Derecho

Las ciencias sociales necesariamente están entrelazadas entre sí, como que todas ellas se ocupan de las características de los seres humanos que conforman comunidades de toda clase. 

El hombre no es un ser exacto. Las ciencias que lo estudian en sociedad, no pueden ser, en modo alguno, exactas, porque se alejarían del objetivo de su estudio. 

Los seres humanos son cambiantes, todos los días. Individualmente nadie se entera de esos cambios, pues de tanto verse así mismos, se observan iguales. No son iguales hoy a lo que fueron ayer. Los cambios los pueden detectar con facilidad los otros, no el individuo en su mirada cotidiana. 

Propio de la ciencia es que elabora paradigmas e incluso axiomas, por lo que no ha sido uno solo el científico, de ciencias exactas, como las matemáticas, que no han dudado en cuestionar la validez de las ciencias sociales como ciencias, precisamente por su característica de cambiantes. Lo social cambia tanto como los seres humanos. Apenas lógico que lo que lo estudia revista las mismas características. 

Tanto la Política como el Derecho son ciencias sociales. Con el agravante que existe la tendencia universal a confundirlas. Consideran que Política y Derecho son la misma cosa y ahí surgen polémicas de nunca acabar cuando se piensa con las ideas imperantes o que buscan imperar y con las normas como tal. 

La Política es la ciencia que se ocupa del hombre en sociedad, es decir es lo que permite la organización social y hasta ahora no se ha definido y explicado mejor el concepto que como lo hizo Aristóteles hace miles de años en su obra que tiene como título La Política. 

Se duda grandemente  de quienes se dedican al ejercicio de la Política de si alguna vez se arrimaron siquiera a dicha obra, para llegar a dirigir núcleos sociales amplios. La duda es grande y casi se acerca a la certeza de que no lo han hecho, ni lo van a hacer porque no es de fácil lectura. Además porque es demasiado frecuente que quienes dicen hacer Política, lo que ciertamente hacen es Politiquería, es decir la consecución de votos, para cualquier cosa, a cambio de algo. Te doy, te prometo dar, o te dí a cambio de que votes por mi. Eso no es Política, es Politiquería y de eso se sabe mucho en Colombia. 

El Derecho es la ciencia que reúne las normas que hacen posible la convivencia pacífica entre los seres humanos en sociedad, pues sin ellas reinaría el caos, que es, precisamente, lo que genera el delito o la ausencia de las reglas de juego. Cada quien tiene la tendencia natural a hacer lo que le viene en mente, especialmente aquello que lo favorezca en sus intereses personales. Cada quien hace aquello que le genere su bienestar. Pensar en el otro no es propio del ser humano, aunque muchos predicadores así lo sostengan, invocando la solidaridad, que se debe a todos los seres vivos. Se habla de ella, se practica poco. 

Se ha presentado en los últimos días una gran polémica alrededor de estas ideas introductorias. Fue a raíz de la atención en segunda instancia del proceso penal que se ha seguido al expresidente Álvaro Uribe Vélez, por interceptaciones ilegales y con fines de perjuicio a otras personas, que no son pocas y que se constituyeron dentro de la causa como víctimas, caso de Eduardo Montealegre Lynet e Ivan Cepeda. 

El Derecho es objetivo. No puede tener sesgos de conveniencia. Es una norma general y por tanto debe y puede ser aplicada a todos. Nunca ninguna decisión jurídica podrá estar exenta de debates, como que se mira desde el punto de vista político y no jurídico. 

En lo jurídico el principio que rige la aplicación de la ley no es otro que el análisis crítico de lo probado. La prueba es objetiva. Dice o no dice que algo sucedió y debe soportar el esclarecimiento de todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que haya sucedido. 

En Derecho lo que no se pruebe no existe, aunque el pensamiento político desee otro resultado. Incluso, puede aparecer evidente que el hecho ha sucedido, pero si no existe la prueba que conduzca a la certeza indubitable de su existencia, no es posible que con el mero sesgo emocional se pueda decretar. 

Los líderes políticos siempre generan opiniones diversas. Por eso lo son. Para eso lo son. Buscan tener partidarios, pero no pueden evitar adversarios, porque la unanimidad no cabe dentro de la mente colectiva. Ni siquiera en núcleos sociales pequeños es posible contar con la unanimidad. Esos líderes cuando son objeto de cuestionamientos jurídicos, existe la tendencia a juzgarlos más por la afinidad ideológica que por la certeza probatoria que se pueda aportar. 

