15 de mayo de 2021
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Un país leguleyo

17 de octubre de 2017
Por José Ferney Paz Quintero
Por José Ferney Paz Quintero
17 de octubre de 2017

José Ferney Paz Quintero
Abogado consultor
                                 

No hay mejor forma de ejercitar la imaginación que estudiar bien la ley, era la afirmación del dramaturgo y diplomático francés Jean Gerandoux, frase que sirve de sustento al presente escrito, ya que no es secreto alguno que Colombia es un país de leyes, la mayoría desactualizadas, inundado de códigos, de normas jurídicas al por mayor, donde el Congreso de la Republica como hacedor de las leyes deja de serlo, cuando funcionarios de bajo rango expiden sus circulares internas, generando interpretaciones diferentes a pesar que la ley es una sola, con graves repercusiones en la justicia, donde bajo la premisa de la autonomía e independencia se incurren en frecuentes errores jurisdiccionales en contra del ciudadano.

No es temerario afirmar cómo un juez  de menor categoría dentro de la estructura de la rama, o empleados del orden administrativo, pueden desconocer o poner en entredicho las decisiones de las altas cortes, o se apartan sin sustento jurídico de las jurisprudencias vigentes, hasta el punto que este juez sin reato profesional restringe la libertad de un  investigado con elementos probatorios sutiles, tal vez para satisfacer su ego seudo jurídico, buscando protagonismo mediático o una falsa demostración de crear una jurisprudencia personalizada.

Estos procederes son los que descalifican el sistema judicial ante la sociedad, que se siente indefensa e insegura, que por la falta de una fortaleza y coherencia jurídica de quienes  administran justicia, se generan graves hechos de justicia privada que en el pretérito pasado ha tenido que soportar la nación.

Debemos reconocer que somos un país en donde se le da demasiada importancia a lo formal y a lo procedimental del derecho, que trae consigo a su cercano pariente, el leguleyismo, que no es más que aquellas personas que tratan las leyes sin conocerlas bien, pero que influyen negativamente en la dilación de los procesos.; ¿qué necesidad se tiene de probar lo que ya está probado? ¿Por qué darle tanta importancia a los esguinces frente a los sustancial?, actuaciones todas estas que se reflejan no solo en el ámbito judicial, sino que se  ha desplazado al ejecutivo y al legislativo.

Cierto es que se puede hablar de un leguyelismo  o populismo político, cuando se anuncian proyectos de ley con bombos y platillos como la solución a los problemas sociales, económicos, y de empleo del país, que produce impacto  inmediato, en tanto que la solución de lo que se plantea tiene un impacto a mediano o largo plazo, si es que va con el respaldo presupuestal para la efectividad de la ley , o de lo contario queda  como  una ley  para enmarcar, pero produjo su efecto publicitario, que era lo que se buscaba por sus promotores, si es que no es objetada por inconstitucional o inconveniente.

Qué no decir respecto al leguyelismo judicial, con  noticias  de primera página que alude a una reforma estructural de la justicia por la situación de caos y desorden por la que atraviesa, cuando a  diario nos sorprenden con hechos de corrupción donde se comprometen  altos togados , y como solución de paso se anuncian comisiones para presentar ideas de reforma, las altas cortes elevan documentos de buenas intenciones,  otros aluden a una constituyente, o a un referendo, pero no se nos dice en  qué consiste esa reforma estructural, olvidando siempre al eje central de cualquier innovación, el ciudadano de a pié, que sufre las consecuencias de una justicia tardía, la indefinición de sus procesos, y su dificultad para acceder a la misma.

Hay un hecho cierto, este leguleyismo o populismo tanto oficial, como de los partidos en nada favorece a la institucionalidad, pero sí afecta la confianza ciudadana en su constitución como norma de normas, tan manoseada e irrespetada en los  últimos años, desde cuando  se reformó  “el articulito “, referente a la reelección, madre de todos los males que  ha  tenido que soportar el  país en los últimos  15 años.

Un llamado para regresar por el respeto al derecho, por su importancia para la convivencia social, a los abogados  en su mayoría  profesionales serios , y con un ejercicio digno, salvo las veleidades de unos  cuantos  que deshonran  tan encomiable gremio, para que entiendan que  en la práctica somos  unos auxiliares de la justicia y que colaboramos con el estado para su cabal aplicación y a los jueces que tienen la responsabilidad de demostrar que existe un  estado que cumple  con su obligación de castigar a los que violen la ley, sin miramientos en lo penal y en las demás aéreas reconocer el derecho a quien lo invoca y pruebe tenerlo. Lo demás es paisaje.

Adenda: Ahora que se  debate el tema  de la reforma judicial, y no pase  de ser una preocupación temporal, es inevitable que quienes la lideren aborden lo concerniente a la instrucción del derecho, la proliferación de estas escuelas garaje, si así se les puede llamar, creadas más con criterios comerciales y totalmente desentendidas con la realidad social y jurídica del país.

Llama la atención que  se aluda a la enseñanza de la ética  en el derecho por el actual min justicia, en una columna  periodística de fin  de semana, cuando le debe  explicaciones al país por su  actuación  como Consejero  de Estado al favorecer con su voto al anterior fiscal, hoy asesor  reconciliado con el  gobierno para los temas de paz, convirtiendo el periodo de la fiscalía en institucional, cuando el ordenamiento jurídico lo establecía como individual, esculpiéndose  con el cincel de la conveniencia lo que no podía  ser, con posterior recompensa al suscribirse a su favor  un millonario contrato de servicios profesionales cuando hace dejación del cargo judicial,  circunstancia esta que originó serios cuestionamientos por parte  de la opinión pública y comentaristas en la materia, pero como todo en este país, cero investigaciones, campana neumática , y premio  mayor como ministro de estado .

Adenda dos: Discusiones van y vienen en la comisión respectiva del Congreso en el tema del tribunal de aforados para investigar las conductas de altos funcionarios y magistrados de las cortes ante la ineficiencia y complacencia con los desvaríos y ligerezas de muchos de ellos en el ejercicio del  cargo por parte de la  cuestionada comisión de  acusaciones, hasta el punto que se propone ser retirado para ser incluido en una reforma judicial por considerarse que hace parte de la naturaleza y estructura judicial.

Otro ejemplo de  los insulsos  debates  cuando se  propone retardar una decisión cuando hay intereses de por medio, que bien podría dar lugar a un BUSTO al leguyelismo Parlamentario.

Bogotá, Octubre  17  2017.