La auditoría empezó antes de la auditoría

La decisión de Abelardo De La Espriella de cancelar las mesas de empalme con la administración de Gustavo Petro levantó ampolla en varios sectores. Sin embargo, ya existía la decisión de ordenar una revisión forense sobre la gestión saliente, y esto, ya le había cambiado el sentido a este procedimiento. Si cada contrato, cada decisión administrativa y cada peso ejecutado iban a ser examinados con lupa, el contenido de esas reuniones protocolarias perdía buena parte de su utilidad. A esto podemos sumarle que la determinación del mandatario saliente de desconocer políticamente a su sucesor terminó por convertir el traspaso en un acto de escaso valor práctico.

La versión formal de un empalme consiste en que se trata de reunir funcionarios salientes y entrantes para intercambiar informes, balances y presentaciones. Pero la realidad, en este caso, iba a ser muy distinta. Poco importaba que el gobierno Petro asegurara estar entregando una administración impecable o que sus voceros insistieran en que todo quedaba en orden. Lo verdaderamente trascendental no eran las carpetas cuidadosamente organizadas ni las diapositivas preparadas para la ocasión. Es y seguirá siendo el resultado del examen forense anunciado y, sobre todo, de la información aportada por las personas que trabajaron en esta administración y de quienes aún conservarán sus cargos, aunque el gobierno cambie.

La verdadera transición comienza cuando la burocracia entiende que el poder está mudando de manos. En ese instante desaparecen las lealtades políticas y aparece el instinto de supervivencia. Los ministros se marchan, los presidentes concluyen su mandato, pero miles de servidores públicos siguen en sus puestos. Son ellos quienes firmaron documentos, tramitaron contratos, participaron en comités, conocieron asuntos reservados y presenciaron actuaciones que nunca llegaron a la opinión pública. Ellos tienen claro que, si mañana se abren investigaciones, las responsabilidades individuales no se esfumarán con el relevo presidencial.

Tengo información, desde hace varios meses, en la que buena parte de los indicios sobre presuntas irregularidades viene surgiendo desde dentro de la propia administración. Pero ese caudal no proviene únicamente de quienes se quedaron en sus cargos. También lo aportan los que fueron apartados por negarse a respaldar decisiones sin sustento jurídico, así como de servidores públicos y contratistas reemplazados por cuotas políticas más complacientes. En demasiadas ocasiones salió el personal con experiencia y criterio para advertir riesgos legales, y entraron otros cuya principal virtud era decir sí sin hacer preguntas.

Existe además otro grupo: el de quienes saben que un escrutinio riguroso podría comprometerlos y, por eso, hacen lo posible por maquillar informes, ocultar archivos, dilatar respuestas o impedir que cierta información salga a la luz. Entienden que, si la verdad aflora, sus propias actuaciones quedarán expuestas. Esa tensión —entre quienes buscan esclarecer los hechos y quienes intentan esconderlos— explica buena parte de lo que hoy ocurre al interior del Estado. Mientras unos todavía callan para protegerse, otros ya decidieron que no vale la pena seguir en silencio y han empezado a entregar pruebas, reconstruir decisiones y aportar testimonios que podrían resultar determinantes.

Lo más relevante rara vez aparece en un informe institucional cuidadosamente editado. Está en los archivos físicos y digitales, en los sistemas de información, en los contratos, en los correos electrónicos y, sobre todo, en la memoria de quienes vivieron en carne propia cómo fue que ocurrieron realmente los hechos. Serán las auditorías, los organismos de control y la justicia quienes determinen si hubo o no responsabilidades en los numerosos escándalos que rodearon al Gobierno. Ese es el camino institucional y debe respetarse. Pero hay un dato que tampoco puede pasarse por alto: el vicepresidente electo ha dicho públicamente que, desde hace meses, vienen recopilando insumos para sustentar la revisión forense anunciada. Eso significa que el expediente no empezará a armarse cuando esta se inicie formalmente; ya existe, se viene alimentando desde antes y seguirá creciendo con cada prueba que aparezca.

Un gobierno pierde su verdadera fortaleza mucho antes de terminar su periodo. Lo hace cuando quienes conocen sus malas decisiones dejan de sentirse obligados a protegerlo. Ese proceso es silencioso al principio, pero suele ser irreversible. La revisión forense se contratará, pero la verdadera auditoría empezó antes: el día en que quienes conocen la verdad decidieron conservar documentos y contar lo que vieron; el día en que otros, apartados del gobierno por defender la legalidad, entendieron que también debían hablar; y el día en que los que insisten en ocultar sus acciones porque saben que sus propias responsabilidades saltarán como liebres, empezaron a crear estrategias para deslegitimizar las elecciones. Desde entonces, el sumario no ha dejado de crecer. Al final, no será una mesa de empalme la que escriba la historia de este gobierno, sino los documentos, las pruebas, los testimonios y las conciencias de quienes decidieron que el silencio ya no era una opción.