Deuda y déficit: los más altos de la historia

Enhorabuena, el pasado 21 de junio el pueblo colombiano eligió en las urnas a la opción de gobierno que sí respeta las instituciones democráticas; que ve al sector privado como motor del crecimiento económico y no como su antagonista; y que entiende la seguridad como condición fundamental para la prosperidad.

La victoria fue estrecha, por lo que corresponderá a los académicos, y a la justicia colombiana, determinar la incidencia del “voto fusil”, la movilización de la burocracia estatal y la compra de votos, para explicar los resultados. Pero si alcanzar la victoria fue difícil, lo verdaderamente duro está por venir.

El nuevo gobierno podrá anotarse victorias tempranas fácilmente, como la reanudación de la exploración de hidrocarburos, el empoderamiento de las fuerzas militares, la reactivación de la inversión privada y la estabilización de la salud. Sin embargo, el gran reto estará en las finanzas públicas.

El proceso de empalme ha identificado dos bombas de tiempo que, de no desactivarse inmediatamente, complicarían inmensamente la economía colombiana: de una parte, el desenfrenado gasto público y de la otra, el irresponsable endeudamiento. Ambos problemas con las cifras más altas de la historia: un déficit primario (ingresos versus gastos) del -4,1% del PIB y un endeudamiento que representa el 61% del PIB. ¡Peor, imposible!

Para poner las finanzas en orden, el gobierno entrante tendrá que hacer ajustes gigantescos de aquí hasta el 2029, cercanos a los $120 billones a precios de hoy. Lo complejo es que cerca del 93% del presupuesto general de la nación es ‘intocable’, pues debe honrar obligaciones legales como pensiones, deuda pública, transferencias regionales y subsidios. Sólo queda un estrecho margen del 7%. Y por ahí debe empezar el ajuste. 

El primer frente de adelgazamiento sería la nómina del gobierno nacional. En los últimos 4 años se crearon más de 117.000 cargos nuevos, con un costo anual cercano a $7 billones. Recortar a la mitad esos puestos, fusionar ministerios y congelar en términos reales los salarios estatales (que sólo suban con la inflación), podría generar ahorros por 1.5% del PIB, equivalente a $30 billones a precios de hoy.

El segundo ajuste estaría en la focalización de los subsidios que podría lograrse sin tocar programas baluarte como Ingreso Solidario o Renta Ciudadana. Pero si se depura tanto “colado” de salud subsidiada y servicios públicos, con el Sisbén como herramienta, el ahorro alcanzaría medio punto del PIB.

El tercer frente, y quizás el más urgente, sería refinanciar la deuda heredada. El gobierno entrante llega con una excelente credibilidad ante los mercados. Sólo hacerlo con los bonos colocados al 15% por el gobierno Petro en el último año, llevándolos a tasas más cercanas al 10%, que los financiadores ya parecen dispuestos a ofrecer, reduciría la presión del gasto en 1% del PIB hacia finales de 2029.

Reducir burocracia, depurar subsidios y refinanciar la deuda heredada son tres medidas concretas para un alivio potencial del 3% del PIB. Todo esto sin tocar todavía el frente de ingresos (impuestos), que amerita columna aparte y en donde el “Tigre” también tendrá que hacer la tarea.