El árbitro no puede jugar

Hay algo más importante que el resultado de una elección: la confianza en que esa elección fue limpia, la tranquilidad de saber que el resultado obedeció a la decisión de los electores

Las democracias no se sostienen únicamente sobre los votos. Se sostienen también sobre la certeza de que las reglas son iguales para todos, de que nadie compite con ventajas indebidas y de que quienes tienen el deber de garantizar y proteger el proceso electoral no intervienen para inclinar la balanza hacia un lado u otro.

Por eso existe un principio tan simple como poderoso: el árbitro no puede jugar.

No se trata de prohibir las ideas políticas. Mucho menos de impedir que un presidente, un gobernador o un alcalde tenga opiniones. Todos las tienen. El problema aparece cuando quien ejerce el poder utiliza la autoridad de su cargo, la visibilidad institucional o la influencia que le otorga el Estado para participar activamente en una contienda electoral.

Porque en ese momento la discusión deja de ser sobre preferencias políticas y pasa a ser sobre equilibrio democrático. ¿Cómo puede sentirse en igualdad de condiciones un candidato cuando quien gobierna toma partido? ¿Cómo se preserva la confianza ciudadana cuando quienes deberían garantizar neutralidad parecen convertirse en actores de la competencia?

Algunos dirán que esto ha ocurrido antes. Y probablemente tengan razón. Pero precisamente porque ha ocurrido antes no deberíamos normalizarlo. Las malas prácticas no se vuelven correctas por repetirse.
En Colombia, la confianza electoral ha sido una construcción lenta y difícil. Venimos de décadas de violencia política, de denuncias de fraude, de instituciones cuestionadas y de una profunda desconfianza entre sectores de la sociedad. Por eso cualquier comportamiento que genere dudas sobre la imparcialidad del proceso debe preocuparnos, independientemente de quién lo protagonice.

Y hay una razón adicional para hacerlo.

La participación ciudadana en las últimas elecciones alcanzó niveles históricos. Millones de colombianos acudieron a las urnas convencidos de que su voto importa, de que puede cambiar el rumbo del país y de que vale la pena involucrarse en los asuntos públicos. Esa es una noticia extraordinaria para cualquier democracia.

La confianza en la democracia es frágil. Cuesta años construirla y apenas unos meses destruirla.

Cuando los ciudadanos empiezan a creer que las reglas no son iguales para todos, que el poder interviene en la competencia o que el aparato estatal favorece determinadas candidaturas, el daño no se limita a una elección. Se instala una duda mucho más peligrosa: la de si el sistema sigue siendo confiable.

Una democracia puede soportar muchas cosas. Puede soportar gobiernos buenos o malos, decisiones acertadas o equivocadas, debates intensos e incluso profundas diferencias ideológicas. Lo que difícilmente soporta es la pérdida de credibilidad en sus reglas.

Por eso este no es un debate de partidos, de banderas ni de simpatías políticas. Es un debate sobre principios.
En países como Brasil, las instituciones han sido especialmente rigurosas frente a la participación indebida de funcionarios en procesos electorales. No porque una corriente política sea mejor que otra, sino porque entendieron algo fundamental: la neutralidad del poder protege la legitimidad de las elecciones.
Y esa legitimidad vale más que cualquier victoria.

Colombia atraviesa un momento de enorme polarización. Cada decisión pública parece dividir al país en dos bandos irreconciliables. En un contexto así, lo último que necesitamos es agregar nuevas razones para desconfiar de los procesos democráticos.

La fortaleza de una democracia no se mide cuando gana nuestro candidato. Se mide cuando aceptamos los resultados porque confiamos en las reglas.

Por eso quienes ocupan los más altos cargos del Estado tienen una responsabilidad adicional: cuidar la institucionalidad incluso por encima de sus intereses políticos.

Porque gobernar también implica saber dónde terminan las funciones de un mandatario y dónde comienzan las garantías que merecen todos los ciudadanos.

Las elecciones pasarán, los gobiernos cambiarán y los debates continuarán. Lo que debe permanecer intacto es la confianza de los colombianos en que su voto cuenta y en que nadie, por poderoso que sea, puede entrar al partido cuando le corresponde ser árbitro.

Y al final del día queda un mensaje claro, contundente e indiscutible, el árbitro solo está para dar equilibrio y garantías, y de paso para impedir errores y faltas en el juego, nunca estará para decir si le gusta o no la jugada, si le gusta o no el gol, si le gusta o no el resultado. Para eso están los espectadores.

El árbitro es el juez, no es el aficionado y por eso no puede aplaudir un equipo o silbar el otro bando, pues aunque tenga su «corazoncito», en el juego lo que se necesita es su cerebro.