28 de marzo de 2024

Fraudes que matan

29 de abril de 2018
Por Coronel RA Héctor Álvarez Mendoza
Por Coronel RA Héctor Álvarez Mendoza
29 de abril de 2018

Coronel  RA  Héctor Álvarez Mendoza

Una vez más, los principales medios de información de nuestro país, dan cuenta de la inquietud de las autoridades sobre el recurrente caso de la comercialización criminal de medicamentos vencidos, alterados o falsificados que afecta a sensibles sectores de nuestra población. En un reciente y muy visto programa de televisión de la cadena Caracol se había denunciado el aberrante caso de la adquisición y suministro por parte de una clínica de Valledupar, del medicamento “Survanta”, indispensable para tratar y prevenir el llamado “Sindrome de Distrés Respiratorio”, RSD por sus siglas en inglés, necesario para la supervivencia de bebés prematuros afectados con insuficiencia o inmadurez pulmonar. Lo trágico del asunto es que 16 de los bebés prematuros nacidos con esta novedad, a quienes se les aplicó el medicamento falsificado fallecieron poco después de recibirlo. La secretaria de salud del departamento, Carmen Sofía Daza, consultada por los periodistas sobre este preocupante caso, manifestó que una vez recibida la denuncia por uno de los casos, el despacho a su cargo, junto con el INVIMA y el CTI habían realizado una visita de inspección a la clínica señalada en la denuncia, luego de lo cual se inició un proceso sancionatorio administrativo, se allegaron pruebas, se formularon cargos y en este momento se está,  “…a la espera, respetando el debido proceso…”

Menos mal que nuestras autoridades, como en el caso de la secretaria de salud citada, se atienen estricta y religiosamente al debido proceso, en este caso de tipo administrativo, a pesar de que de por medio estamos tratando con el homicidio de 16 inocentes víctimas fatales, cuya muerte aparentemente se debe a la negligente adquisición sin el debido control por parte de las directivas científicas de la clínica, de un medicamento falsificado y a su criminal administración a un bebé prematuro, sin posibilidad alguna de sobrevivir luego de recibir el mortal menjurje. Me pregunto, dónde estarán en este momento los “ingeniosos comerciantes” autores del burdo proceso de falsificación de tan delicados elementos farmacéuticos destinados exclusivamente para devolver el derecho a la vida a los seres más indefensos e inocentes, víctimas de esta imperdonable cadena de corrupción y perversiones.

El caso de los medicamentos falsificados, alterados o comercializados con fechas de vigencia ya vencidas debe considerarse como un atentado contra la salud pública y una amenaza contra la vida de las personas, por lo que su tratamiento ante la ley debe ser equivalente al del homicidio o al intento de homicidio. Es bien conocido el caso, así mismo recurrente y endémico de la falsificación y expendio de licores que se presenta en algunas zonas del país en las temporadas de fiestas, carnavales y ferias que periódicamente se programan en todo el territorio nacional. El inventario de víctimas, intoxicadas con aguardientes, rones, whiskies y otros licores adulterados, fabricados con alcoholes industriales tóxicos, que han muerto, sufrido ceguera o algún otro tipo de secuelas peligrosas, es incontable. Lamentablemente, estos son incidentes que algunas autoridades judiciales tratan con la benevolencia con la que se trata una travesura cualquiera y no con el rigor con el que debe tratarse una intención criminal de esta envergadura. El caso de los homicidios de los 16 bebés de Valledupar clama al cielo. Los responsables de esta conspiración criminal merecen pudrirse en la cárcel y sus almas, cuando les toque el turno, (Ojalá el día esté cercano), merecen irse a lo más caliente y profundo de los infiernos. Sus crímenes abominables no tienen perdón de Dios.

EL CASO “PUDREVAL”

Ante la evidente escasez y desabastecimiento de alimentos de la canasta básica que empezaba a afectar en esos momentos a la revolución bolivariana de Venezuela, el 6 de enero de 2008, el presidente Hugo Chávez, eufórico y optimista, anunció la creación la empresa estatal PDVAL (Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos), entidad  adscrita y dependiente de la estatal petrolera PDVSA, destinada a garantizar  la “soberanía alimentaria” de la revolución socialista del siglo XXI, para lo cual la nueva empresa debería encargarse del proceso completo, desde la adquisición en el exterior de los recursos alimentarios necesarios, hasta su distribución  y venta en los mercados socialistas. La meta original fijada a PDVAL, según los cálculos iniciales, era la de importar 1,551.000 toneladas de alimentos, tarea que se inició de inmediato a través de empresas intermediarias chinas y brasileras. Así que pronto empezaron a llegar barcos cargados con centenares de contenedores de 42 pies cúbicos llenos de alimentos de todas las especies, entre otros, alimentos perecederos como leche líquida y en polvo, verduras, carne y pollo fresco, enlatados, harinas y muchos otros, algunos de los cuales naturalmente necesitaban contenedores refrigerados, que debían permanecer al rayo del sol, en el ardiente clima, propio de los principales puertos venezolanos, por lo cual el suministro de energía eléctrica debería ser continuo y estar garantizado.

