Menos política, más ética

La izquierda colombiana ha tomado como bandera la defensa de los derechos sociales, económicos y culturales consignados en la Constitución de 1991. Esto la lleva a antagonizar con el Estado Mínimo de los neoliberales al considerarlo un obstáculo para la eficacia del Estado Social.

Las bases de la organización del Estado buscan la eficiencia. Una de ellas, declarada de manera expresa en 1991, es que la dirección de los servicios en salud, pensiones y educación queda bajo la dirección del Estado, y a su prestación, podrán concurrir los particulares.

Para cuando el constituyente debatía si debía ser privilegio del Estado la prestación de servicios, o en estos podían participar los particulares, la realidad europea en sus años gloriosos, cuna del Estado Providencia, ofreció una respuesta: no es sostenible que un Estado a cargo de toda labor social y de múltiples tareas económicas. El signo de los ochenta fueron desmantelamientos y privatizaciones de instituciones públicas, de las que no pudieron sustraerse los gobiernos socialistas de Mitterrand y Felipe González.

Desde la década de los noventa la izquierda ha cerrado filas contra iniciativas tendientes a trasladar servicios públicos a los particulares. La controversia conserva vigencia siempre y cuando no sea para retomarla en los términos del siglo pasado. No es tiempo para revivir una discusión saldada, proponiendo el desmonte de entidades por ser privadas, sino evaluar lo que con ellas se ha alcanzado bajo sistemas en los que la naturaleza de las entidades pasa a segundo plano, pues sean públicas o privadas se sujetan a un mismo estatuto, con las mismas reglas de  asignación de cargas y beneficios.

Dentro de esa corriente anti-neoliberal se inscriben las propuestas de Petro: Haremos Realidad la Constitución de 1991 por Fuera del Negocio. Tienen de común fortalecer la prestación pública de la salud, pensiones y educación, y consolidar sus instituciones. Esto redundará positiva o negativamente, según se asuma la controversia como una prolongación ideológica de la campaña política, o como análisis pragmático y racional, propio del tiempo de gobernar.

Fortalecer la participación del Estado es bienvenida y necesaria cuando se encamina a facilitar el acceso al servicio o a ampliar el 53% de la cobertura a la educación, y fortalecer la capacidad de las instituciones públicas, que hoy, está a tope y atiende la mitad de esa población. En salud el paso del monopolio de lo público a la concurrencia de entidades privadas, en 1994, se hizo justo para resolver la baja cobertura de la seguridad social, encallada en un 18%.  Y en vigencia de esa reforma se ha alcanzado la casi universalidad en salud, un 95%.

Se asocia a la intervención del Estado la corrección de la inequidad, pero ella bien puede producirse al margen de la naturaleza pública o privada de los prestadores de servicio. La Corte Constitucional impuso la uniformidad de los Planes Obligatorios de Salud para el régimen contributivo y el subsidiado.

Diferenciación ideológica y prejuiciosa idealiza lo público como acto noble,  y estigmatiza lo privado como vil negocio, y conduce a decisiones discriminatorias. Víctimas de este sesgo son las EPS particulares, que se las toma como mero negocio comerciales  sabiendo que ellas están sujetas a las mismas condiciones de servicio que sus pares públicos; y  la mitad de los estudiantes de estratos bajos, a quienes el Estado les niega los beneficios que le ofrece a la otra mitad, por estar matriculados en universidades privadas. Ahí radica la esencia del cambio del programa ser Pilo Paga, al de Generación E.

La vocación de servicio público es una aspiración, no una realidad. La codicia de los particulares es un riesgo que puede ser controlado.  Es de elemental simpleza pensar que la solución a las precariedades de los servicios públicos pasa por escoger un actor entre un administrador político, un experto, o un empresario. Es un remanente de la postulación marxista de que la suerte de la sociedad estaba en escoger el actor, al Estado como detentador de los medios de producción.

Lo que ocurre es que hay exceso de política y deficiencia de ética. Es secundaria la naturaleza pública o privada del prestador de servicios públicos sociales, pues lo primero ha de ser que quien lo haga esté sujeto y comprometido con la ética del servicio público, ahí de radicar la tarea: un alto nivel de exigencia. Eso lo enseñó la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia (2008) cuando sancionó el actuar de una Administradora de Pensiones que siguiendo su lógica de establecimiento financiero le interesaba crecer, aumentar su número de afiliados, ganar más comisiones, y relegando la finalidad para la que fue instituida, la de gestionar los intereses de sus afiliados, los que en el caso bajo estudio, resultaron claramente afectada, recibiendo años después una pensión menor a la que hubiera recibido antes de haberse afiliado al Régimen de Ahorro Individual.

Hay gran empeño en proyectar instituciones, y desidia para hacer control a su funcionamiento. Cuando el diseño es el de un sistema de servicios integrado por entidades privadas e instituciones públicas, a las que le corresponde además el control y vigilancia, sus virtudes y precariedades han de ser estimadas como fruto de esa fusión. Los servicios de salud y educación están concebidos para que el dinero que entre al sistema quede en él, naturalmente con el derecho a los prestadores privados a recibir una razonable remuneración. Las prácticas de las EPS o de universidades de ingeniarse operaciones, mecanismos de contratación, de falsos terceros para sustraer dinero, han sido posibles porque las entidades que las han de supervigilar, que son entidades públicas, han sido inferiores a su reto, o han sido cómplices con los excesos, o simplemente se ha hecho de la vista gorda. La Superintendencia de Salud debe ser llamada en juicio histórico a responder por los descalabros en salud. Y el Ministerio de Educación a explicar por la ausencia histórica de controlar las universidades cuando determinan y reparten el lucro obtenido entre bienes educativos y beneficios a sus asociados o fundadores.