Desidia, estolidez y conformismo
José Ferney Paz Quintero
Abogado consultor
En medio de las polémicas, debates y cuestionamientos por el ejercicio político electoral de los ex miembros de las Farc sin paso previo por la JEP como se había anunciado por el propio presidente Santos; las desavenencias al interior del partido liberal a la espera de los resultados de la consulta del próximo 19 de noviembre que ojalá marque el rumbo de la colectividad, se destaca la poca dignidad y responsabilidad de ciertos miembros de la actual clase política denunciada e investigada por abuso del ejercicio parlamentario en casos alarmantes de corrupción, sobre quienes debe recaer la sanción penal por las instancias de ley si se pretende volver por la restauración política y moral del país.
A lo anterior se le suma la desidia, la estolidez ( insensatez) y el conformismo de una sociedad que se resiste a ejercer la sanción social para quienes han asaltado el erario, atropellando la moral pública, que nos hace pensar que estamos frente al resultado de una descomposición, anarquía y desorden institucional que se puede sintetizar en los siguientes campos :
.-Necio sería desconocer el rechazo ciudadano al sistema judicial existente con un 84 % de desaprobación, hasta el punto que se escuchan autorizadas voces que pregonan y piden un cambio en su estructura, llegándose a sugerir paros y protestas para que la sana justicia vuelva imperar en este país, recobrándole la credibilidad al aparato judicial mancillado por unos pocos, pero haciendo la claridad de no centralizar la inconformidad en lo penal y la impunidad que se percibe en el ámbito social, sino que esa justicia que se pide se dé en el campo civil , en el contencioso administrativo, en el laboral, aéreas del derecho en donde se debaten intereses de gran importancia para el desarrollo de una comunidad y del individuo, sin que tenga que esperar seis o más años para conocer el resultado de su demanda, en ocasiones con fallos inhibitorios proscritos por la ley.
_Tema de gran interés es el relativo a que estamos próximos a dos certámenes electorales, siendo el primero para elegir o reelegir como lo demuestra el acaecer político a un Congreso con alto reproche social, que pareciera no aprendió la lección cuando el instinto popular estimuló y precipitó una reforma constitucional originariamente con poderes limitados, que posteriormente la Asamblea Nacional Constituyente del 91 convirtió en absolutos y soberanos, como la clausura o revocatoria del Congreso de la época, arca de Noé de la clase política, celosamente cerrada y abroquelada contra cualquier intento de renovación o cambio .
Pero este antecedente histórico político no ha sido tenido en cuenta por los sucesivos legisladores, con contadas excepciones, por cuanto la actividad parlamentaria en lugar de estar al servicio de los intereses populares y de ejercer el control político al ejecutivo como se lo impone la constitución, se han dedicado a expedir leyes muchas de ellas en contravía al interés general , como las tributarias, imponiendo cargas que están haciendo imposible la congrua subsistencia de las clases menos favorecidas, solo por satisfacer las políticas fiscalistas del ministro rentista y alcabalero que se ha negado dar las explicaciones al país de todas los cuestionamientos que se le han formulado por su pasado administrativo . (dragacol , Isa gen, Reficar , Navelena, Interbolsa)
El siguiente certamen electoral corresponde a la elección del presidente de la republica, en primera o segunda vuelta, generándose desde ya expresiones que aluden al término miedo o temor, definido como la amenaza de un mal grave que finalmente existe, es decir como lo afirman calificados y serios analistas , que en ciertas zonas donde tuvieron asiento los movimientos insurgentes, hoy desmovilizados, continua inmerso el miedo a la inseguridad y bajo la amenaza que esta se incremente, no permitiéndose el libre ejercicio del sufragio, quebrantándose el espíritu democrático que se persigue y vulnerándose los factores de convivencia ciudadana.
Inmensa es la responsabilidad del gobierno y sus fuerzas del orden en proteger a esas comunidades para el libre ejercicio del voto, exento de presiones y coacciones de cualquier índole, garantizándoles su derecho democrático de independencia electoral, pidiéndoles a las nuevas fuerzas que ingresan a la contienda partidista que la esencia de la democracia radica en obtener el favor popular a través de las ideas ,programas de beneficio social, contacto directo con la población como canalizadores de sus aspiraciones y necesidades, sin acudir a la intimidación, y a la amenaza; de ser ello así, estaríamos frente a un proceso de paz deleznable, frágil y decepcionante para sociedad sana del país.
Lo que nos debe interesar como nación es el progreso colectivo, con políticas incluyentes, regresar por la trasparencia y el buen gobierno, evitando que en un tiempo no muy lejano, sino tomamos conciencia del momento presente, aparezcan las manifestaciones de los oportunistas y las conspiraciones de una nueva legión de abusadores del estado, recordándoles a los dirigentes al estilo Borges, “nadie es patria, todos los somos “.
ADENDA: los días 6 y 7 de noviembre de 1985, Colombia escribió una de las páginas más tristes y sangrientas de su historia republicana, la toma del palacio de justicia por parte de un comando del entonces M 19, la mayoría indultados y amnistiados como una solución política al conflicto que se vivía en la época, con militares investigados, acusados, condenados unos y otros absueltos por los excesos durante la retoma del edificio judicial.
Tres décadas después, el país sigue lamentando la pérdida de vidas y la calidad de los juristas allí sacrificados, generación de jueces que representaban una forma de pensamiento y una visión diferente de lo que debe ser la rama judicial para el desarrollo de una nación, a diferencia de lo que hoy se percibe en esas altas corporaciones, algunos de sus miembros cooptados por el delito y con un alto grado de desaprobación ciudadana.
Un recuerdo para esa pléyade de jueces juristas que dejaron una profunda huella y un gran vacío hasta ahora difícil de cubrir.
Adenda dos: A propósito del pronunciamiento del Consejo nacional electoral en la investigación contra el ex candidato Oscar Iván Zuluaga donde se le archiva la investigación por supuesta financiación irregular, conviene precisar para evitar confusiones en el sentido que el Consejo nacional electoral no es un tribunal de justicia como equivocadamente lo platea el investigado, y sus decisiones no hacen tránsito a cosa juzgada como se quiere hacer aparecer, por cuanto se trata de una corporación que produce actos administrativos susceptibles de ser demandables ante la jurisdicción contenciosa administrativa.
El colofón de lo anterior radica en que, si en principio lo favorece la providencia administrativa del ente electoral, no por ello se han esfumado los indicios penales que por competencia los debe examinar la fiscalía general de la nación. Su condición es la de estar sub judice, o sea pendiente de resolución judicial.
Bogotá, Noviembre 7 2017.