Legalidad

En esa banalización de la información  que se adivina como tendencia entre los periodistas modernos, poco dados a la búsqueda de las noticias, en tareas de reporteros, como los de antes,  a quienes nunca les llegaban ya procesadas mediante boletines de prensa las noticias, alguna vez, con ocasión de un partido de la Selección Colombia de fútbol, en alguno de los torneos de clasificación a mundiales, una señora joven  profirió un grito de apoyo que sonaba entre ridículo y humorístico, grabado a través de una de las muchas redes sociales gratuitas, que se reprodujo como maleza y que llegó al oído de muchos colombianos, para reírse y seguir en el entusiasmo  de respaldo a una camiseta que genera nacionalismo, por lo que muchos comunicadores la convirtieron en personaje público, al punto de que ella misma se llegara a creer el cuento, de tal manera que terminó  siendo lo que se denomina “influencer”, una especie de irresponsable que dice cualquier cosa sin fundamento alguno, con tal de obtener expresiones de gusto o apoyo. Y un elemental grito de “epa Colombia”, carente del más leve ingenio y de una ordinariez general,  transformó a ese personaje  en alguien que se convirtió en noticia, como que es asidua visitante de esos espacios que llaman de chismes de farándula, en los que el mal gusto y los decires de tonterías pululan.

La señora se creyó el cuento de ser importante, al menos así se lo hicieron entender esos comunicadores que a falta de capacidad para investigar y encontrar las verdaderas noticias de un país como el nuestro,  y comenzó a decir muchas más sandeces en la irresponsabilidad propia de quien tiene la habilidad de manejar un celular y poner en circulación cualquier cosa, que basta con obtener la reproducción y reenvío, para que haga dizque tendencia. Y como la señora se sintió importante, pensó que estaba facultada para hacer cualquier cosa, con tal de provocar  reacciones en contra de un establecimiento en el que le es posible ser “importante” sin ser nadie, sin aportar absolutamente nada al desarrollo social, y se ideó actos de daño en bienes públicos, haciéndolos conocer mediante el uso de esos medios que se le han vuelto el modo de subsistencia.

Con detalles planeó  sus actos. Escogió la estación del sistema de transporte público masivo de Bogotá -donde reside-, fue a la ferretería a comprar los elementos nuevos que le permitirían sus actos vandálicos,  proyectó con sus amigos la filmación de lo que ella haría, hizo los ajustes a sus notas en redes sociales para divulgar casi que en vivo y en directo sus actos criminales y ese mismo día, a la misma hora se hizo mucho más “famosa” de lo que venía siendo  entre sus seguidores que parece ser son muchos, miles, quienes comparten su vacía mentalidad.

Llegó a  la estación de abordaje del servicio público de transporte, necesario para quienes carecen de medio propio de transporte, y comenzó a destruir elementos costosos, técnicos y tecnológicos, mostrando saña, odio, resentimiento y haciéndolo con muestras de odio colectivo, como si se tratara de destruir todo aquello que se ha puesto al servicio de la comunidad, disponiendo como si se tratara de elementos de su propiedad. Filmó en primer plano, de tal manera que se supiera que se trataba de ella, la misma que los periodistas habían hecho figura sin aportar absolutamente al desarrollo socioeconómico de la comunidad, y le hizo saber al país que se trataba de una nueva justiciera capaz de acabar con lo que se propusiera, como acto, según ella, de protesta contra lo que sea, contra cualquier cosa, lo importante era dañar lo que esta puesto al servicio del común.

Buscaba  que sus seguidores en redes sociales  la destacaran mucho más y convertirse en noticia nacional, como efectivamente lo logró, pues ante la capacidad de conseguir noticias ciertas, los comunicadores encontraron con qué solazarse y en los noticieros de tv y radio, ese día, lo hecho por esta señora fue la principal noticia de sus contenidos. O en el país no pasa nada o los reporteros actuales carecen de capacidad profesional para encontrar la noticia, como desde siempre han entendido quienes han trajinado en ese mundo de contar lo que sucede, cuando ello posee la trascendencia y la importancia de ser noticia. Y que conste que ahora todos los reporteros de los diferentes medios son graduados en Facultades de Comunicación social, que mantienen a reventar sus cupos, como que todos quieren ser estrellas de televisión, no se trata de los empíricos que hicieron del periodismo colombiano uno de los mejores, serios, responsables y aportantes a causas ciertas de esfuerzo, desarrollo y conocimiento de la realidad.

