28 de marzo de 2024

La real verdad

31 de octubre de 2017
Por José Ferney Paz Quintero
Por José Ferney Paz Quintero
31 de octubre de 2017

José Ferney Paz Quintero
Abogado Consultor
 

No nos llamemos a engaño. El país político, y el país nacional como lo denominara Gaitán, no van por buen sendero, aunque la gran prensa pretenda desconocer esa realidad, afirmación que se sustenta en hechos que denuncian a diario los pocos medios independientes y que aluden a la pérdida de confianza en el diseño del actual sistema judicial, con grotescos hechos de corrupción, congestión y atraso judicial, el abuso de la prisión extra mural para delincuentes confesos, las promesas fallidas de una reforma estructural más enfocada a la cúpula, olvidando las dificultades del usuario para acceder a la administración de justicia

¿Cómo desconocer la desconfianza del inversionista que observa como el Estado a través de sus órganos competentes omite casi que dolosamente las funciones de vigilancia?, permitiendo que unos negociantes del sector bursátil se apropien de los ahorros de miles de ingenuos colombianos, que acuden al sistema financiero creyendo en la seriedad y transparencia del mismo, caso Interbolsa, Elit, con endebles investigaciones y laxo tratamiento por la jurisdicción penal, con indebida aplicación del principio de oportunidad y prisión domiciliaria para estos asaltadores de la buena fe ciudadana.

¿Cómo dejar de lado las quejas reiteradas de humildes colombianos que afanosamente buscan se les ordene el adecuado tratamiento médico para sus dolencias y enfermedades?

Si lo anterior no fuera suficiente, la crisis hospitalaria ha llegado al extremo por la caótica política de seguridad social, aspecto este no abordado por ningún aspirante presidencial, más interesados en el cruce de ataques personales, pero sin ninguna idea o propuestas de contenido social.

¿Qué decir sobre la explotación de obreros y trabajadores a través de las cooperativas de trabajo como intermediarias laborales, con el único propósito de burlar el pago de los beneficios de ley?

Sobre este tema justo reconocer los avances de la jurisprudencia nacional al aceptar la vigencia del contrato realidad como legal protección del trabajador ante el abuso del empleador, siendo el Estado el mayor transgresor en esta área de vinculación laboral.

Dable reconocer el millar de desempleados que deambulan por las calles de las grandes ciudades, aunque el DANE nos dé información contraria sobre la reducción del desempleo, credibilidad relativa por su dependencia estatal, y su poca  autonomía en el manejo estadístico.

¿Cómo anhelar una renovación de la clase política, cuando a escasos meses de las elecciones parlamentarias, son pocas las nuevas figuras que surgen en el panorama electoral del país?, y los que pretender repetir algunos tienen a cuestas investigaciones penales, no resignándose a perder el poder y acuden a cualquier estrategia para apoyar a parientes cercanos, padres, hijos, hermanos, esposos, sobrinos, yernos en aspiraciones electorales parlamentarias.

¿Cómo volver por la credibilidad de los partidos políticos, soportes de la poca democracia que nos queda, cuando se nos informa de la aprobación en comisión parlamentaria en la discutida reforma política, de un artículo que permite las listas de coalición de partidos?, desconceptuando los linderos ideológicos de los mismos, como si se tratara de una simple lista comercial, solo buscando asegurar un mayor número de votos que garantice más curules. Un réquiem para los partidos que han escrito la historia del país.

¿Hasta cuándo la sociedad sana de la nación debe limitarse a leer las informaciones de prensa que aluden a los llamados a versión libre, interrogatorios, fijación de fechas para imputación de cargos, acuerdos con la fiscalía, pero pasa el tiempo y se desconocen los resultados de esas diligencias preparatorias y menos aún decisiones de fondo por parte de la jurisdicción competente, con medidas efectivas para quienes han burlado la ley, o incursos en graves casos de corrupción, y orondos continúan con sus actividades profesionales, políticas o comerciales? A propósito, cuando se conocerá la real situación jurídica del señor Roberto Prieto, mencionado por Bula, en los dineros ingresados a una de las campañas presidenciales ¿Cuál es el teflón que lo protege?

No en vano las recientes encuestas de opinión aluden a una desazón, inquietud, pesadumbre e indiferencia ciudadana frente al proceso electoral, apatía de una sociedad que parece haberse acostumbrado a convivir dentro del escándalo y la corrupción estatal, que ha permeado todas las capas sociales.

Como quisiéramos que el país, sus gentes, su clase dirigente, los partidos, tomen conciencia del mal momento político social, y se rescate a la nación del caos presente.

Un llamado a los partidos, incluyendo al que pertenezco, el liberal para su depuración, coherentes con su ideología, abanderados en la lucha frontal contra el clientelismo burocrático y la corrupción, canalizadores del malestar social superando así ese divorcio que en el presente se da entre la sociedad y partidos, que viene originando movimientos independientes, con claras expresiones populistas que en nada beneficia la estructura política electoral del país.

No todo está perdido ni disuelto. Lo que menos se puede perder es la esperanza como estado de ánimo.

Adenda: Se dio a conocer la lista integrada por 10 profesionales preseleccionados por la Corte Constitucional para la escogencia del nuevo magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, vacancia dejada por el actual secretario ejecutivo de la JEP Néstor Raúl Correa.

No es secreto alguno que esta corporación ha sufrido los embates para su eliminación, creado con los mejores augurios por la constituyente del 91 para ejecutar las políticas de racionalización judicial y desarrollar la autonomía administrativa y presupuestal en la búsqueda de un mejor modelo para la administración judicial.

Profeso un gran respeto por el ejercicio político cuando está orientado  al bien común o colectivo por cuanto constituye factor decisivo para el desarrollo social, pero en el entendido  que hay campos ajenos a la naturaleza propia de los partidos y uno de ellos es el de la justicia. Ojalá así lo conciban los magistrados de la Corte Constitucional al momento de elegir al nuevo funcionario, alejados de las componendas e intrigas de algún sector político que pareciera  estar interesado en la búsqueda de ese cupo en tan importante corporación que  toca  con el gobierno, modernización y justicia al día tan necesitada en los actuales momentos.

Que se actúe con rigor profesional e institucional, y se escoja al mejor capacitado y no al mejor recomendado, para evitar lo que se ha denominado la politización de la justicia, no siendo esto concebible en un Estado de derecho.

 

Bogotá, octubre 31 de 2017