Recuperar los medios públicos para fortalecer la democracia

Reflexión para la construcción del Plan Estratégico para la Recuperación, Modernización y Fortalecimiento del Sistema Público Audiovisual Colombiano 2026–2030.

Cada vez que se habla de los medios públicos en Colombia, la discusión suele terminar reducida a una pregunta equivocada: ¿cuánto rating tienen?  como si la única forma de medir el éxito de un canal de televisión o de una emisora de radio fuera competir por la audiencia con los operadores comerciales.

Nada más distante de la naturaleza de un verdadero sistema de medios públicos.

Los medios públicos no existen para ganar la competencia del rating. Existen porque una democracia los necesita. Su razón de ser no es disputar audiencias ni vender espacios publicitarios. Su misión consiste en garantizar derechos, fortalecer la democracia, preservar la cultura, promover la educación, integrar el territorio y asegurar que todos los ciudadanos, sin importar dónde vivan o cuál sea su condición económica, tengan acceso a contenidos de interés público.

Por eso su legitimidad no depende de su capacidad para competir con los operadores comerciales, sino de su capacidad para generar valor público. Ese es el verdadero patrimonio de los medios públicos.

En los últimos meses, al calor de las críticas que ha suscitado la gestión de RTVC, han aparecido en distintos escenarios y redes sociales voces que incluso cuestionan la conveniencia de mantener los medios públicos. Es un debate legítimo, pero parte de una premisa equivocada. Una administración puede fracasar, pero una institución no debe desaparecer por ese motivo.

Sería tan absurdo como proponer el cierre de una escuela, o de una universidad o de un hospital públicos porque una administración los condujo por un mal camino.

Lo que debe corregirse es la gestión, no la existencia de una institución que responde a una finalidad mucho más profunda que cualquier coyuntura política.

Los medios públicos no son una concesión del gobierno de turno ni una empresa más dentro del mercado audiovisual. Son una expresión de la función social del Estado. La Constitución les da sentido al imponer al Estado el deber de garantizar el acceso a la información, promover la educación y la cultura, proteger el pluralismo y asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos. La radio y la televisión públicas constituyen uno de los instrumentos más eficaces para hacer realidad esos mandatos.

El éxito de un medio público nunca podrá medirse únicamente por el tamaño de su audiencia. Debe medirse por el valor público que genera: cuánto contribuye a formar ciudadanos mejor informados; cuánto fortalece la deliberación democrática; cuánto preserva la memoria y la identidad cultural; cuánto acerca la educación y el conocimiento a las regiones; cuánto integra a un país diverso y cuánto garantiza que la información de interés público llegue incluso allí donde las lógicas del mercado nunca llegarán.

Ese es el estándar con el que las democracias contemporáneas entienden y evalúan sus sistemas públicos audiovisuales.

No se trata de una singularidad colombiana. Por el contrario, constituye una característica común de las democracias más consolidadas del mundo. Cada país ha construido su propio modelo institucional, de financiación y de gobernanza, pero todos comparten una misma convicción: la radio y la televisión públicas cumplen funciones que el mercado, por sí solo, no puede garantizar plenamente.

El Reino Unido reconoce en la BBC una de sus instituciones públicas más representativas; Alemania ha consolidado un sólido sistema de radiodifusión pública nacional y regional; Francia y España mantienen importantes servicios públicos audiovisuales; mientras que, en Estados Unidos, bajo un modelo diferente, PBS y NPR desempeñan un papel fundamental en la educación, la cultura y la información de interés público. En América Latina ocurre algo similar: Chile, Brasil, México, Uruguay y otros países han preservado sistemas públicos audiovisuales con distintos modelos de organización, pero con un propósito común: garantizar que exista una oferta de contenidos orientada al interés general y no exclusivamente a las lógicas del mercado.

Los modelos pueden ser diferentes. El principio es el mismo. Ninguna democracia seria discute si debe tener medios públicos. Lo que discute permanentemente es cómo hacerlos más independientes, más modernos, más transparentes y útiles para la sociedad. Ese debería ser también el debate en Colombia.

Existe, sin embargo, un componente del que casi nunca hablamos. Cuando discutimos sobre los medios públicos solemos concentrarnos en la programación, los contenidos o las audiencias. Muy pocas veces dirigimos la mirada hacia el activo más importante del sistema: la infraestructura pública nacional de radiodifusión.

Sin esa infraestructura no existen medios públicos.

