24 de enero de 2021
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Verdades a medias sobre medicamentos en la Emergencia Social

11 de abril de 2010
11 de abril de 2010

Sobre los medicamentos hay muchas verdades a medias que se han utilizado para favorecer a terceros, en un Gobierno que parece haber renunciado a su papel de poder público, para convertirse en árbitro de diferentes intereses comerciales.

Para empezar, es cierto que el costo de los medicamentos no POS ha crecido enormemente en los últimos años. Pero no es tan real que ese crecimiento haya sido abrupto, impredecible o sobreviviente como para justificar la declaratoria de emergencia. Basta ver los porcentajes de crecimiento, año por año, del valor de los recobros al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga), en donde los últimos años no son los más “disparados” (ver gráfico).

Realmente, los “años maravillosos” en los que los recobros crecieron entre 6 y 10 veces más en un solo año fueron 2003 y 2004. Pero a lo que realmente asistimos, y esta es la verdad a medias más protuberante de la emergencia, es a un carrusel de corrupción en el que captan mucho dinero los intermediarios institucionales (las EPS y las IPS) y las industrias comercializadoras de medicamentos monopólicos de alto costo, poco dinero algunos médicos debidamente seleccionados y todos los ciudadanos contribuimos a pagar la cuenta.

Al parecer nadie cometió delito alguno. Digamos que asistimos a un carrusel de enriquecimiento lícito, gracias a una actitud permisiva y complaciente del regulador, que no actuó en defensa del interés público y que cuando la crisis estalló, asumió el papel de mediador, de amigable componedor, de intermediario. Cualquier cosa, menos autoridad.

El porqué del mucho

Captaron mucho dinero los intermediarios del mercado institucional porque, como lo hizo público El Tiempo (11/03/2010), a partir de un estudio presentado por la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro) y que fue utilizado por el Gobierno como uno de los motivos de la declaración de la Emergencia Social, se registraron recobros por el doble, el triple y más del valor de venta del laboratorio. Dinero legal, o al menos no ilegal, en la medida en que el Gobierno había determinado una libertad de precios, tanto para productores como para comercializadores, siguiendo la convicción de los productores de que “el mercado” era capaz de mantener el control.

Captaron mucho dinero los afiliados a Afidro, a través de dos mecanismos que han tenido menos publicidad: 1) En el marco de una libertad de precios, subieron los suyos a niveles muy superiores comparados con los de la región, gracias a la concesión heredada de la negociación del Tratado de Libre Comercio, y al legado académico del estudio de Fedesarrollo–Fundación Santa Fe (financiado por la Corporación Andina de Fomento y ordenado por el Ministerio de Comercio, para contrarrestar los estudios presentados por la OMS, la OPS y la Fundación Ifarma–Misión Salud) y del estudio de Econometría (financiado directamente por la industria).

2) Mediante el apoyo a médicos, a grupos médicos y a asociaciones científicas, se promovió el uso creciente de medicamentos de alto costo y alta rentabilidad, llegando incluso a prácticas contrarias a la ética como el pago directo por receta de ciertos productos, o por la inclusión de pacientes en protocolos de investigación clínica de dudosa pertinencia clínica pero de alto interés promocional. Esto se complementó con oficinas de apoyo legal para tutelas, y con el financiamiento de grupos de pacientes que reclamaron la superioridad de los medicamentos originales sobre los genéricos, y solicitaron la inclusión en el POS de medicamentos de cuestionable utilidad farmacológica.

Como resultado de esa combinación de “todos ganamos”, tenemos productos que sin ventajas reales sobre productos antiguos fueron objeto de un “uso masivo” con costos enormes para el sistema. Es el caso del Esomeprazol, un antiulceroso que no es mejor que el Omeprazol, pero que vale muchísimo más y gusta muchísimo más a los médicos y a los pacientes.

Los medicamentos más caros del mundo

Con respecto a los precios, es verdad que los medicamentos en Colombia están entre los más caros del mundo, incluso superan a los de Estados Unidos, Inglaterra o Alemania. Así lo reveló un estudio realizado por Health Action International (HAI) en 93 países sobre el precio de Cipro®, producto de Bayer. Un análisis realizado por el diario El Tiempo (24/02/2010) mostró que en el país los medicamentos de mayor peso en los recobros al Fosyga cuestan entre 10% y 70% más que en países vecinos.
En el caso de Kaletra, medicamento esencial en el tratamiento para el VIH, el Gobierno informó que se ha logrado un ahorro de USD$11 millones, gracias a la emergencia. La verdad es que este ahorro es el resultado de la solicitud de licencia obligatoria sobre la patente del producto presentada hace dos años por organizaciones de la Sociedad Civil, y que presionó una reducción en el precio, que no fue acatada por Abbott, el laboratorio fabricante.

Recientemente, el Cardenal Pedro Rubiano señaló que las patentes y la protección de datos facilitan los monopolios que se traducen en precios altos, y sugirió al Gobierno utilizar las licencias obligatorias, las importaciones paralelas y suprimir la protección de datos de prueba para bajar los gastos, en lugar de recurrir a los ahorros de las familias.

Lo que también es verdad, y que no ha dicho el Gobierno, es que no se necesitaba en absoluto de una emergencia para corregir semejante comportamiento irresponsable. Con una circular de la Comisión Nacional de Política de Precios de Medicamentos, se habría podido corregir el daño causado por el régimen de libertad introducido con otra circular, la número 04 del 2006.

No habría sido necesario recurrir a medidas, de todas maneras saludables pero inadecuadas e incompletas, como las multas a los márgenes excesivos, el control de precios a productos monopólicos y el régimen de sanciones.

Resulta molesto observar la manera en la que el Gobierno carga la responsabilidad a los actores más débiles, los médicos, en la medida en que por su perfil individualista no se agrupan con facilidad (la Emergencia parece haber logrado una cohesión médica muy inusual) y los pacientes quienes serán encarcelados si “venden” un medicamento suministrado por el sistema, y deberán contribuir a pagar la cuenta con su patrimonio.

La declaración de emergencia difícilmente soportará el examen de constitucionalidad. De otro lado, para modificar la actual política de precios, habría bastado una circular de la Comisión de Precios, no una emergencia; de igual manera, conceder licencias obligatorias solo requiere la decisión política.

Para frenar la corrupción apenas se necesita independencia y compromiso.
Bajo el análisis que permite este contexto, con emergencia o sin emergencia el Sector Salud exige una reforma profunda, que incluye la revisión de la política de precios y de la protección a la propiedad intelectual.

En el año 2009, el senador Jorge Ballesteros presentó un proyecto de ley (128 de 2009, senado) que se ocupa de estos temas con propuestas que merecen un análisis serio. Incluye la abolición de las patentes y de la protección de los datos con exclusividad; prohíbe el uso de marcas de fantasía para los medicamentos, que solamente tienen por objeto diferenciar los productos y subir los costos; restringe la publicidad farmacéutica especialmente en medios masivos de comunicación, y limita las relaciones entre la industria y los médicos.

Finalmente, propone un mecanismo de gastos compartidos entre aseguradores y el Fosyga, con el objetivo de eliminar los incentivos perversos al sobreuso de medicamentos de alto costo y alta rentabilidad.

(Por: José Julián López Gutiérrez Francisco Rossi,)