Enfermedad de hierro

¡Qué desconsuela más que los pobres resultados en la lucha contra la corrupción¡ Parece pérdida.

La corrupción es una enfermedad de hierro, nada le hace mella.  Hace doce años se expidió un Estatuto Anticorrupción, una batería de medidas para acechar, cazar y sancionar a los corruptos: nuevos tipos delictuales, penas endurecidas, fortalecimiento del control, sistemas de información, participación ciudadana.  Se agregaron del referéndum del 2018, el contrato estatal tipo y la declaración de bienes de los funcionarios públicos. Y la corrupción sigue campante. El Índice de Percepción de la Corrupción de Colombia es el mismo, 36 en ese entonces, hoy de 39, siempre en la categoría: Percibido como más corrupto

La corrupción corroe al Estado y causa daños incalculables. Agrava la inequidad al condenar a poblaciones a abastecerse de agua en jagüeyes contaminados; a padecer el tránsito por carreteras estrechas, deterioradas y peligrosas; a niños asistir a clase sin alimento escolar, y sin remordimiento criminal, pues ¡si han pasado hambre toda la vida que más da una mala ración¡ copiando lo dicho por un político.

Y por cuenta de la corrupción privada, a agotar ahorros familiares para pagar medicamentos más caros que en París; condena vitalicia a familias de clase media a cubrir arriendo y cuota por la deuda del apartamento que se compró en el edificio colapsado.

La monumentalidad del mal y la ineficacia de las medidas llevaría a la resignación de convivir con seres que por naturaleza son corruptos, exculpación social al estilo de Nule. O, no claudicar, y lanzar nuevas iniciativas, como los que han circulado esta semana propiciado por la sociedad civil, a través del Instituto Anticorrupción, y la Fundación Pares: un Juicio Nacional Anticorrupción, encabeza de una sala especializada de la Corte Suprema de Justicia, y una Comisión Internacional.

Preliminarmente, son propuestas del género creativo, juega la imaginación, sin responder a un juicioso diagnóstico, o al menos no revelado en la noticia. ¿La impunidad de los corruptos es desidia de jueces, y por ellos hay que asignarles uno nuevo? ¿A cuenta de qué hay que concederle al corrupto un fuero especial, el de ser juzgados por la Corte Suprema? ¿Por qué cambiar la composición de una Corte Suprema, asunto sensible para el equilibrio de las ramas del poder?

Se acude a la justicia internacional, cuando el Estado incumple el deber establecer y mantener un sistema de justicia penal eficiente. Si hay evidencia de negligencia de la Fiscalía en investigaciones como la de Odebrechet, baste  comparar resultados en otros países. Pero no podemos rendirnos, la justicia colombiana tiene que cumplir, para no exponernos a que como en Guatemala,  en donde se sustituyó al juez por uno internacional, Iván Velásquez, pero quedaron vivas y activas  las fuerzas corruptas, que luego quisieron venir por éste.

La novedad de la propuesta es el juicio nacional. De seguro, para tener una visión global del fenómeno de la corrupción, unificando las competencias territoriales en una sala de la Corte Suprema. Pero ese propósito tiene por obstáculo la lógica de los procesos penales concebido para individualizar responsabilidades, inclinados a examinar la actuación conclusiva, dejando en un segundo plano las causas, la red completa de corrupción, cuya persecución queda al azar de la compulsa tardía de copias,

El juicio nacional mejor podría ser cumplido por una Comisión de la Verdad de la Corrupción,  de primer nivel, proveniente y respaldado por la sociedad civil y por instancias internacionales, e impulsado por sus organizaciones ¡que se empoderen¡  Mejor que tener origen legislativo, pues el congreso debe ser rigurosamente escrutado. Y,  con eventual respaldo de un Gobierno no acusado de corrupción.

El mejor argumento para una comisión de este género, es que puede asumir una investigación global o comprensiva  de toda la red de corrupción, en  salud, en  contratación de obras, en despojo de tierras, en adquisición de equipos de alta tecnología,  etc. y de ella identificar el modus operandi, la cadena y el entramado institucional que lo hace posible, las debilidades normativas e institucionales de las que se aprovechan.

La Comisión se ocuparía básicamente de desentrañar los mecanismos que permiten la actuación concertada de multitudes, unos preparando el marco normativo con rendijas, otros planificando a obras inviables, otros, en los órganos de control, ciegos sordos y mudos. La idea es que formule un diagnóstico que responda a ¿cuáles son las circunstancias que han hecho ineficientes las medidas tomadas contra la corrupción?, para así proponer nuevas soluciones.

El país se le deben respuestas a cómo: ¿Cuál fue el papel de la Superintendencia de Salud, mientras expoliaban, o en la expoliación, de los recursos del sistema de salud? ¿Cuál son las responsabilidades del gobierno y del jefe político que transan una entidad pública como recompensa electoral, de la que este se hace cargo, en especial de la gestión contractual, con personas de su confianza, secretario jurídico, jefe de contratación, y jefe de Control Interno, nombrados a su satisfacción? Se asignan contratos irregularmente, se desembolsan anticipos, y luego se atrapan a los pobres diablos que tuvieron que firmar. Los grandes beneficiados, dueños de la trama, ocultos.

La Corte Suprema, al cumplir veinte años de lamentaciones sobre el Holocausto del Palacio de Justicia, decidió constituir una Comisión de la Verdad. La que acometió con entereza y rigor la labor, rindió Informe, se pasó de rumores malintencionados contra las Fuerzas Armadas a evidencias, y se constituyó en punto de referencia para las siguientes investigaciones judiciales, nacionales e internacionales. El informe dio solidez y contexto a infinitud de denuncias sobre desaparecimientos, muertes, violaciones de derechos humanos.

Del diagnóstico sobre la corrupción emergería la desprotección de los denunciantes como causa de ineficiencia de las medidas anticorrupción. Cualquiera que haya hablado o pueda hablar en el caso Odebrecht, vive bajo el pavor y la incertidumbre del envenenamiento de Pizarro, el testigo informado y valeroso, por ello temido. El informe de la Comisión de la Verdad sobre la corrupción daría confianza a los denunciantes, credibilidad a sus denuncias, ya difíciles de engavetar.