No obstante el optimista pronóstico gubernamental, la cadena de distribución no funcionó con el mismo ritmo de las importaciones y los puertos empezaron a sufrir las consecuencias de la improvisación y como es natural, al poco tiempo, por la acumulación y no circulación regular de contenedores, colapsó toda la infraestructura portuaria, recientemente nacionalizada, por lo que su organización y manejo estaban a cargo de la burocracia estatal, poco ducha en la gerencia y administración de tales procedimientos. El problema se agudizó cuando por disposición oficial empezaron a programarse racionamientos de energía eléctrica que obviamente afectaron a aquellos contenedores refrigerados por lo cual, al alterarse la necesaria cadena de frío, sus contenidos corruptibles empezaron a descomponerse despidiendo olores nauseabundos que llamaron la atención de los habitantes de las poblaciones vecinas de dichas instalaciones portuarias.

A continuación, por denuncia de algunos líderes políticos de la oposición se puso en evidencia, no solo de la descomposición de los alimentos perecederos, que de inmediato empezaron a ser desaparecidos, enterrados o incinerados, sino de que la mayoría de los recursos adquiridos tenían fechas de vigencia ya caducadas o a punto de vencimiento, por lo cual se presumía que habían sido adquiridas a precio de quema, pero facturados con cuantiosos sobrecostos.  El mismo gobernador del estado Carabobo, Henrique Salas Feo, el 2 de abril de 2009 denunció la presencia en las bodegas de Puerto Cabelllo de 30 contenedores de 42 pies cúbicos, llenos de recipientes de leche líquida descompuesta.

Adicionalmente, con motivo del terremoto que asoló a Haití en junio de 2010, el gobierno venezolano envió un barco con 51 contenedores, cada uno con 30 toneladas de alimentos como ayuda humanitaria para las víctimas de la destruida nación caribeña. Dicho cargamento de ayuda, consistente en atún enlatado, leche y pasta, recibido por conducto del gobierno de la República Dominicana, encargada por la OEA de la recepción, canalización y distribución de las ayudas internacionales recibidas, fue inmediatamente devuelto por el gobierno dominicano a Venezuela por encontrarse con fechas de vencimiento bastante superadas. Desde ese momento, los venezolanos, en un gesto de ironía le cambiaron el nombre a la empresa estatal importadora y en vez de llamarla PDVAL le asignaron el remoquete “PUDREVAL”, con el que se la conoce desde entonces.

Tiempo después el gobierno venezolano reconoció que había sido un error asignarle a la petrolera PDVSA la responsabilidad de importar y distribuir alimentos, función ajena a su misión de administrar el recurso petrolero del país y trasladó esa tarea al Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, dependencia que, vistos los resultados actuales de desabastecimiento, parece que tampoco ha dado pie con bolas, pero que el gobierno bolivariano ha achacado siempre, no a su ineptitud sino al contrabando de extracción y a una supuesta “guerra económica” por parte del imperio y sus aliados.

No se por cuál asociación de ideas, el caso del escándalo venezolano de las importaciones de alimentos descompuestos y caducados de “PUDREVAL” me hace recordar el reciente caso de la importación de un lote de camiones recolectores de basura bastante usados, oxidados y hasta con la basura original del sitio del cual llegaron, rescatados de su merecido retiro en un depósito de chatarra de Miami, realizada por la pasada administración distrital, a cargo del alcalde Petro y la empresa “Aguas de Bogotá” con un costo cercano a los 76 mil millones de pesos que, luego de su inútil y fugaz paso por las calles bogotanas, hoy descansan plácidamente en otro depósito de chatarra pero esta vez, del norte de la capital. Allí al menos no se descompondrán tan aceleradamente por la oxidación característica, debido a la humedad y el ambiente salobre del nivel del mar, propio del estado de la Florida, de donde vinieron los envejecidos camiones recolectores, cuyas enormes barrigas metálicas estaban más acostumbrados a recoger, comprimir y digerir empaques plásticos, cartones y envolturas desechables de dulces, pizzas y hamburguesas, que los democráticos y tercermundistas ollejos de papa, peladuras de yuca, cáscaras de plátano y desechadas hojas de mata de plátano usadas como envolturas de tamal. ¡Burp…!