquí vamos a ganar y yo mismo me pondré al frente”. Estas palabras dichas al término de los comicios electorales del 31 de mayo, no tendrían mayor alcance, de no haber sido expresadas por el presidente Petro, quien constitucionalmente obligado está a garantizar la imparcialidad. La frase, pareciera ser propia de un jefe de debate, y ciertamente lo es. El presidente de Colombia ha actuado abierta y descaradamente como el jefe de debate del Pacto Histórico, en su campaña por imponer al candidato Iván Cepeda como sucesor del proyecto político de la izquierda, representada por Gustavo Petro. Los mecanismos, que los hay, para ponerlo en cintura, son un simple saludo a la bandera cuando se trata del primer magistrado de la nación. El artículo 127 de la Constitución Política obliga a los servidores públicos, incluyendo al presidente, a guardar absoluta imparcialidad y neutralidad para no interferir en las contiendas políticas y sus controversias. Adicionalmente, la ley 996 de 2025 (conocida como Ley de Garantías), reglamenta los alcances de la misma, estableciendo prohibiciones en el ejercicio de los cargos, evitando la utilización de los recursos del Estado, la nómina y la contratación pública para favorecer campañas políticas o incurrir en clientelismo, las que rigen durante los 4 meses anteriores a cualquier elección, bien sea legislativa o presidencial, manteniéndose hasta el 31 de mayo o hasta el 21 de junio, en caso de requerirse la segunda vuelta, como ahora. Con este marco, el Estado busca equilibrar la competencia electoral, garantizando la transparencia en el uso de los recursos públicos y ofrecer seguridad jurídica a las entidades que deben planear y ejecutar su gestión en medio del calendario electoral. Nada de esto ha cumplido el presidente Petro. Su administración, que bien se enmarca en un verdadero concierto para delinquir, como lo afirmáramos en reciente columna, ha estado inmersa en aberrantes latrocinios, premeditadamente calculados para tener el dinero suficiente con qué comprar las conciencias de los votantes en zonas marginales, a más de los innumerables subsidios creados para el mismo fin. La criminal política de la “paz total”, que no ha sido otra  que la entrega del territorio a los grupos armados al margen de la ley, y quienes en las elecciones de ahora 8 días le cumplieron a Petro en su propósito de ganar las elecciones en los territorios bajo su mando, como bien pudo comprobarse con claros mapas en donde la periferia de Colombia toda votó con los fusiles empujando los tarjetones, es una prueba contundente e irrefutable de la miserabilidad de este criminal Gobierno. Pero a Dios gracias, la Colombia decente, la Colombia defensora de los principios cristianos, éticos y morales, la que condena el aborto por fuera de las excepciones señaladas por la Corte, la que considera inaceptable las narrativas y enfoques de género en las escuelas y colegios, la que rechaza que Fecode utilice las aulas para imponer ideologías neocomunistas y exige de ella menos marchas y más compromiso con una educación de calidad, la Colombia que quiere reencontrarse en paz y cerrar de una vez por todas este experimento fallido de la izquierda corrupta que solo busca remediar la pobreza, pero la de ellos, mientras destruyen la institucionalidad, esa Colombia grande demostrará el 21 de junio que sigue FIRME POR LA PATRIA.