El Aquelarre. Maltrato a los migrantes Colombianos

No vayamos a Méjico. Cada vez son más las historias tenebrosas sobre el maltrato al que son sometidos por las autoridades mejicanas los turistas colombianos que llegan a visitar ese país. No son muchas las diferencias entre mejicanos y colombianos, tenemos cualidades y defectos más o menos similares, pero sí hay una gran distancia entre la acogida que damos aquí a las gentes de Méjico, con aprecio, cariño y admiración, y la manera como ellos, o al menos sus policías de inmigración, nos desprecian y discriminan. Hasta hay en el aeropuerto de Cancún una sala de inadmitidos donde encierran por varias horas a los colombianos rechazados –muchísimos en comparación con los de otras nacionalidades– mientras resulta un vuelo de regreso donde puedan devolverlos a Colombia. Y, mientras tanto, les retienen los pasaportes y los celulares, los mantienen incomunicados y llegan a veces hasta a abusar de las mujeres. Un verdadero calvario.

No vamos a proponer aquí que les demos un trato similar a quienes vienen de allá. Sigámoslos recibiendo bien, como hasta ahora, y dándoles un trato amable y respetuoso. Pero lo que sí proponemos es buscar nuevos destinos para nuestros turistas en el extranjero. Hay muchos otros países donde nos reciben bien, nos respetan, y entienden que el turismo es un gran aporte al desarrollo. Si en Méjico no nos quieren, si nos tratan mal, si nos irrespetan, pues vámonos a otro lado. Hay muchos otros sitios dende somos bienvenido y donde dan importancia a nuestra presencia… y a nuestros dólares, que bien cotosos nos resultan.

 El voto obligatorio. Algunos políticos, preocupados por el sistemático abstencionismo de aproximadamente la mitad del censo electoral colombiano, que ha subsistido durante muchos años, llevan mucho tiempo buscando el establecimiento del voto obligatorio en Colombia. Periódicamente presentan en el congreso proyectos de reforma constitucional que lo impongan. No lo han logrado hasta ahora. En la reforma política que se está presentando en estos días para establecer una nueva manera de participación en el ejercicio electoral se incluía ¡otra vez! un artículo en el que se hacía obligatorio el voto. La buena noticia es que, en la discusión en comisiones, esa idea se acaba de caer. No pasó la votación correspondiente.

Es una buena noticia. Si el voto es un derecho, los ciudadanos deben poder decidir a voluntad si lo ejercen o no. Si ninguno de los candidatos atrae al votante, este puede, por supuesto, votar en blanco. Pero para muchos ciudadanos, el voto en blanco no sirve para nada. Es claro que, si en una elección para corporaciones púbicas o para gobernador o alcalde, o en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, el voto en blanco llegara a obtener más del 50%, la votación debería repetirse y los candidatos derrotados no podrían presentarse de nuevo. Es un arma que tiene los votantes que esté en contra de todos los candidatos. Pero si al ciudadano simplemente no le importa quién resulta elegido, si le da lo mismo quienquiera que sea el ganador, pues debe tener, como derecho inalienable, el de decidir que no participa en las elecciones. Y esa decisión no debería acarrearle ningún inconveniente. De hecho, en los regímenes democráticos en los que está establecido el voto obligatorio, siempre hay quienes se abstienen de votar. En esos casos la obligatoriedad se limita a que se le cobre una multa al abstencionista. En la práctica, este calculará si está dispuesto a pagar el valor de la multa a cambio de no participar en la contienda electoral. Entonces, si el valor de la multa no resulta confiscatorio, la calidad de obligatorio del voto se vuelve una falacia. De modo que bienvenida la caída del artículo con el que se pretendía imponer el voto obligatorio en Colombia.

Se alborotaron los galleros. No es fácil la lucha por tratar de convertir a nuestra sociedad en una comunidad libre del maltrato animal. Los aficionados a los toros luchan cerradamente por impedir que esa actividad, artística sí, y también tradicional en algunos sitios, pero cruel y sanguinaria, sea prohibida por nuestras leyes. Aunque según se ven las cosas en el congreso, parece que por fin se cuenta con mayorías para aprobar la ley antitaurina que tantos deseamos y que ha ido perdiendo opositores en el país y en el mundo hispánico.

La otra actividad que debe prohibirse, mucho más cruel y con un valor estético mucho menor, es el salvaje espectáculo de las peleas de gallos. También cursa en el congreso su prohibición, lo que ha generado inesperadas marchas de protesta por parte de los galleros, que han resultado ser más numerosos de lo que uno habría supuesto. Pero, a pesar de ello, es de esperar que la sensatez se imponga y que se apruebe y promulgue toda la legislación protectora del bienestar de los animales, para que Colombia ingrese por fin, con orgullo, en el mundo de los países civilizados.

Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Uno de los temas que generan polarización en nuestro país es lo relativo al derecho constitucional a la protesta pacífica. Aunque nadie puede estar en contra de ese principio, las diferencias surgen en la interpretación del significado del adjetivo «pacífica».

Una protesta no es pacífica porque sus promotores –o los medios de información parcializados– así la identifiquen. Tildar de pacífica una protesta en la que haya muertos, heridos, saqueos, destrucción y bloqueos que afecten los suministros o impidan el acceso a los centros de salud de quienes tengas urgencias médicas es un contrasentido. Y todo eso se presentó en muchas de las manifestaciones que tuvieron lugar con motivo del llamado paro nacional del año 2021.

La justicia ha tratado de judicializar a los maleantes que se tomaron las ciudades en esos actos vandálicos. No es fácil, entre otras cosas porque el nuevo gobierno está presionando para que esas actuaciones queden cobijadas por la impunidad. Pero había cierta esperanza de que esas actuaciones criminales recibieran el castigo que merecen, aunque no se entiende por qué, una famosa exhibicionista destructora pública de bienes y equipos del Transmilenio de Bogotá, condenada a cinco años de cárcel, sigue dando lora tan campante en las redes sociales sin que haya sido llevada todavía al lugar donde debería estar.

Pero ahora las gentes de bien, que lo son, así a los revoltosos les moleste que se las llame así, tienen una razón más para preocuparse. Como bien lo explica en artículo publicado el pasado 12 de octubre el buen columnista de este diario Hernando Arango Monedero, el ministro de Justicia propone que los que protesten no sean judicializados por sus actos vandálicos. Agrega Hernando: «¡Vaya una belleza! De ahora en más, cuando alguien salga a protestar por lo que sea, puede acabar con lo que a su paso encuentre, saquear a gusto, y matar si es que alguien se atraviesa en su protesta. Y más ahora cuando el ministro de Defensa ordena que la policía puede ser irrespetada a discreción y los defensores del orden (tienen que) soportar los vejámenes sin chistar». Habrase visto. El mundo al revés. Los pájaros tirándoles a las escopetas. Quedamos advertidos. Esperemos que el gobierno construya refugios donde puedan protegerse de los desmanes las personas que no estén de acuerdo con ellos.