Salud mental y el doble abuso de las IPS

La salud mental está estrechamente relacionada con la calidad de vida de las personas y los grupos. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud mental es “un estado de bienestar en el cual cada individuo desarrolla su potencial, puede afrontar las tensiones de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera, y puede aportar algo a su comunidad”. Con base en esta definición, la salud mental condiciona la funcionalidad de la persona en múltiples contextos, así como su proyección de vida.

La pandemia por COVID-19 trajo consigo un aumento de la ansiedad, la depresión y el estrés. En el departamento de Caldas, el Observatorio Nacional de Salud Mental reportó que, en el año 2020, se presentó un aumento en la letalidad por lesiones autoinflingidas de manera intencionada, con un 40,23%, en comparación con un 30,63% registrado en el año 2019. Este es solamente uno de los indicadores que precisa la necesidad de brindar atenciones de calidad en salud mental.

Los derechos de los colombianos en el contexto de la salud mental están contemplados en la Ley 1616 de 2013. Según el numeral 5 del artículo 6 de esta Ley, las personas tienen “derecho a tener un proceso psicoterapéutico, con los tiempos y sesiones necesarias para asegurar un trato digno para obtener resultados en términos de cambio, bienestar y calidad de vida”.

Hasta este punto, todo demuestra la inherente necesidad de que los pacientes accedan a atenciones psicoterapéuticas que contribuyan a su bienestar. Pero es evidente que vivimos en un país donde los derechos brillan en el papel, pero se opacan en la realidad. Si las cifras y la Ley son tan claras, ¿qué hacen las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) limitando los tiempos de las consultas psicológicas a media hora, e incluso 20 minutos? Este hecho constituye un directo abuso contra la persona que sufre, aquel ser humano que, en aras de buscar ayuda, acude a un profesional y que, mientras apenas comienza a contar su historia, ya debe retirarse. Pareciera que en los protocolos de las IPS se hubiera perdido la página donde se advierten los riesgos que corren las personas al recibir una atención psicológica tan corta, en la que sus historias inconclusas quedan como ciclos abiertos, por no haber contado con un tiempo digno para hacer su catarsis y expresar su dolor.

Pero los atropellos de las IPS no se limitan a los usuarios. Conozco psicólogos que deben atender hasta más de 20 pacientes en un día. ¿Cómo espera una sociedad como la nuestra contar con una buena salud mental cuando somete a tales condiciones de riesgo a los profesionales que brindan las atenciones psicológicas? Cabe recordar que los psicoterapeutas también somos seres humanos que podemos terminar en un hospital de salud mental debido a cuadros de ansiedad, producidos en un contexto laboral abusivo. Pero, claramente, las IPS ignoran ese factor de riesgo.

De manera evidente, necesitamos promover un cambio de estas condiciones, las cuales vulneran nuestros derechos. Quienes realmente importan son las personas que acuden a consulta en busca de ayuda, así como los profesionales que las atienden. Ellos deben ser la principal fuerza movilizadora en contextos de salud mental, procurando una atención digna que sí promueva el bienestar integral.