Multilateralismo y la universalidad del Estatuto de Roma

Por qué la CPI debe aplicarse a todos los Estados

El multilateralismo no es una opción estética del diplomático, sino el mecanismo esencial para enfrentar problemas que trascienden fronteras: genocidios, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes de agresión exigen respuestas conjuntas y normas compartidas. El Estatuto de Roma y la Corte Penal Internacional (CPI) son, en ese sentido, hitos del derecho internacional contemporáneo: ofrecen un foro permanente e imparcial para investigar y juzgar los delitos más graves que afectan a la humanidad, y con ello contribuyen a la prevención, la reparación a las víctimas y la consolidación del Estado de derecho. Si el acceso o la aplicación de la CPI queda circunscrita sólo a Estados menos poderosos, el principio de igualdad ante la ley —núcleo del multilateralismo— queda socavado y la justicia internacional corre el riesgo de convertirse en una herramienta selectiva y políticamente instrumentalizada.

La universalidad del Estatuto de Roma no es una meta simbólica; es una necesidad práctica. Cuando grandes potencias o Estados con influencia geopolítica relevante se mantienen fuera del sistema, se crean vacíos de impunidad que distorsionan la lógica de disuasión que la CPI pretende generar. La complementariedad, principio central del Estatuto, reserva la primacía a las jurisdicciones nacionales, pero sólo funciona si todos los Estados cumplen con sus obligaciones y garantizan investigaciones y juicios genuinos. Sin esa adhesión universal, las víctimas en territorios controlados por Estados no partícipes quedan sin vías efectivas para buscar justicia internacional, y la respuesta multilateral ante atrocidades pierde coherencia y legitimidad.

Además del aspecto jurídico, existe un componente político y moral. La fortaleza del orden multilateral se nutre de normas aplicadas de manera consistente; de lo contrario, se alimentan resentimientos y narrativas de doble rasero que erosionan la cooperación internacional en otras áreas críticas como cambio climático, control de armas o migraciones. La incorporación plena de más Estados al Estatuto de Roma —incluyendo aquellos con grandes poblaciones y peso económico— enviaría una señal clara: nadie está por encima de la ley y la comunidad internacional comparte responsabilidades frente a las violaciones más graves.

Para avanzar hacia esa universalidad hacen falta medidas prácticas: diplomacia sostenida que combine incentivos y diálogo jurídico, capacitación para fortalecer capacidades judiciales nacionales, asistencia técnica y apoyo a la implementación del Estatuto en derecho interno, y compromisos políticos que vinculen la adhesión con beneficios de cooperación. También es necesario proteger la independencia de la Corte frente a presiones políticas y sanciones extrajudiciales que buscan intimidar a Estados y socavar su voluntad de ratificar o cooperar.

Finalmente, preservar el multilateralismo y lograr que la CPI sea un instrumento verdaderamente universal es una inversión en un mundo más estable y justo. No se trata de fortalecer una entidad por sí misma, sino de garantizar que la justicia internacional sea un recurso imparcial y accesible para todas las víctimas, sin distinción de la magnitud geopolítica de sus Estados. Solo un sistema multilateral robusto, inclusivo y con reglas aplicadas uniformemente podrá ofrecer respuestas legítimas y eficaces frente a las atrocidades que desafían la conciencia de la comunidad internacional.

(*) Exdiplomática, escritora y analista internacional