La señora fue noticia y fue objeto de acción de la autoridad que la puso a ordenes de la entes investigadores competentes, con fin de que respondiera ante la ley por las conductas que había desarrollado, todas ellas contenidas en el Código Penal, en su ejercicio de prohibir los actos que dañan lo social. Su abogado defensor, ante las evidencias de culpabilidad y responsabilidad penal, proporcionadas por la misma delincuente al filmarse y divulgar públicamente lo que hizo, lo que seguramente para ella era un acto de heroísmo y causas supremas, como las de los grandes protagonistas de la historia que han construido la esencia de la sociedad colombiana, fue consciente de que en el encausamiento a que iba a ser sometida, iba en contra de todo, tratar de alegar inocencia o ausencia probatoria, sería un imposible. Por ello le aconsejó que aceptara cargos de la Fiscalía, que se fuera a un pre-acuerdo, figura procedimental legal en nuestro medio y con ello obtener las rebajas punitivas a las que se haría merecedora por colaborar con el esclarecimiento de los hechos y permitir la abreviación de otro de los eternos procesos penales  que nunca terminan en nuestro sistema jurisdiccional.

La Fiscalía llegó al acuerdo con la señora implicada y determinaron entre las partes  -sindicada y acusador- que serían tres delitos por los que se le iría a juzgar, haciéndole conocer su derecho a aceptarlos de manera libre y voluntaria, además de las ventajas que punitivamente ello traería consigo, con una pena que no alcanzara los máximos, sino los mínimos y las reducciones correspondientes, lo que facilitaría que la pena la pudiese redimir en breve tiempo.  El acuerdo  fue entre las partes, como ordena la norma y se presentó ante el Juez de conocimiento, que en este caso fue el segundo penal especializado de Bogotá.

Manda el artículo 223 del Código de Procedimiento Penal que en los casos de preacuerdo, -a lo que se acogió la protagonista-, el señor juez de conocimiento tiene dos alternativas: aceptarlo, tal como lo presentan las partes al estrado, o rechazarlos por violación al principio de legalidad. Aceptar los cargos en una acusación penal significa: i) someterse a una condena y tenerse como responsable de conductas punibles, ii) obtener reducciones punitivas, frente a las tasaciones que da la ley en cada delito, con lo que la redención del castigo se logra en menos tiempo. Si lo acepta, sin más debate probatorio, el juez debe proceder a condenar con las tasaciones punitivas que da la misma ley. Más, de aceptar el acuerdo, no puede modificarlo. El juez carece de facultades para ello. Debe condenar por todos los delitos que se acuerden en el convenio entre partes. No puede excluir ninguno de ellos. La prueba se remite, íntegramente, a lo que contiene el documento de acuerdo.

Pero  sucedió algo que cuando se da, genera esos altos niveles de desconfianza en el aparato jurisdiccional que se observa en los resultados de las encuestas de opinión, donde dicha institución, desde hace mucho tiempo, no sale nada bien librada. El señor juez que al aceptar el acuerdo tenía el deber legal de condenar a la encartada a las penas que le correspondieran por la comisión de tres delitos, contenidos en el convenio entre partes, decidió motu proprio y sin explicación, ni mucho menos justificación alguna, condenar a la señora por la comisión de dos delitos y dejar el más grave por fuera de la sanción, con lo que el 13 de marzo de 2020, se emitió condena por un total sw 46.2 meses, lo que le daba la facultad al juzgador de conceder la condena de ejecución condicional, que no es más que una condena a prisión que genera excarcelación inmediata, mediante el otorgamiento de una pequeña fianza, y el compromiso de mantener una conducta ceñida a las exigencias legales, sin alcanzar el tope de los 48 meses, que demanda en todo caso la permanencia intramural en el futuro. Es decir el juez le impuso una condena que le permitiera dejar en libertad inmediata a la depredadora de los bienes públicos, quien ya era famosa en esa circulación superficial que los reporteros de ahora consideran que da sintonía, y entonces le dio fuerza a sus comunicaciones en redes y se hizo al negocio de la venta de un producto para alisar el cabello de las damas, con lo que dicen esos mismos reporteros, ha llegado a ser una persona muy rica. No ha estudiado nada, no sabe nada de nada, pero ya es rica vendiendo productos como los de cualquier filibustero de plaza de mercado de pueblo, en medio de la celebración de las fiestas municipales. Es que ese juicio fue una fiesta  de trámites inadecuados a lo que manda la ley.

