La majestad del Estado: el primer reto de la reconstrucción

Más allá de la recuperación económica o de las reformas sectoriales, el mayor desafío del próximo gobierno será devolverle al Estado la autoridad moral, la dignidad institucional y el respeto que sostienen toda democracia.

Existen conceptos que el paso del tiempo parece olvidar, no porque hayan perdido vigencia, sino porque las sociedades dejan de comprender su verdadero significado. Uno de ellos es la majestad del Estado.

Hace cuarenta y cinco años, sentado en un salón de clases de primer año de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia, escuché por primera vez esa expresión durante la cátedra de Introducción al Derecho Constitucional y las Instituciones Políticas. Confieso que desde entonces me pareció una fórmula solemne, casi ceremonial. Solo con el paso de los años comprendí la profundidad de aquella enseñanza. La majestad del Estado no hacía referencia a la grandeza de un gobernante ni a la solemnidad de un cargo. Representaba algo mucho más trascendental: el respeto por las instituciones, la autoridad de la Constitución, la independencia de las ramas del poder público y la obligación ética de quienes ejercen funciones públicas de actuar siempre al servicio del interés general.

Después de treinta y siete años de servicio público, aquella lección dejó de ser un concepto aprendido en un aula para convertirse en una convicción de vida. He tenido el privilegio de servir al Estado colombiano desde distintas responsabilidades y, en ese recorrido, confirmé que los gobiernos son pasajeros mientras el Estado permanece; que los funcionarios somos transitorios, pero las instituciones pertenecen a todos los colombianos; y que el mayor deber de un servidor público consiste en fortalecerlas, nunca en debilitarlas.

Mi propia experiencia terminó por reafirmar esa convicción. Desde 1989 he tenido la oportunidad de servir al Estado colombiano bajo gobiernos de distintas orientaciones políticas. Nunca entendí esa circunstancia como un reconocimiento personal, sino como la demostración de que el conocimiento, la experiencia, la honestidad y el compromiso con el servicio público pueden estar por encima de las diferencias ideológicas. Esa trayectoria me permitió comprobar que las mejores políticas públicas nacen del conocimiento, del rigor técnico y de la vocación de servicio, porque los gobiernos cambian, pero los problemas del país exigen soluciones serias y continuidad institucional.

Hay una palabra que he repetido innumerables veces a los equipos de trabajo que he tenido el privilegio de dirigir y que, con el paso de los años, se convirtió en una convicción personal: la decencia. No me refiero únicamente a la honestidad en el manejo de los recursos públicos. Hablo de una forma de ejercer el servicio público con rectitud, respeto, humildad, sentido del deber y profundo compromiso con el interés general. La decencia es la que impide que el poder se convierta en privilegio; la que recuerda que los cargos son pasajeros, mientras las instituciones permanecen; la que obliga a entender que el Estado nunca puede ser un botín, sino el patrimonio más valioso de una República.

Con el tiempo comprendí también que servir al Estado nunca ha significado servir al gobierno. El Estado pertenece a la Nación, no a los partidos políticos ni a quienes circunstancialmente ejercen el poder. Esa diferencia, aparentemente sencilla, constituye uno de los fundamentos de toda democracia.

La majestad del Estado no habita en los edificios oficiales ni en los símbolos del poder. Vive en la confianza de los ciudadanos, en la independencia de los jueces, en el respeto entre las ramas del poder público, en la transparencia de los servidores públicos y en la certeza de que nadie, por importante que sea su cargo, está por encima de la Constitución y de la ley.

La majestad del Estado no puede verse ni tocarse, pero se hace presente cada vez que un juez decide con independencia; cada vez que un organismo de control actúa sin presiones; cuando un funcionario rechaza una recomendación política; cuando un servidor público protege con honestidad los recursos que pertenecen a todos los colombianos, o cuando un ciudadano confía en que las instituciones actuarán con imparcialidad. Esa es la verdadera autoridad moral del Estado.

