Guerrilleros y militares

Se pronunció la Justicia Especial para la Paz. Y como era de esperar, la polvareda invadió los espacios jurídicos y políticos. El tema dará para largos debates, pasionales la mayoría, gran mayoría, pero abogadiles también en su máxima expresión. En Colombia todos somos Abogados, mientras no se demuestre lo contrario, afirmaba Gilberto Alzate Avendaño.

Vaciadas a la justicia, por su morosidad e indulgencia inundan los medios y las redes de comunicación. La justicia aplicada por la JEP, no es justicia, es impunidad, parece ser la verdad revelada, a la que se llega por el reverdecer fáctico de lo que nos sucedió durante cerca de sesenta años del enfrentamiento entre la subversión y el Estado, cuya arma principal fue acudir al secuestro indiscriminado de civiles y miembros de la fuerza pública, recluidos muchísimos en forma inhumana en terroríficos campos de concentración. 21.396 colombianos fueron sometidos a tan ominoso tratamiento. Y por el maridaje tenebroso y  demencial  de las fuerzas armadas institucionales con bandidos paramilitares, que asesinaron a mansalva y sobre seguro a civiles inermes, presentados como bajas  en combate y logros victoriosos en sus operaciones. 6.402 han sido contabilizadas las muertes por falsos positivos. La ignominia universal en toda su máxima expresión, llevada a cabo con el  pretexto ideológico de alcanzar el poder para el pueblo o para refundar el Estado colombiano.

 Lo casuístico, es un imposible, en un apretado artículo de opinión. El inventario de las atrocidades delincuenciales de los bandidos de ambas pandillas y de sus secuaces está grabado en el disco duro de nuestra dolorosa historia, impregnada y contaminada de narcotráfico por todos sus costados.  Y uno solo de sus actos, merecería el castigo condigno: largas penas de privación de la libertad, suspensión de por vida de los derechos políticos de los condenados, expropiación de sus bienes, es decir, la justicia punitiva, aplicada en toda su extensión, si no fuera porque en el Acuerdo de La Habana, se estableció para los juzgamientos de los actos de quienes se acogieran a su jurisdicción, la  justicia restaurativa, que excluye penas privativas de la libertad para los cabecillas de las Farc y para los militares confesos de asesinatos de civiles.

La JEP se ha ceñido con rigor a sus dictados, los de la justicia restaurativa, que están elevados a norma constitucional. Y esto es lo que hay, con sus luces y sus sombras. Respeto el sentir de las víctimas y les deseo éxitos en sus apelaciones.

Pero sigo reconociendo que los Acuerdos de La Habana, con la JEP incluida, son un hito en la búsqueda de la Paz Total. Se terminó con un conflicto armado que iba a arrasar instituciones y vidas de inútiles víctimas, por miles y miles. Su firma fue la cuota inicial de la utopía de la Paz entre los colombianos. Que hay que insistir e insistir en lograrla.

 Cada vez que tengo dudas sobre los beneficios de los Acuerdos de La Habana acudo a la carrera Séptima # 6B 30, Barrio Santa Bárbara, en Bogotá, y visito el Contramonumento, FRAGMENTOS,  de la artista laureada, la colombiana, Doris Salcedo, para reflexionar sobre la inutilidad de la violencia, la intolerancia y la muerte como expedientes para transformar la agresiva realidad del mundo.  Y para pisotear con rabia y hasta el cansancio su extensión, conformada por el material resultante  de las catorce mil armas entregadas por las desaparecidas FARC y fundidas por el fuego regenerador.

Allí, de igual manera, invoco a los lares de mis raíces, para que todos seamos favorecidos con el don del discernimiento y lo apliquemos en relación con la temática tratada, que navegará  durante meses y meses como inevitable actualidad. El discernimiento es reflexionar, comprender e interpretar los hechos en contexto, para tamizar lo que más convenga a los intereses comunes. La justicia transicional y restaurativa hay que asimilarla con éstos patrones, para que nos conduzca al perdón y a la reconciliación, como imperativos categóricos. Y a la sanación del espíritu de la colombianidad.