Lo que nos faltaba

José Ferney Paz Quintero
Abogado Consultor

La corrupción se ha definido como la acción humana que transgrede las normas legales y los principios éticos, convirtiéndose para desfortuna del país en una costumbre arraigada en nuestra historia política, nuestra cultura y organización social.

Este fenómeno que tiene al borde del abismo a la Nación, empleando un símil de un conocido columnista, “crece como una llamarada que nadie puede controlar, la maldad campea, en donde los escándalos son peores cada día….todo se compra y todo se vende, desde los contratos hasta las conciencias, pasando por las campañas electorales…”

Lo cierto es que la acción del Estado a través de los organismos de control no ha sido lo suficiente para atajar este cáncer que desfonda el erario, pero si incrementa el patrimonio de unos cuantos avivatos, con investigaciones endebles, sanciones laxas, cuando se producen y lo más sorprendente, siguen en sus cargos a pesar de las denuncias públicas, como si fueran intocables, al parecer siendo el apoyo político escala superior a los principios morales y éticos.

Ahora bien, a la descabellada propuesta de despenalizar el PREVARICATO, delito que sanciona al funcionario judicial o administrativo que profiere resoluciones contratarías a la ley o las funda en hechos falsos, donde se penaliza no el yerro, sino el abuso del derecho, informan los medios sobre la estratagema jurídica de unos leguleyos para buscar beneficiar a ex funcionarios públicos, hoy con aspiraciones políticas, inhabilitados para ejercer cargos oficiales por haber sido declarados responsables fiscalmente por la Contraloría General.

La ley 610 del 2000, en concordancia con la 734 del 2002, son claras al disponer que quien haya sido condenado o declarado responsable por los entes de control fiscal incurre en una inhabilidad por un determinado tiempo para ejercer cargos públicos, la cual cesa cuando el encartado cancela el dinero del detrimento patrimonial y sea excluido del boletín de responsables fiscales.

Desconcierta como se acude de manera reiterada a los procedimientos propios de los mercaderes del derecho en busca de favorecer a los funcionarios indelicados, que han abusado de sus cargos, como el artículo del proyecto de ley de reforma política que pretende consagrar en norma sustantiva la previa confirmación por parte del Consejo de Estado toda limitación de los derechos políticos que no revistan naturaleza judicial, o sea una capitis deminutio para los organismos de control disciplinario.

Todo lo anterior, para significar que en lugar de luchar de manera frontal contra este fenómeno de la corrupción y fustigar con severidad al infractor, intereses ocultos  trabajan afanosamente para crear normas de favorecimiento, o buscar tumbar las que imponen sanciones abriéndose camino a otra modalidad de impunidad: la fiscal.

Seguramente la Corte Constitucional analizará con sumo cuidado la demanda de inexequibilidad en mención y fijará su posición jurisprudencial frente a este tema que toca con la moral y la transparencia administrativa, mientras los eventuales beneficiados orondos se pasean por las plazas colombianas promoviendo sus aspiraciones electorales, aprovechando este relajo moral y antiético en que se debate la estructura estatal. El cinismo en total apogeo.

Adenda: Ante las circunstancias de orden económico, político, social, en que está colocado el país por debajo de los índices de desarrollo, es la oportunidad para que la corriente liberal con su tradición de partido de corte social esté llamado en este crucial momento a revitalizar las fuerzas populares que anhelan un país  en paz, donde impere la justicia, entendida como un conjunto de valores, como lo son: la equidad, la igualdad, la libertad y el libre disenso.

Hace bien el Partido Liberal en alinear sus posturas dirigidas a la contienda electoral del 2018, al definir el mecanismo de la consulta popular para escoger su candidato presidencial, donde seguramente participarán con el derecho que les otorga su trabajo político dirigentes de las diferentes tendencias, incluido el nombre del caldense Humberto de la Calle, como lo dio a conocer el expresidente Gaviria en el encuentro de la bancada liberal en días pasados.

Importante será la presencia del exministro De la Calle, por tratarse de un experimentado hombre de Estado, de amplias concepciones liberales, poseedor del don del gobernante, que no es más que conservarse en el fiel de la balanza, sin perder el sentido del equilibrio, valores indispensables para la conducción  de un país tan agitado como el nuestro. La participación de este connotado  hombre público contribuirá a darle altura, tan necesaria en estos momentos, como dinámica académica e intelectual al debate presidencial.

Dura será la campaña que se avecina, donde la sociedad sana del país tendrá que definir con serenidad el rumbo de la Nación, sin olvidar que una minoría audaz y beligerante puede y ha logrado muchas veces cambiar el rumbo de la historia por la indiferencia de un pueblo, que pareciera que ya nada lo conmueve, por la forma irresponsable como se ha desarrollado el ejercicio político de los últimos años, donde interesa más  las prebendas, el beneficio  personal, que el colectivo.

Bogotá, junio 13 del 2017