Por el contrario, la majestad comienza a perderse cuando el mérito es reemplazado por la recomendación política; cuando la experiencia deja de ser un requisito para asumir las más altas responsabilidades públicas; cuando la técnica cede espacio a la improvisación; cuando la confrontación sustituye al diálogo institucional; cuando la separación de poderes se debilita y cuando el servicio público deja de entenderse como una vocación para convertirse en un instrumento de poder.

Las consecuencias son inevitables. Se multiplican los errores en la administración pública, aumenta el riesgo de corrupción, se debilita la capacidad del Estado para responder a las necesidades de los ciudadanos y, quizá lo más grave, comienza a desaparecer la confianza en las instituciones. Un país puede recuperarse de una crisis económica, reconstruir su sistema de salud o volver a crecer. Lo verdaderamente difícil es recuperar el respeto por el Estado cuando ese respeto se ha erosionado.

Esa es, a mi juicio, una de las herencias más complejas que recibe el nuevo gobierno. Colombia enfrenta enormes desafíos generados por un ambiente de polarización que ha fracturado el debate público y un evidente desgaste institucional. Sin embargo, por encima de todos ellos existe un reto mayor: reconstruir la majestad del Estado.

El pasado domingo escuché al presidente electo afirmar que la reconstrucción del país comenzará convocando al servicio público a los mejores colombianos: hombres y mujeres con trayectoria comprobada, capacidad, honestidad y resultados demostrables, sin importar su origen político ni su cercanía con el gobierno. Anunció, además, que los nombramientos deberán estar libres de compromisos partidistas y fundamentados exclusivamente en el mérito.

Debo reconocer que esas palabras despertaron mi interés, pues representan uno de los caminos más sólidos para recuperar la majestad del Estado. Al materializarse ese compromiso, el país no estará simplemente frente a una nueva forma de hacer nombramientos. Estará recuperando uno de los principios esenciales de toda administración pública moderna: que el servicio al Estado debe estar reservado para los más capaces, los más íntegros, los más preparados, los más decentes.

En el servicio público aprendí que el mérito no garantiza por sí solo el éxito de una gestión, pero la ausencia de mérito casi siempre conduce al fracaso. Los Estados no se debilitan únicamente por las crisis económicas o por los desaciertos de un gobierno. También se deterioran cuando dejan de premiar el mérito y comienzan a premiar la obediencia; cuando los cargos públicos dejan de ser una responsabilidad para convertirse en una recompensa política; cuando la experiencia pierde valor frente a la cercanía con el poder.

Recuperar la majestad del Estado exige mucho más que expedir nuevas normas o anunciar grandes reformas. Exige devolverle al servicio público la dignidad que merece. Significa rodearse de mujeres y hombres con conocimiento, experiencia, integridad y auténtica vocación de servicio. Significa respetar la independencia de las instituciones, fortalecer los organismos de control, proteger la separación de poderes y comprender que gobernar nunca puede significar apropiarse del Estado, sino administrarlo responsablemente para todos los colombianos.

La majestad del Estado no se sostiene únicamente con leyes. Se sostiene, sobre todo, con mujeres y hombres decentes. Las instituciones se reconstruyen cuando el mérito vuelve a ocupar el lugar de la recomendación, cuando la decencia vuelve a ser una condición para ejercer el servicio público y cuando quienes llegan al Estado comprenden que su mayor obligación no es servir a un gobierno, sino honrar a la República.

La verdadera grandeza de un gobernante no consiste en concentrar poder ni en imponer una visión política sobre las instituciones. Su grandeza se mide por la capacidad de dejar un Estado más fuerte, más respetado y confiable del que recibió.

Después de treinta y siete años de servicio público sigo convencido de que no existe tarea más urgente para Colombia que recuperar la majestad del Estado. Porque cuando el Estado recupera su dignidad, también la recuperan la democracia, la confianza ciudadana y la esperanza de una Nación que necesita volver a creer en sus instituciones.

Esa, más que cualquier otra, debería ser la primera tarea de la reconstrucción nacional.