Las torres, las estaciones de transmisión, los sistemas radiantes, las redes de transporte de señal, los centros de emisión y las plataformas de distribución constituyen un activo estratégico del Estado, tan importante como una red eléctrica, una carretera o un acueducto. Son la infraestructura que hace posible que la información, la educación, la cultura y los contenidos de interés público lleguen hasta el último rincón del país.

Cuando esa red se deteriora, cuando pierde capacidad tecnológica o cuando deja de administrarse estratégicamente, no solo se afectan unos equipos. Se debilita la capacidad del Estado para cumplir una de sus responsabilidades esenciales: garantizar el acceso universal a un servicio público que hace efectivos derechos fundamentales.

Por eso la recuperación de los medios públicos no puede limitarse a cambiar una programación o reemplazar unos directivos. Lo que Colombia necesita es una verdadera política de Estado.

Una política que recupere la independencia institucional de los medios públicos fortalezca su credibilidad, modernice la infraestructura nacional de radiodifusión, acelere su transformación digital y devuelva a la radio y a la televisión públicas su papel como escenarios de educación, cultura, información plural e integración territorial.

Esa política de Estado debería materializarse en un Plan Estratégico para la Recuperación, Modernización y Fortalecimiento del Sistema Público Audiovisual Colombiano 2026–2030, concebido no como un simple programa administrativo, sino como una verdadera hoja de ruta para reconstruir uno de los instrumentos más importantes de nuestra democracia.

Su punto de partida debería ser una idea sencilla, pero profundamente transformadora: el Sistema Público Audiovisual Colombiano no debe ser evaluado por su capacidad para competir con los operadores comerciales por el rating, sino por su capacidad para generar valor público para toda la sociedad.

Ese valor público se expresa cuando la radio y la televisión públicas garantizan el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz e imparcial; cuando acercan la educación y la cultura a todos los rincones del país; cuando fortalecen el pluralismo, preservan nuestra identidad cultural, integran las regiones y ofrecen espacios para la deliberación democrática.

Pero esa misión solo puede cumplirse si el Estado cuenta con la capacidad real para hacer llegar esos contenidos a todos los colombianos. Por eso contenidos e infraestructura no pueden seguir entendiéndose como asuntos separados. Constituyen dos componentes inseparables de una misma política pública.

Los contenidos representan la misión del servicio público. La infraestructura constituye la capacidad del Estado para hacer efectiva esa misión.

De poco serviría producir los mejores contenidos educativos, culturales o informativos si millones de ciudadanos no pueden recibirlos por falta de una red moderna, confiable y suficientemente robusta, de la misma manera, una infraestructura tecnológicamente avanzada perdería sentido si no estuviera al servicio de contenidos que generen conocimiento, ciudadanía, inclusión y cohesión social.

La recuperación del Sistema Público Audiovisual Colombiano exige avanzar simultáneamente en ambos frentes. Modernizar la infraestructura pública nacional de radiodifusión, recuperar la independencia institucional, fortalecer la producción de contenidos de excelencia, impulsar la transformación digital, reconstruir el ecosistema de productores independientes y consolidar un modelo de gestión que permita devolver a los medios públicos su verdadera razón de ser: servir al interés general y generar valor público para todos los colombianos.

Durante muchos años los medios públicos fueron también un motor para el desarrollo de la industria audiovisual nacional. Cientos de productores independientes, realizadores, guionistas, músicos, actores, universidades y empresas creativas encontraron allí un espacio para innovar, generar empleo y construir algunos de los mejores contenidos educativos, infantiles y culturales de nuestra historia reciente. Recuperar esa vocación significa también recuperar oportunidades para miles de colombianos y volver a convertir a la televisión y a la radio públicas en un aliado estratégico del talento nacional.

La discusión, entonces, no debería centrarse en si Colombia debe conservar sus medios públicos. La verdadera discusión consiste en definir qué sistema público audiovisual necesita el país para las próximas décadas: un sistema independiente de cualquier gobierno, administrado con criterios técnicos, financiado de manera estable, respaldado por una infraestructura moderna, abierto a los productores independientes, comprometido con la calidad de sus contenidos y orientado exclusivamente por el interés general.

Los gobiernos cambian. Las administraciones pasan. Las coyunturas políticas terminan. Los medios públicos permanecen. Y su verdadero éxito nunca dependerá del rating que obtengan, sino del país que ayuden a construir.

En una próxima columna compartiré algunas de las ideas que, a mi juicio, deberían integrar esa hoja de ruta para la recuperación, modernización y fortalecimiento del Sistema Público Audiovisual Colombiano. Porque las instituciones se reconstruyen con una visión clara, objetivos medibles y decisiones de Estado.