7 de mayo de 2021
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Lo que nos dejó la minga indígena

10 de abril de 2019
Por Clara Inés Chaves R. (*)
Por Clara Inés Chaves R. (*)
10 de abril de 2019

Recientemente el país estuvo arrinconado por el paro que organizó la minga indígena en Caldono, en el departamento del Cauca.

Cinco mil indígenas de los departamentos del Cauca, Huila y Caldas formaron parte de este paro que duró casi un mes, bloqueando a más de un millón de personas de la zona, y ocasionando al país unas pérdidas económicas que ascienden a 60 mil millones de pesos, según informes de prensa.

Quienes escuchamos la nota editorial de Luis Carlos Pérez en la FM, a inicios del presente mes de abril, nos escandalizamos al escuchar lo dicho por el editorialista cuando mencionó las exigencias que venía haciendo el Consejo Regional Indígena del Cauca -CRIC- que representa el 90 por ciento de los cabildos y de las comunidades indígenas del departamento del Cauca, es decir, menos de 200 mil personas.

Entre las peticiones que mencionó la FM, tenemos las siguientes: primero, solicitar al gobierno que de los 10 billones de pesos de presupuesto para los indígenas y negritudes de todo el país, 4,6 billones sean para los indígenas del CRIC. Segundo, asignación de 41.000 hectáreas para las comunidades indígenas. Tercero, que no existan sobre- vuelos en lo que considera su espacio aéreo, es decir, sobre sus resguardos. Cuarto, la no judicialización de los miembros de la minga que hubieran delinquido. Quinto, diálogo de gobierno a gobierno, es decir, entre el jefe del CRIC y el presidente Duque; o sea, que ellos se consideran estado y gobierno. Sexto, discusión sobre los métodos de explotación petrolera a nivel nacional, y, por último, sobre el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de Venezuela.

Finalmente, el pasado 6 de abril finalizaron las negociaciones entre el Gobierno Nacional y el CRIC, con el liderazgo de Neis Oliveri Lame y Nancy Patricia Gutiérrez.

Pese a los reparos que hizo el senador Álvaro Uribe Vélez, se llegó a acuerdos entre las partes, y los puntos que se pactaron fueron: levantar el bloqueo, no volver a bloquear ninguna vía -y para ello habrá una comisión conformada por las partes para su verificación- el gobierno les dará un billón de pesos a los indígenas, y habrá compromisos de inversiones por $ 805.000 millones; todo ello quedará garantizado en el Plan de Desarrollo del actual gobierno, y la canalización de estos recursos se llevarán a cabo a través de las instituciones respectivas, tanto a nivel nacional como departamental y local.

Este dinero que se pactó, se distribuirá así: $ 232.000 millones para vivienda, $ 129.000 millones para infraestructura rural, $ 116.000 para educación, y $ 114.900 millones para salud.

Si bien es cierto que existe una deuda histórica para con los indígenas, tampoco podemos permitir que exista otro estado o gobierno sobre el actual estado y colombiano.

Lo que se debería revisar, es lo dicho por el líder indígena Neis Oliveri Lame en el sentido de que “en el Cauca hay unas 600.000 hectáreas de tierra, de las cuales 100.000 están en manos de indígenas. De estas, 85.000 no son productivas. Y es que estos terrenos son los peor situados o los más lejanos, o los que hacen parte de reservas forestales, bosques o páramos”.

De ser cierto, deberíamos ser mas sensatos con el tema, a fin de evitar más luchas por la tierra, pues este es una causa histórica de confrontación, que nos ha conducido a mas guerra, miseria, desplazamiento y otros males.

Lo cierto es que era necesario que se llegara a un acuerdo, y en este caso, el Presidente Duque tuvo la sensatez necesaria para llevar a cabo la negociación con éxito, y para ponerle la cara al problema que era lo que le correspondía como jefe de estado.

Lo que no se puede permitir y confundir es que, si bien es cierto que la huelga es un derecho,  no se puede utilizar para alterar el orden público, acabar con la economía del país y poner en peligro la integridad, la vida y la libre movilidad de las personas ajenas al conflicto.

Debemos recordar siempre que el bien público debe de prevalecer sobre el privado y, de igual forma, se deben respetar y cumplir los acuerdos, pues el país tiene una mala fama de hacerle conejo a lo que prometió y firmó, y por ello es que las huelgas vuelven, y la confianza se pierde.

Debemos aprender de este lamentable hecho, pues no se pueden acumular deudas sociales de manera indefinida, como tampoco constituirnos en un estado tramposo, o permitir que exista falta de autoridad, ya que en un estado de derecho y democrático, la autoridad es indispensable para garantizar la tranquilidad, el orden y la convivencia pacífica entre todos los los habitantes de este país.

*Ex diplomática