¿Juzgarán a Gustavo Petro por traición a la patria?

La revelación que hizo en Caracol Noticias el periodista Ricardo Calderón de los audios de conversaciones entre el entonces comisionado para la paz, Danilo Rueda, y Luis Armando Pérez, el comandante “Jerónimo” del Clan del Golfo, en el sentido de garantizarle a este grupo armado no ser perseguido, sacudieron a Colombia pocos días después de la segunda vuelta en la elección presidencial. Y no era para menos. Esos audios confirmaban lo que desde el inicio de este gobierno era vox populi: que Gustavo Petro tenía maniatada a la Fuerza Pública para combatir a los grupos delincuenciales. Para nadie era un secreto que, debido a la “paz total”, que no fue otra cosa que la entrega del país a la delincuencia, soldados y policías no podían atacar a las bandas criminales. 

En la grabación revelada por el noticiero del Canal Caracol se escucha el diálogo entre los dos hombres arriba mencionados. Alias “Jerónimo” le pide al gobierno levantarles las órdenes de captura, la depuración de los órganos de inteligencia, la detención de los bombardeos, el desescalamiento de los operativos en su contra y el levantamiento de las órdenes de extradición. A todas estas solicitudes, el comisionado Danilo Rueda le contesta que ya se está actuando en este sentido, y que se comprometía a cancelar cualquier operativo que se estuviera planificando. Luego le dice que hablará con el ministro, que entonces era Iván Velásquez, hoy embajador de Colombia en Roma, para que agilizara el retiro del ejército y de la policía de oficiales que les eran incómodos. 

El trato despectivo del presidente de la República hacia las Fuerzas Armadas lo advertimos los colombianos el día en que, en un acto en la Escuela Militar de Cadetes, sometió a la institución a lo que podría llamarse una humillación, cuando dio posesión al mayor general Hugo Alejandro López Barreto, hoy comandante General, como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares. Fue el 20 de julio de 2024. Ese día, en la tarima, Gustavo Petro se quedó sentado en la silla cuando el alto oficial fue llamado para asumir el cargo. Eso fue un irrespeto a la institución. Como presidente, debió haberse puesto de píe para saludarlo, cumpliendo el protocolo militar. Ni siquiera le tendió la mano. El asombro de quienes hacían presencia en el acto fue notorio. Parecía un emperador en el trono. 

Una semana después de haber asumido como presidente de la República el país se sorprendió ante el llamado a calificar servicios de cerca de cuarenta generales. Eran oficiales con excelente preparación, troperos la mayoría de ellos, con experiencia en asuntos de orden público. ¿Por qué se tomó una medida de esta naturaleza? ¿Qué se buscaba con ella? Ese día los colombianos entendimos que se trataba, simplemente, de debilitar al ejército. De ahí en adelante, el gobierno de Gustavo Petro bajó la guardia frente a la criminalidad. Tanto, que permitió la presencia de guerrilleros en varias poblaciones en actividades llamadas por ellos cívicas. Y empezaron a pasearse tranquilos por las calles de los pueblos donde tienen influencia. La policía nada podía hacer para evitar sus manifestaciones.  

La llamada “paz total” permitió el fortalecimiento de los grupos al margen de la ley. El Clan del Golfo, que al inicio de este gobierno tenía en sus filas cerca de cinco mil hombres y hacia presencia en 128 municipios, pasó a tener influencia militar en 328, e incrementó su número de miembros a una cifra cercana a los diez mil en estos cuatro años de gobierno. Crecimiento logrado porque el combate contra el crimen organizado no fue preocupación de Gustavo Petro. Las razones para que esto fuera así están claras en los audios revelados por Ricardo Calderon. Esto es una traición a la patria. Colombia lo eligió para que le garantizara la seguridad, no para que fuera complaciente con los grupos armados.  Su persecución fue nula. Con esto demostró que poco le importaba la seguridad del país.  

En este gobierno los militares que actuaron contra los delincuentes fueron castigados. El general Erik Rodríguez, que denunció la carnetización en el Meta por las disidencias de Calarcá para que la gente votara por Iván Cepeda, fue llamado a calificar servicios. Lo mismo ocurrió con el general Jorge Ricardo Hernández, entonces comandante de la Cuarta Brigada del Ejército, que ordenó el operativo donde fue detenida la caravana de alias Calarcá, el 23 de julio de 2024, en Anorí (Antioquia). Según El Colombiano, 35 militares retirados del ejercito a principios del gobierno Petro fueron ordenados “para no entorpecer la negociación de paz con el Clan del Golfo”. Favorecer a los delincuentes es una traición a la patria. ¿Juzgarán a Gustavo Petro por este delito? Millones de colombianos esperamos que sí.