El país que queremos

Pasadas las elecciones y las subsiguientes etapas de conteos, escrutinios y verificaciones, y definido el ganador de la presidencia de la República, empezamos a ver el país que queremos. Es así como: por una parte, el elegido como presidente nos dice que será el presidente de todos los colombianos y que no habrá ciudadanos perseguidos por causas ideológicas. En tanto, por otra parte, algunos ya anuncian que harán de Colombia un país invivible.

Son a todas luces las posiciones que se nos presentan y desde ya nos anuncian que no habrá paz para el que gobierna y, haga lo que haga sin distinguir si es en beneficio de los colombianos, no le será posible gobernar en paz y estarán volcados a las calles a repetir lo que hace unos años se llamó estallido social, cosa que no fue cosa diferente al asalto que los grupos extremistas y narcotraficantes pagaron para que los desadaptados y dispuestos a todo saltaran sobre la sociedad a cambio de unos pesos, ya que, para esas personas el bien común es un concepto que ignoran y sobre el cual ponen sus propios intereses, que no van más allá de gloriarse de sus tropelías y osadías.

Tenemos pues que no vale para nada el que llegue a la presidencia alguien que tenga en mente el bien común y que la ley se cumpla para todos como única forma de que la sociedad viva en paz. No! Para ellos está por sobre todas las cosas el que se les autorice el abuso de las llamadas formas de lucha que les permita tener un gobierno proclive a sus pretensiones en el que se les concedan beneficios para el desarrollo de sus actividades tal como hasta ahora y en estos últimos años han podido hacerlo. Notificados estamos todos los colombianos y en nosotros, por sabido está, la solución de impedirles sus desafueros.

Desde luego que ahora también estamos frente a las notificaciones que al presidente elegido se le hace de parte del candidato vencido, quien le exige perentoriamente las declaraciones que debe hacer antes de asumir el mandato que se le ha dado, pues debe renunciar públicamente a la nacionalidad americana que tiene y a la par debe ratificar que no es parte de los organismos de seguridad americanos. Tiene, igualmente, que declarar que judicialmente no se perseguirá al saliente presidente Petro y que no lo extraditará. Y advierte que de no cumplirse estas exigencias iniciará un proceso de desobediencia pacífica.

De esta manera, el perdedor en las elecciones inicia su “gobierno”, si es que cabe decirlo, pues le está marcando parámetros al desarrollo de la gestión del elegido presidente.

Aquí cabe aclararle a Cepeda qué, si el presidente saliente ha violado la ley, a la ley debe someterse y a las consecuencias que de sus actos se deriven y qué, aún no se ha establecido inmunidad legal alguna para algún funcionario. Me temo que este ultimátum tenga algo que ver con lo que en los últimos días hemos oído sobre los acuerdos con los delincuentes y con la entrega formal del Estado y de la Patria al querer de ellos, lo que sin lugar a dudas es una infame traición a la Patria, a lo que se agregan acuerdos para la barrida de altos mandos militares conocedores del funcionamiento y operaciones armadas, la carencia de presupuestos para mantenimiento de equipos estratégicos y  la filtración de información clasificada. La Justicia determinará el proceder a seguir si cabe tal acusación, razón por la cual Cepeda pide al nuevo presidente lo imposible.

Finalmente, una cosa es la oposición que le es dable al perdedor y a la que está llamado y otra cosa es la amenaza y el proceder si no son aceptadas sus exigencias. Esperamos que esa oposición sea en bien del país, que la misma se constituya en el medio que dé lugar al mejoramiento de las propuestas del gobernante, todo en beneficio del común.