El aquelarre. La zona comercial bilateral

La zona comercial bilateral. Insiste el señor Nicolás Maduro, quien es, gústenos o no, quien tiene en sus manos las riendas del poder en Venezuela, en su idea de crear una zona comercial bilateral «con libertad comercial total» (así la define Maduro» que comprenda el territorio que incluye al departamento colombiano de Norte de Santander y al estado venezolano del Táchira. 

Esta iniciativa vendría a sumarse al convenio que acaban de firmar en Caraca los dos países, para promover las inversiones bilaterales. La zona comercial bilateral tendría como características el libre comercio, la libre inversión, y la promoción del desarrollo conjunto de ambas secciones.  

Ojalá se logre poner en práctica este proyecto. Recordemos que, antes de la ruptura de las relaciones comerciales entre los dos países, el comercio internacional entre Colombia y Venezuela andaba por los seis mil millones de dólares anuales. Es cierto que el asunto terminó mal, y que los empresarios colombianos perdieron dinero por el incumplimiento de los pagos por parte de los importadores de ese país, muchos de los cuales encontraron obstáculos insalvables para lograr que su gobierno les suministrara las divisas necesarias para esos pagos. Pero siendo esta ahora una propuesta del gobierno vecino, y siendo la nación venezolana la más beneficiada en caso de ponerse en práctica esa zona comercial, es natural pensar que ese régimen será el más interesado en que el proyecto sea un éxito. Basta establecer unos mecanismos efectivos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones, uno de los cuales partiría en forma directa del objetivo declarado para el acuerdo que se acaba de aprobar: asegurar la promoción y protección recíproca de las inversiones. Habrá en Colombia, seguramente, voces que se opondrán a estas realizaciones con el argumento de que el gobierno de Venezuela es una dictadura. Argumento que no tiene valor, no porque no lo sea –que sí lo es–, sino porque no se aplica a otras dictaduras como la de China, con la que hemos contratado el metro para Bogotá, o la de Cuba, que, a pesar de serlo, seguirá como garante de las conversaciones de paz con el ELN. 

¿Para qué persiguen a doña Irene Vélez? Es gastar pólvora en gallinazos. Ciertamente, la ministra de Minas ha dado todas las muestras posibles de que está en el lugar equivocado. Seguramente lo haría mucho mejor en cultura, educación o medio ambiente. Cada que abre la lengua mete la pata, con sus torpes declaraciones lanzadas al viento sin ningún análisis, y siembra el pánico entre los inversionistas extranjeros, sobre todo entre los de las áreas de minas y energía, a pesar de que sabe que los necesitamos rabiosamente, y que, sin ese sector, Colombia no sobrevivirá. 

Pero, ¿para qué gastarle más tiempo y esfuerzo en buscarle la caída? Las mociones de censura han dado claras muestras de su total inutilidad en nuestro sistema parlamentario. Por más razones técnicas que haya para sacarlas adelante, siempre se convierten en debate políticos. Al final lo que se vota no es si el ministro sirve o no sirve, sino si cuenta o no con el apoyo de la bancada mayoritaria. Y actualmente, cuando tirios y troyanos se han subido al carro del vencedor, no hay la más mínima posibilidad de que los pocos oposicionistas e independientes que quedan, puedan lograr que el bloque del gobierno vaya a darle la espalda a una persona que cuenta con el apoyo irrestricto de presidente Petro. Más fácilmente pasa un camello por el ojo de un aguja, que la señora Vélez por la puerta de salida del gabinete ministerial. Quienes se oponen al decrecimiento, a dejar enterrados los hidrocarburos que no hayan sido ya cubiertos por contratos anteriores, y a comprarle gas a Venezuela, deberían orientar todos sus esfuerzos a cambiarle un poco al terco presidente sus decisiones sobre el tema, que a tratar de tumbar a la ministra. No lo lograrán. E incluso, en el utópico caso de que doña Irene se aburriera y renunciara, nada se habría ganado. El presidente nombraría otra persona para ese ministerio, pero seguiría con sus decisiones, que no son del ministro sino de quien detenta el poder.            

El logro de don Amýlkar. Me refiero al dirigente político guajiro Amýlkar Acosta Medina (y, aunque se vea raro, escribimos su nombre así, con tilde sobre la y porque, sin ella, ese nombre debería pronunciarse como palabra aguda, y a nadie se le ocurre pronunciar Amylcar, con acento en la segunda a. Si no le creen a esta vieja Bruja, pregúntenle a don Efraím Osorio, a «Cazador» o a Jairo Cala Otero, el autor de la habitual columna Descachadas idiomáticas).  

Pero volvamos al tema central: empezaba a contar que el señor Amýlkar Acosta ha sido nombrado director de la Región Administrativa de Planificación (RAP) del Caribe. Habrá que felicitarlo por ese logro que venía persiguiendo hace rato. 

En 1991, la Asamblea Nacional Constituyente, por iniciativa de la bancada costeña en esa corporación, introdujo como de afán, entre los 380 artículos definitivos y buena cantidad de otros transitorios que integran nuestra carta magna, los artículos 306 y 307 con los que, como lo explica el propio señor Acosta en su columna La apuesta por la RAP del Caribe, publicada en este diario el pasado 29 de enero, «dio vía libre a las regiones para que se pudieran constituir como RAP primero y como entidades territoriales (RET) después. 

Con esos dos articulitos se abrió la posibilidad de crear una inmensa burocracia nueva, cuyo costo es incalculable. Parecería que los constituyentes no analizaron las consecuencias de esta decisión aparentemente intrascendente o, por el contrario, que sí la analizaron muy bien y se dieron cuenta del filón que estaban descubriendo para alimentar lo que ahora llamamos mermelada: cantidades ingentes de cargos públicos para ofrecer. Fuera cual fuere la razón de su actitud, lo cierto es que propiciaron la creación de un nivel más en la sencilla división política que Colombia tenía en ese momento, ‒una nación dividida en departamentos y estos en municipios, sin más enredos–, que bastaba para garantizar una buena organización del territorio para un país como el nuestro. 

En el Aquelarre tenemos otros comentarios por hacer sobre este asunto; pero, por hoy, debo salir ahora hacia una clínica, para someterme a una pequeña cirugía, porque con los mágicos filtros brujeriles que me he aplicado no he logrado resolver un leve problema de salud que me aqueja. Tendré oportunidad de experimentar la calidad de los servicios de mi EPS, y comentaremos a los lectores la calidad que nos brinde el sistema que tanto desafecto le produce a la señora Corcho. De aquí a ocho días entonces, compartiremos con los lectores, tanto lo que tenemos que agregar sobre el futuro de las RET, y en especial de la que está en vías de organizarse en el llamado Eje Cafetero, como la evaluación de nuestra experiencia directa frente al actual sistema de salud.