Una señora Juez de la República, de quien dicen que nunca ha podido aprobar los exámenes de calidad para ser nombrada en propiedad, no dudó en condenar al ex mandatario a 12 años de prisión, aceptando como válidas y eficientes las pruebas que se aportaron, en gran parte los testimonios de personas que han sido objeto de condenas penales, cuya credibilidad hasta un niño de primaria sería capaz de cuestionar. Para ella era suficiente y se encumbró en la popularidad de ser la primera Juez que condenó a un expresidente de la República, y no a cualquiera, sino a alguien que se ha convertido en el protagonista de los últimos años de vida pública del país. 

Surgía evidente que la defensa interpondría los recursos correspondientes, consagrados en el Debido Proceso, ante la inconformidad de la decisión. 

Tratándose de un líder político, con quien se esté o no de acuerdo, sus contrarios, para no decir sus enemigos, celebraron y aplaudieron la condena y no faltó quien manifestara que debió haber sido mucho más severa, para salir de una vez de la perversa figura del condenado.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en una de sus salas conoció de la segunda instancia y en decisión mayoritaria revocó la sentencia de primera instancia y en su lugar absolvió al encartado de los cargos que se le habían formulado, con un análisis probatorio que demuestra, por encima de todo, la gran seriedad y el criterio científico de los Magistrados, quienes en tal caso  no se apegaron a las animadversiones o querencias con el dirigente político, sino a lo ciertamente acreditado con las pruebas que se recaudaron en el caso, que, por demás, no se tramitó de un día para otro, sino que fue un largo trabajo de diligencias y recaudos de acreditación. 

La audiencia de segunda instancia, como la de la primera, al ser de carácter público, fue presenciada por todo el país, mediante la transmisión por televisión en vivo, lo que tuvo en atención permanente a quienes de alguna manera se interesan por esta clase de asuntos. 

En la primera instancia se pudo detectar  un enorme contenido emocional de quien tomó la decisión, lo que fue puesto en evidencia en el análisis de la segunda instancia. En esta se remitieron los jueces al análisis crítico para tratar de encontrar lo que demanda el Debido Proceso, que no es más que la plena certeza de la existencia del delito o delitos y de la responsabilidad de quien aparece como autor del mismo. Ese análisis no es, no puede ser emocional. Tiene que ser científico. Y en esa confrontación entre la visión emocional de la primera instancia y la objetiva de la segunda, se arribó a la conclusión de la ausencia de responsabilidad  del enjuiciado. El Derecho no es para cobrar venganzas políticas o de otro orden, es para aplicar la norma, con las exigencias que ella misma demanda. 

Hubo un salvamento de voto de la Magistrada Leonor Oviedo Pinto, tan respetable como las consideraciones de los Magistrados qué hicieron la mayoría en la decisión, como que en el Derecho, la norma es una sola, pero pueden darse, y se dan, modificaciones en la interpretación de ella, que no otra cosa es la Hermenéutica Jurídica, que es ciencia que se agrupa dentro del campo de la Filosofía Jurídica. 

El debate que ha generado el caso ha llegado a la inimaginable situación de que una persona, de quien se dice que fue Magistrado de algo, denunció a la Magistrada que salvara su voto, exigiendo unanimidad, como si eso fuese parte del Debido Proceso. Debe suponerse que es un uribista de pura cepa, que no admite razones que no sean las razones de su guía ideológico. 

Al expresidente Álvaro Uribe Vélez no lo ha declarado inocente nadie, como se dice en las miles de grandes vallas publicitarias regadas por todo el país, todas las personas, lo dice la Constitución, son inocentes y para deducir un nivel de responsabilidad jurídica, se debe desvirtuar esa inocencia, para lo que está hecho el Debido Proceso, que se funda exclusivamente en la validez y legalidad de la prueba recaudada. 

Respetar el Derecho, así este nazca de la Política, es propio del orden social. Estar de acuerdo o no con decisiones judiciales, no faculta absolutamente a nadie a faltarle al respeto a los Jueces de la República. Es la prueba el lenguaje de las decisiones judiciales y a ello estamos obligados a remitirnos todos.