Estatutos aplicados a Caldas

Recientemente escribí sobre la necesidad de adaptar los estatutos de la Federación de Cafeteros a la nueva realidad política y social del país, para que después no los atropelle la realidad y, solicitando que el poder votante y la repartición de los recursos se realice en función del número de cafeteros y no de la producción; los pequeños caficultores no puede seguir otorgando legitimidad democrática, para que, los grandes productores gobiernen y se apropien de la mayor parte de los recursos.

El primer paso – exigido por una ley del congreso- se dio hace veintiún años, cuando Gabriel Silva logró, en un duro “pulso”, que al menos el 30 % de la transferencia se hiciera en función del número de productores. Pero nada ha sucedido en dos décadas y la realidad mientras tanto es contundente; sólo 4.800 cafeteros poseen más de 10 hectáreas. Ni siquiera el 1 % de los productores, agregando los de más de cinco hectáreas, que en total llegarían a representar el 2.3 % de los caficultores; por lo tanto, cada día la caficultura la soportan los pequeños.

Sin embargo, al conocer la actitud de rechazo de algunos dirigentes de nuestro departamento -que han disfrutado el poder que otorga esa inequidad-, me permito aportar varios datos que ayudarán a ilustrar a los lectores sobre su origen.

Seis circunscripciones deberían formar un comité (con aproximadamente el 16.66 % de los electores), pero la realidad que es asombrosa, la revelo con cifras muy aproximadas.

Circunscripción Manizales y Neira, con cerca de 3.100 productores, cerca del 9.6 %, tienen un renglón en el Comité Departamental.  Chinchiná y Villamaría, con 1.050 productores aproximadamente, abarcan el 3.2 %, muy lejos del cociente de participación que sería justo.

Palestina y Risaralda, con algo más de 1.200 productores, el 3.8 %, tienen un renglón completo en el comité departamental. Estos dos municipios los juntaron, sin afinidad ni cercanía, para que tanto Chinchiná como Palestina tuvieran asiento en el departamental, ya que los dos municipios sumados no alcanzan siquiera el 2 % del total de los productores de Caldas. Peor aún, por  muchos años Risaralda le ha cedido la principalía en el comité departamental, con halagos del más burdo clientelismo, aun teniendo el triple de votos que Palestina. 

Solo basta ver el extraordinario estado de la caficultura en estos municipios -que se ha beneficiado del control de los recursos económicos por décadas-, apoyados en el poder político que les otorga la ponderación por producción, y que no por número de cafeteros.

Inclusive, los estatutos gremiales en su artículo cuarenta contemplan que para crear un comité municipal se requieren 400 cafeteros y hoy, ni Chinchiná ni Palestina cumplirían; sólo cuentan con 330 y 270, aproximadamente.

Mientras tanto, Anserma, Viterbo, Belalcázar, San José, Riosucio, Supía y Marmato, con casi 10.000 cedulados, el 30 % del total, tienen que someterse a ocupar un sólo renglón.

De otro lado Manzanares, Pensilvania, Samaná, Marquetalia, y La Victoria -también con casi 10.000 productores y el 30 % del poder votante- también se tiene que acomodar en otro renglón.

El norte del departamento con Aranzazu, La Merced, Salamina, Pácora, Aguadas y Filadelfia, con cerca de 7.000 productores, y el 21 % del poder votante, apenas alcanzan un renglón.

Así las cosas, el 80 % de los cafeteros de Caldas han estado sometidos al poder político y la habilidad para distribuir los recursos del Fondo Nacional del Café que representa ese 20 %. Los que conocemos el departamento podemos ratificar cómo es el estado de la caficultura del centro, frente a la del oriente, norte y occidente; ni hablar de las diferencias que se han creado en vías, servicios públicos, salud, educación y en general, el bienestar de los productores, razón de ser del gremio.

En caso de no actuar como se requiere, y sin modernizar y democratizar cada día las normas, el gobierno lo puede exigir al Comité Nacional, bajo un nuevo contrato de administración, o a través del Congreso de la República como lo dispuso en la Ley 863/2003. No basta afirmar que sólo los cafeteros con la estructura gremial actual pueden decidir la forma de distribuir los recursos, por cuanto los dineros de la contribución -desde el momento en que se recaudan tienen naturaleza pública-, y por lo tanto los poderes ejecutivo y legislativo pueden ordenar sobre el asunto en cuestión.

El caso de Caldas es un ejemplo que facilita, como es evidente, a reflexionar y decidir sobre pasos que, si se dan pronto, con apertura, defendiendo el futuro y no el pasado, pueden ayudar a legitimar el gremio para administrar el Fondo Nacional del Café de manera concertada, y no verse sometidos a una imposición, que podría perturbar el ambiente gremial.