Indignación selectiva

Durante el gobierno de hablantinoso, corrupto e inepto, Gustavo Francisco Petro Urrego, el país ha padecido tragedias humanitarias que superan cualquier pelotera partidista. Centenares de poblaciones confinadas por disputas territoriales entre organizaciones delincuenciales dedicadas al narcotráfico; miles de comunidades desplazadas a causa de dichos grupos armados hasta los dientes y millones de niños expuestos a dinámicas criminales que son parte de una realidad intensa y constante.

Frente a semejante vorágine cabría esperar una mayor contundencia verbal, una indignación indubitable y la misma exigencia ética que hoy se invoca para discutir la nacionalidad del presidente electo Abelardo de la Espriella Otero.

En ese contexto, existen silencios que no enfurecen y obsesiones puestas en escena a manera de explosión controlada o cortina de humo para tapar el cogobierno con los paramilitares del Clan del Golfo y las fingidas guerrillas. Sin vaguedad, para el fracasado Iván Cepeda Castro hay cóleras de primera categoría y otras que viajan en clase económica. El segundo en la pasada elección presidencial y brazo político de las Farc es experto en declaraciones altisonantes, llamados a la «desobediencia civil» y demandas de respeto unilateral. Sin embargo, guarda absoluto mutismo sobre los crímenes de lesa humanidad perpetrados por sus cercanos operadores del voto fusil y el descarado saqueo del erario a cargo de su partido, el Pacto Histórico.

No es de extrañar el ejercicio de medir los principios con una cinta elástica que se estira o se encoge según la conveniencia política de los dirigentes de la izquierda colombiana. Para ellos, es considerado un asunto de extrema gravedad que pone en riesgo, dizque, la soberanía, el hecho circunstancial de que una figura pública posea la nacionalidad estadounidense e italiana, o tenga vínculos jurídicos con otro país representante del capitalismo. No utilizan igual rasero para su desabrido y corrompido líder intergaláctico. Ahí sí los símbolos patrios lloran en silencio.

Se supone que la coherencia constituye una virtud política para denunciar con energía moral cualquier injusticia social o acto impropio en el ejercicio del poder, venga de donde viniere. Pero no, el rigor es selectivo en función de los mejores titulares, los réditos de distinto orden, la cloaca de las redes sociales y el adoctrinamiento ideológico.

Para el socarrón Cepeda, la violencia proviene de los adversarios y la depredación de las arcas públicas la hicieron otras administraciones. A este respecto, los aliados son simples víctimas del sistema de acuerdo con su radar diseñado para localizar defectos en un solo lado del espectro político. El viejo y desgastado truco de intentar meter los dedos en la boca. ¡No sea tan miserable!

Algunos dirigentes extremistas inventan cruzadas a favor de la decencia con objeto de maquillar, tapar o desaparecer las evidencias efectivas de los sobornos y los billones de pesos robados a lo largo del gobierno Petro. Contrario a lo que opina la periodista y comunicadora social Ana Cristina Restrepo Jiménez, la auditoría forense no se limita a un cadáver, sino que está “orientada a investigar, prevenir y detectar fraudes financieros o delitos económicos para aportar pruebas válidas en procesos judiciales” (sic). (Auditoría forense en la investigación criminal del fraude. Lugo, 2007).

La ciudadanía quiere algo mejor que la erupción desbordada de indignaciones selectivas, puesto que merece una política que defienda los derechos humanos, la equidad, la justicia, la democracia y, en particular, que la legalidad no dependa del nombre implicado ni de la utilidad electoral del momento. Porque la coherencia tampoco admite doble procedencia.