En el proceso habían partes con cierto sentido de la responsabilidad ante el mandato legal y de respeto a lo que se dispone  en un Estado de Derecho, como es el nuestro, como fueron la misma Fiscalía que estaba plenamente consciente de cual era el contenido real del pre-acuerdo y del señor representante del Ministerio Público, Procuraduría, quienes ante la condena emitida por el juzgador, presentaron sus correspondientes recursos de apelación ante el superior, con la sustentación de tratarse de un acuerdo que el juez no estaba en capacidad de modificar, y mucho menos sin argumentación alguna. Por tanto el caso pasó a conocimiento del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, encargado, con la participación de tres magistrados, de revisar el caso completo, de inicio a final.

Recientemente  ese juez colectivo emitió sentencia de segunda instancia y en ese mismo nivel de banalidad del periodismo moderno, la noticia fue que a esa señora ahora si la habían condenado, porque le habían aumentado la pena a un total de 60 meses y 15 días, lo que desde el principio de legalidad, llevaba a que la acusada perdiera el gran beneficio de la condena de ejecución condicional, con derecho  al goce de su libertad, y que además debía pagar una multa mucho más alta a la que le impusieron en la primera instancia, que apenas fue de 25.42 salarios mínimos legales vigentes.

Y para los medios y especialmente para las redes sociales, se trataba de una grave injusticia más que se comete en Colombia, pues llegaron las comparaciones de que a quienes participan en la corrupción, que nadie puede desconocer ni mucho menos negar, nada les pasa, a pesar de que  se roban miles de millones de pesos, a una mujer de clase humilde -era, porque ya tiene plata- si le aplican todo el peso de la ley. Claro, como es de los de abajo, no es de los de arriba, no roba del erario público, sino que apenas destruye unos elementos de servicio común que apenas valen unos cientos de millones de pesos y que es una persona capaz de levantar la voz en contra de quienes manejan el Estado colombiano. De victimaria, la pasaron ahora a víctima. Ya es la pobrecita, a la que le toca pagar más plata y además se tiene que ir a una cárcel y además a la que le ha prohibido la ley que siga ejerciendo sus comunicaciones irresponsables y carentes de conocimiento en las redes sociales, como que  dicho veto se lo impuso el Tribunal  por un espacio de cinco años.

Es la pobre, la humillada, la ultrajada, la vilipendiada, la débil ante el fuerte. Tantas veces se pregunta la gente que es lo que nos pasa. Tantas veces hay incapacidad de responder dicho cuestionamiento. Nadie se detiene a pensar de que se han deastruído los valores sociales esenciales que han permitido construir lo poco que tenemos como sociedad y que hechos como este de esta señora famosa por decir una tontería cualquiera, y quien se sintió legitimada a destruir lo que le diera la gana, no pueden ser de recibo  entre la gente, porque es tanto como atentar contra nosotros mismos.

Seguir haciendo héroes de simples villanos, es irse en contra de lo que somos, en lo que debe primar la legalidad. Estaba en goce de su libertad por un error en la aplicación de esa legalidad de parte del juzgador de primera instancia, que ahora corrige un juez colectivo, con una mayor capacidad de análisis probatorio, pero especialmente más ajustado a la ley, que manda que esta debe ser la guía inmodificable de los enjuiciamientos. No es que ahora la condenen. Ya había sido condenada. No es que ahora se sea drástico por no ser de élites, es que la pena que le impusieron corresponde a la tasación que ordena la ley, conforme a lo que ella misma aportó como sustancialidad probatoria en su acuerdo con el ente acusador. La señora no es ni personaje, ni heroína, si pobrecita, ni nada por el estilo. No es personaje de destacar en las noticias por parte de los reporteros modernos. Si hacen verdadera reportaría van a encontrar que este país es mucho más que manifestaciones torpes de protestas en las que se daña por dañar.

Ser periodista no es fácil, porque las vanidades no son la fuente de la realidad, que no es más que lo que ciertamente ocurre en una sociedad que tiene mucho por construir y busca un nivel diferente de ser a los actos de perturbación, que el código penal denomina como instigación a delinquir con fines terroristas, que fue el delito plenamente confesado por la señora en comento y que el juez de primera instancia dejó por fiera de la decisión final de su despacho, sin motivación legal alguna. La fama si no se construye sobre obras duraderas, es apenas el producto indicado para formulaciones faranduleras  que nacen un día y se mueren al siguiente.