EL COMPROMISO DEL GOBIERNO CON LA BIOECONOMÍA
Celebramos la contundencia del presidente Juan Manuel Santos y de los Ministerios de Ambiente y Salud al reiterar que en Colombia no se volverá a utilizar la aspersión aérea para combatir los cultivos ilícitos. Ayer, en el Gran Foro de la Biodiversidad, organizado por Colciencias y Bibo, de El Espectador, el primer mandatario se comprometió a crear una política coherente que permita solucionar de manera estructural el problema de las drogas, sin afectar la sostenibilidad ambiental y la salud de los colombianos.
“Eso que quede claro”, dijo el presidente, refiriéndose al compromiso de su gobierno de no regresar a la utilización de las aspersiones aéreas. El debate fue reabierto recientemente por el fiscal Néstor Humberto Martínez, quien pidió que se convocara una reunión extraordinaria del Consejo Nacional de Estupefacientes para “evaluar la política vigente de erradicación de cultivos ilícitos” y “considerar explícitamente la conveniencia de reanudar la aspersión aérea”. En su momento, respaldamos el diagnóstico del fiscal —estamos perdiendo la lucha contra la reducción de los cultivos ilícitos y, por ende, permitiendo que el narcotráfico siga siendo uno de los principales retos del país—, pero no compartimos la idea de recuperar las aspersiones, entre otros motivos, por su probada ineficiencia y por los daños que le causa a la salud pública.
En el discurso del presidente Santos, no obstante, se introdujo un nuevo argumento, el cual señala que en el Gobierno se está preparando un cambio en la manera de entender el problema. “El fin del conflicto —dijo el jefe de Estado— implica la posibilidad de consolidar una nueva economía con mayor provecho de nuestros recursos y reivindicar nuestro medio ambiente (…). Queremos llegar al año 2025 convertidos en una bioeconomía basada en la ciencia, la tecnología y la innovación, y que saque el mayor provecho de su inmensa riqueza natural”. Por eso, las aspersiones, por sus graves daños ambientales, serían incoherentes con ese nuevo plan de una Colombia bioeconómica.
Respaldamos esa posición, así como la idea expuesta por el presidente: “Con el fin del conflicto, por primera vez, vamos a tener la oportunidad de una solución estructural”. Uno de los principales obstáculos en la lucha interna contra las drogas es el ámbito social, dado que los cultivadores no ven alternativas rentables que les permitan desarrollar un proyecto de vida que no esté financiado por sus lazos con el narcotráfico. Si de verdad logramos consolidar el país alrededor de la bioeconomía, precisamente en esos lugares donde hoy “nadamos en coca”, por parafrasear al exprocurador Alejandro Ordóñez, estaríamos golpeando el problema en su columna vertebral.
Esa es, en últimas, la clase de alternativas que el país debería estar considerando, en lugar de regresar a las soluciones ineficaces del pasado.
Y, claro, no sobra recordar las otras razones para no reanudar las aspersiones, como la expuesta por el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien le recordó al fiscal que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera el glifosato como “probablemente cancerígeno en humanos” y que esa fue la razón que acogió la Corte Constitucional para ordenar la suspensión de las aspersiones desde 2015, y otra del presidente, que habló de los problemas fronterizos causados por las fumigaciones.
Ojalá el debate se siga dando en la búsqueda de esa solución estructural y las aspersiones sigan siendo cosa del pasado.
EDITORIAL/EL ESPECTADOR
