Trump deporta presuntos delincuentes, basándose en una ley obsoleta y a pesar de la decisión de un Juez, de suspender la medida.

Crece el estupor y también las condenas al presidente norteamericano Donald Trump, después de que unos 200 presuntos integrantes de la banda criminal venezolana conocida como el Tren de Aragua fueran deportados por las autoridades de Estados Unidos a El Salvador, sin pruebas que respalden sus delitos e ignorando el bloqueo judicial a la ley en la cual se basó el ejecutivo.

El presidente estadounidense Donald Trump empleó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para llevar a cabo la deportación rápida de los supuestos miembros de esta organización criminal, la cual solamente ha sido utilizada tres veces en la historia de EE. UU. y fue suspendida por el juez federal James Boasberg antes de la deportación masiva.

El juez argumentó que esta antigua legislación se refiere a actos hostiles realizados por otro país que sean comparables a una declaración de guerra, un argumento lógico dado el contexto histórico en el que se redactó a finales del siglo XVIII.

En virtud del Derecho Internacional Humanitario y el derecho penal internacional, un delincuente condenado generalmente debe purgar su pena en el país donde cometió el delito, salvo excepciones en las cuales se acuerde su extradición o cumplimiento de pena en su país de origen. Este proceso involucra consideraciones de justicia, derechos humanos, y acuerdos diplomáticos que son cruciales para determinar el lugar de cumplimiento de la pena.

Todo parece indicar que las personas no pasan de ser acusadas, no condenados.

De acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario y los principios de derecho penal internacional, la ubicación donde un delincuente condenado debe purgar su pena encarcelado puede depender de varios factores, incluyendo tratados internacionales, legislación nacional y situaciones específicas de cada caso.

El principio de territorialidad establece que una persona debe ser juzgada y cumplir pena en el país donde cometió el delito. Esto se basa en la idea de que el Estado donde ocurrió el delito tiene la jurisdicción para aplicar sus leyes. Por lo tanto, un individuo que comete un crimen en un país, normalmente enfrentaría cargos y cumpliría su condena en ese país.

Si un delincuente es condenado en un país, pero se encuentra en otro país, su país de origen, por ejemplo, es posible que la justicia deba solicitar la extradición de esa persona. Este proceso está regulado por tratados bilaterales o multilaterales entre países. A veces, un país puede optar por extraditar a un delincuente a su país de origen o a otro lugar, dependiendo de acuerdos específicos.

Sin embargo, en algunos casos, los acuerdos internacionales pueden permitir que un delincuente cumpla su condena en su país de origen, no en cualquier país. Esto puede ocurrir por motivos humanitarios o para facilitar la reintegración del condenado en su sociedad. Tal práctica puede estar sujeta a condiciones y acuerdos entre los países involucrados.

El cumplimiento de penas debe seguir los principios de derechos humanos, y es posible que el país donde se desea cumplir la pena tenga condiciones carcelarias muy diferentes a las del país donde se cometió el delito. Esto puede influir en la decisión del lugar en que se cumplirá la pena.

Existen tratados como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho Penal Internacional y convenios específicos sobre la transferencia de condenados que definen cómo se manejan estos casos.