Una pregunta para el presidente

Radicó el gobierno su proyecto de Plan Nacional de Desarrollo (PND) para que sea discutido y aprobado por el Congreso de la República. Y como no es posible, sin ser pretencioso, hablar del todo sin dejar nada, es menester poner la lente en aquellos aspectos que como ciudadano generan preguntas. Esta entrega y unas más, intentarán ofrecer estas dudas a quienes quieran escrutarlas también.

Sobre el ordenamiento territorial el documento “Bases PND 2022-2026” señala que: “(…) Las transformaciones tienen que ser sustantivas, y tienen que ver con la recuperación de las cuencas; con el diseño de estrategias adecuadas para responder a las inundaciones y sequías; con la universalización de los acueductos; con la sostenibilidad de las ciudades; con el desarrollo del transporte fluvial; con la distribución de la tierra, como condición básica para incrementar la productividad agropecuaria y reducir la dependencia de la importación de alimentos; con la lucha contra la deforestación, la minería ilegal y el narcotráfico; con la transformación de la matriz energética, y con la reducción de la dependencia del petróleo y de la minería contaminante. (Pág.15) y (…) La planeación y el ordenamiento del territorio alrededor del agua demandan una reforma rural integral orientada a evitar la expansión indiscriminada de la frontera agrícola (Pág.26) (…)”

Ya el proyecto de articulado plantea en su artículo 3 el ordenamiento del territorio alrededor del agua, para “un cambio en la planificación del ordenamiento y del desarrollo del territorio, donde la protección de los determinantes ambientales y de las áreas de especial interés para garantizar el derecho a la alimentación sean objetivos centrales que, desde un enfoque funcional del ordenamiento, orienten procesos de planificación territorial participativos”. Para este proceso, el plan de desarrollo estima una inversión de 28.8 billones de pesos.

Como se sostiene en el cotilleo del Departamento Nacional de Planeación, “a nadie se le niega un CONPES” y agregaría que tampoco se le niega un abanico de propósitos generales tan dulzones como irrealizables en el PND, como parece ser el caso del agua. Por lo que, siendo este preciado líquido elemento tan esencial, sinónimo de vida, salud y bienestar y cuya protección, conservación y suministro deben ser ejes de cualquier política de desarrollo humano, no deja de causar sorpresa que, para el caso en cuestión, el Presidente apele a su uso como eje del ordenamiento, no porque no deba ser así, sino porque contrastado con otros elementos del mismo proyecto, pareciera ser, por lo menos, una nueva promesa a incumplir o el vaticinio de más hambre entre campesinos, productores y empresarios del agro.

Y es que para un país como Colombia, donde después de 30 años de implementación de la apertura económica y el libre mercado, con su punto máximo en los tratados de libre comercio y donde se importan 14 millones de toneladas de alimentos que han arruinado a decenas de miles de campesinos y productores empresariales, que se establezca, si así se aprueba, que no haya “expansión indiscriminada de la frontera agrícola” a instancias de una protección del agua, puede resultar peligroso, tanto cuanto sigue siendo evangelio de éste, en consonancia con los otros gobiernos, la misma toxina, esto es la estabilidad macroeconómica[1], la reducción de los déficits gemelos (fiscal y externo), la garantía de la sostenibilidad[2] y una regla fiscal[3] que por mucho sigue siendo la hoja de ruta del Gobierno, según su Ministro de Hacienda, quien lo repite como loro cada vez que puede.

Señor Presidente, así las cosas, una pregunta, que es más de una: ¿esto es un ordenamiento al servicio, aparentemente, del agua como eje, pero donde la producción agraria y pecuaria pueda terminar a la deriva, o porque, como ya se sabe, no hay renegociación de los tratados de libre comercio, otra promesa incumplida, o porque no exista una verdadera política de fomento de la producción agropecuaria? pues sobre esto último, de nuevo, mucho ruido sobre la economía popular y contra el hambre, pero pocas nueces en materia de instrumentos de intervención económica del Estado para hacerlo posible.

¿O el modelo que se propone es la configuración de importantes reservorios de agua donde no se produzca nada que impidan la economía campesina, de subsistencia o cualquier otra, en sintonía con sus esfuerzos por fortalecer el turismo como fuente de ingresos alternativa?

¿O se trata de mantener una política agraria donde se continúen privilegiando los cultivos tropicales y exóticos, o algunos con valor agregado pero que no compitan con lo que importamos y podríamos producir los colombianos?

En cualquier caso, cuando el ordenamiento del territorio se determina por una sola variable, así sea el agua, tan esencial como se ha dicho, y con autoridades tan difusas, por su falta de funciones claras, como los Consejos Territoriales del Agua[4], sin consultar las necesidades de los productores y consumidores, en especial su trabajo y la autosuficiencia y soberanía alimentaria; o la distribución de tierras sin más garantías para el fomento de la producción, como precios de sustentación, canales de compra, instituciones fuertes y créditos blandos, y la imperativa renegociación de los tratados de libre comercio, el esfuerzo puede ser vano y los propósitos del gobierno tan solo un embeleco bien edulcorado al mejor estilo del gobierno del cambio.

[1] PND. ARTÍCULO 4. EJES TRANSVERSALES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO.

3. Estabilidad macroeconómica. Tiene como objetivo definir un conjunto de apuestas en materia económica para garantizar la disponibilidad de los recursos públicos que permitirán financiar las transformaciones, las cuales están enmarcadas en la actual coyuntura económica global, regional y nacional.

[2] Como en abril de 2022 se lo dijo el FMI a Colombia. El foco está en el fiscal, que se corrige con más ingreso y menos erogaciones (BanRep, ‘IMF Technical Staff Report’, 5/4/22, pág. 11).

[3] Exposición de motivos proyecto de reforma tributaria 2022. “Colombia cuenta con una Regla Fiscal que constituye una institución importante para la credibilidad de la política fiscal. Su cumplimiento, demanda actualmente un ajuste estructural del balance fiscal de 2,3pp del PIB en el próximo cuatrienio, consistente con guiar la deuda a niveles prudentes, suficientemente alejados del límite. (…) Este proyecto de reforma tributaria se esgrime como el principal instrumento para balancear todos estos objetivos fiscales, manteniendo los principios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia”. La Ley 1473 de 2011 define la regla fiscal como instrumento para buscar asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, de tal forma que no se supere el límite de deuda.

[4] PND. ARTÍCULO 22. CONSEJOS TERRITORIALES DEL AGUA. Créense Consejos Territoriales del Agua en cada una de las eco regiones y territorios estratégicos priorizados en el Plan Nacional de Desarrollo “Colombia Potencia Mundial de la Vida 2022-2026”, cuyo objeto será fortalecer la gobernanza multinivel, diferencial, inclusiva y justa del agua y el ordenamiento del territorio entorno al agua buscando la consolidación de territorios funcionales con enfoque de adaptabilidad al cambio climático. Para tal efecto, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, reglamentará la conformación, funcionamiento y articulación de estos Consejos con otros espacios de participación y consulta previstos en los instrumentos de la política nacional de gestión integral del recurso hídrico, o la que haga su veces, y en los instrumentos de ordenamiento del territorio.