Ineptitud

Decir que algo funciona mal, es sencillo. Basta con que eso que se hace por otros no sea de nuestro gusto, nuestra ambición, nuestros proyectos. La descalificación es igualmente simple, como que basta con decir que eso que hacen otros es malo. Descalificar no es hacer. Es apenas decir que algo no es bueno porque sencillamente no nos gusta. En expresiones de esta naturaleza se desconoce la opinión del otro, los gustos y las necesidades de los demás. 

Presentarse como distinto y dueño del cambio, con base en la manifestación de lo que no nos gusta, es poder escoger el camino de los inconformes, muchos de ellos ni siquiera saben porque lo son, quienes de inmediato pueden pensar que están frente a una alternativa que ofrezca alguna clase de solución a lo que ellos quieren o necesitan. 

Quien ofrece sustituir algo, tiene que ser más capaz que aquel que hizo aquello con lo que se muestra contrario. No es suficiente  criticar y cuestionar, es indispensable tener los instrumentos necesarios para ofrecer alternativas eficientes y eficaces. 

Es tanto como decir que se es más capaz, que se cuenta con las herramientas y que en adelante las cosas van a ser mucho mejores. 

De alguna manera ese fue el discurso que manejó el actual gobierno colombiano, que a la postre en la recta final debió enfrentar la competencia electoral con una persona que estaba más distraída que el ganador. Ganarle a uno más inepto que uno, no es hazaña que la historia vaya a resaltar en el día de mañana. 

En esa disputa desordenada de muchos personajes calificados que hubiesen hecho mejor papel gubernamental que quienes llegaron a la segunda vuelta, se echaron a perder opciones que no dudamos pudiesen haber sido muy superiores a lo que nos ha correspondido tolerar, en defensa de la democracia, en estos tres años y un mes de un cambio que no ha sido para bien. 

El gobierno no lo ha hecho mal por ser de izquierda, o dizque socialista, lo ha ejecutado así por una razón elemental: ineptitud. Cuando se es inepto, se termina rodeado de otros más ineptos que el líder y el resultado no puede ser otro que el de dañar aquellas cosas que se pensaba funcionaban mal, pero que de alguna manera eran capaces de tener unas mínimas respuestas a quienes necesitaran de sus servicios. 

El sistema de salud en Colombia no ha sido perfecto. Pueden haber  y de hecho los hay, sistemas que dan una respuesta más adecuada a una necesidad esencial del ser humano, como es atender su condición de salud cuando las dolencias, que nadie puede controlar, ni mucho menos programar, atacan y se demanda del saber de quienes conocen del asunto y de los servicios de quienes los poseen en sus instrumentos y procedimientos. 

Uno de los primeros objetivos  del gobierno al que aún le restan once meses (se van a hacer eternos), fue el sistema de salud. De entrada lo descalificó y comenzó a atacar, con herramientas legales que existen, pero que fueron mal interpretadas, a varias de las prestadoras de salud, poniendo la mira en las de mayor visibilidad, que necesariamente eran las más fuertes, pues por algo habían construido un nombre en el mercado del aseguramiento en salud. 

Si quien  descalifica e interviene alguna actividad de otros, no es más capaz que quien lo viene haciendo, el fracaso se asegura de entrada. Fue lo que muchos previeron cuando comenzaron las intervenciones estatales de las EPS y de las IPS en nuestro medio. Desafortunadamente aún estaban calientes los aplausos de once millones de personas que votaron en la convicción de ese cambio y por tanto las críticas y cuestionamientos calificados se acallaron en medio de la tronamenta de quienes creyeron encontrar la salida que necesitaban. 

Se intervinieron muchas aseguradoras de salud. Algunas con justa causa, debe decirse, pero se hizo más como acto de simple autoridad que como una búsqueda de soluciones adecuadas, como debe ser todo lo gubernamental. Lo público debe intervenir en lo privado para mejorar, no para empeorar. Lo que pasa es que cuando la victoria llega y no se está debidamente preparado para ello, se piensa que con el mero ejercicio del poder es posible hacerlo todo. 

Algunas de esas aseguradoras con la intervención terminaron desapareciendo. Estaban tan mal que perfectamente lo hubiesen hecho sin necesidad de ese empujón final. Algunas siguieron en su lucha por la sobrevivencia, con grandes esfuerzos y se mantienen en aras de poder atender la población asegurada. 

Muchas de esas intervenciones han llegado a su fin, por decisión de quien las intervino. No sirvió de nada la intervención y la gente se pregunta de manera elemental ¿y para que las intervinieron? A lo mejor para mostrar fuerza de cambio. 

El problema es que quienes intervinieron las aseguradoras, no estaban preparados para ello. Se designaron agentes interventores que no sabían de salud, de economía, de servicios, de nada. Tenían empleo y salario, pero de ahí en adelante se sabía que no iba a pasar nada. 

A manera de ejemplo, es oportuno ocuparse de lo sucedido con la EPS Sanitas, del grupo Keralty. La intervinieron por sus malos estados financieros. Lo que nunca condujo a que cesaran en la prestación de los servicios, ni mucho menos que los llegaran a debilitar o lesionar. Tenían graves dificultades económicas, pero seguían dando la lucha y tomando medidas correctivas que condujeran a soluciones a mediano, inmediato y largo plazo. 

Se acaba de anunciar la finalización de la intervención de esta EPS, sin que se haya soluciona ninguno de los problemas sobre las que se sustanció su intervención. Se devuelve la entidad a sus dueños, en peores condiciones que cuando fue intervenida. 

Las dificultades patrimoniales detectadas justificaron la intervención. El patrimonio de la aseguradora hace 17 meses era de 21.000 millones de pesos. Ahora, cuando el gobierno cesa la intervención es de -1.7 billones de pesos. La intervención no pudo ser más fatal. 

Cuando la intervinieron sus pasivos eran de 1.6 billones. Ahora que la devuelven son de 3.0 billones, es decir ahora son muchos más los acreedores que ven en peligro sus créditos.  

Para el momento de la intervención, los gastos de siniestralidad, es decir de atención a pacientes, eran de 102 pesos por cada 100 pesos recibidos. Ahora es de 111 pesos, es decir 9 pesos más que cuando la intervinieron. Eso se llama administrar para dañar, para destruir, para derruir.

Para el momento de la intervención, la aseguradora recibía un promedio entre 14.000 y 18.000 quejas por defecciones en la prestación de los servicios. Ahora ese mismo promedio es de 110.000 mensuales. 

En lo que va corrido de este año, el acumulado de quejas por insatisfacción en la prestación de servicios, en manos de los interventores, es de 84.000.

Ahora el promedio de quejas de la aseguradora intervenida es de 145.145 por cada 10.000 afiliados. 

Nada, absolutamente nada de la operación y servicios de dicha aseguradora mejoraron durante la intervención. Ahora, cuando regresa a manos de sus dueños, las soluciones van a ser mucho más difíciles y el plazo para alcanzarlas mayor. 

El gobierno se lava las manos, los burócratas buscan nuevos cargos en lo que resta de sus gobierno y los usuarios aumentan sus quejas y seguramente en muchos de esos casos la solución no ha sido otra que la final, por la mala prestación de unos servicios que son pagados por el asegurado, pero que en manos de la ineptitud de un gobierno central hecho para la palabrería insulsa, no puede ofrecer alternativa distinta a que el fracaso se siga moviendo sobre la cabeza de los afiliados. 

La ineptitud nunca ha sido el camino de ninguna solución, por sencilla que aparezca.