22 de enero de 2022
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La dictadura de unos oscuros togados!

22 de julio de 2016
Por Marco Uribe
Por Marco Uribe
22 de julio de 2016

Marco Aurelio Uribe García.

Marco UribeNo podemos hablar de que estamos frente a una “dictadura de los jueces”. No. Esta nueva modalidad dictatorial se la tomó por asalto, sólo les falto “a mano armada”, los omnímodos, omnipotentes, venales y desvergonzados magistrados de las altas cortes (Constitucional, Suprema de Justicia, Consejo de Estado y, con una mínima incidencia, el Consejo Superior de la Judicatura), quedando por fuera de este poder desaforado el resto de la rama judicial desde los Tribunales Superiores hasta el Juez Promiscuo Municipal del más humilde municipio. 

Es incomprensible que algunos de los voceros del oligopolio que conforman los medios de comunicación, sostengan con argumentos baladíes lo perjudicial que puede resultar la convocatoria de una Asamblea Constituyente, siendo éste el único medio eficaz que garantiza una verdadera y contundente reforma política, en lo referente a parlamentarios y partidos políticos, y a la justicia, en lo concerniente con las altas cortes; está demostrado que por la vía legislativa es un imposible lograrlo, y las pocas reformas que se aprueban sin llegar a ser una panacea, la dictadura privilegiada las declara inconstitucionales si alguna palabreja o artículo toca con ellos y creen que lesiona alguno de sus intereses personales. Situación que no ocurriría si el acto fuera expedido por una Constituyente. 

La burguesía plutócrata de El Tiempo, su timonel en representación de su propietario, sostiene, pensando más en su interés económico, en la inconveniencia para el país de confundir un esfuerzo por silenciar los fusiles con la coyuntura para una reforma integral del Estado a través de una Constituyente, porque de pronto se excedería en su mandato, situación que es la requerida con urgencia para enderezar los entuertos que no arregla el legislativo, por cuanto la silenciada de los fusiles iría de la mano con las reformas que se necesitan y que se acordaron en La Habana, y otras más que son indispensables para la estructura estatal, como son las que acaba de “tumbar” la Corte Constitucional. 

Además, sería necio aceptar esta tesis peregrina, por cuanto las verdaderas reformas que apruebe una Constituyente y que redunden en el bien colectivo, como una verdadera y eficaz seguridad social integral, acceso a la educación en todos sus niveles, etcétera., facilitarían nuevos acuerdos de paz con el resto de grupos subversivos hasta lograr la terminación de la guerra total, ya que por ahora los fusiles que se espera se silencien pertenecen a una fracción mayoritaria de las Farc, pero, el tableteo de las armas sigue en manos de los que quedan por fuera y son los disidentes farianos, los elenos, los rastrojos, los urabeños, los úsuga, las águilas negras, los del golfo, y válgame Dios, cuántos más. Con los acuerdos con las Farc se termina el conflicto con ellos, no con los otros que entran de inmediato al dominio de los territorios vacantes y a explotar el fabuloso negocio de las drogas. 

Las decisiones sinuosas, torticeras, veleidosas e irresponsables que ha tomado la Corte Constitucional en los últimos días, siembra en el vulgo de a pie, y en los aventajados de limosinas también, una desconfianza enorme hacia estos operadores judiciales por su falta de idoneidad, de honestidad y de ética en el ejercicio de sus funciones, creando un estado de inseguridad y de zozobra jurídica preocupante, ya que si estas posiciones y decisiones ininteligibles se dan en ese organismo que tiene la sagrada y delicada misión de la guarda de la Constitución, y que hasta hace poco se consideraba impoluto y paradigma para sus pares de los otras altas cortes, con qué autoridad o derecho se le puede exigir un comportamiento diáfano a uno cualquiera de los jueces promiscuos municipales, y que son los que ocupan el escalafón más bajo en la estructura de los que administran justicia. 

Me parece oportuno en este escrito, transcribir este aparte del artículo “La corte peló el cobre” de María Isabel Rueda, publicado por el Diario El Tiempo el pasado 17 de julio: “Es impúdico que los magistrados de esta Corte Constitucional, varios investigados por sobornos, venta de tutelas y por grabar en secreto conversaciones (métodos mafiosos), no se hubieran declarado impedidos para tumbar una reforma que establecía un sistema efectivo para investigarlos y juzgarlos. Por eso, por decencia, la constitucionalidad de esta reforma la debió haber resuelto un grupo de conjueces no impedidos. Sobre todo en el caso de la presidenta de la Corte, María Victoria Calle, cuyo esposo, el ex consejero de Estado Gustavo Gómez, lideró hasta manifestaciones en la plaza de Bolívar contra la reforma de equilibrio de poderes”. 

La dictadura de estos togados descansa en una sabiduría que no solo es proclive a la comisión de un variopinto de delitos sobre todo en aquellos que producen beneficios económicos, sino en la sagacidad perversa para inventarse figuras como la sustitución de la Constitución lo que les permite inmiscuirse en asuntos ajenos a su competencia, y así poder “manosear” a su antojo el poder constituyente a través de exámenes por vicios de forma, de fondo y de competencia, faltándole sólo el examen de su origen partidista, convirtiéndose de la noche a la mañana en una descarada e impune “usurpación de funciones”, lo que les facilita “examinar” y “tumbar” reformas y leyes ordinarias, cuando les venga en gana. 

El “luminoso” fallo que decapita el Tribunal de Aforados tiene unas consideraciones que sólo caben en la mente de un tarambana de siete suelas, y aduce que el equilibrio de poderes les viola la independencia judicial, situación ésta que no es real, pero que sí tiende una coraza que blinda a la impunidad reviviendo, sin la menor pena, la inepta y corrupta Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Y no es que les viole la independencia judicial como erróneamente creen los guardianes de la Carta, con la creación del Tribunal de Aforados lo que si se les “viola” y se les “acaba” es la eterna y oprobiosa “impunidad judicial”. 

La solidaridad de cuerpo y de espíritu no sólo se da en las profesiones de carrera universitaria y en los cuerpos castrenses, también se da en la delincuencia organizada. Las razones para revivir la Comisión de Acusaciones afloran. Tú me investigas. Yo te investigo. Nosotros nos absolvemos. La competencia en la investigación y juzgamiento en cabeza de la clase política hay que preservarla y defenderla a capa y espada, para que opere a la perfección la reciprocidad, el día que esta gabela desaparezca se puede cerrar el Palacio de Justicia y el Capitolio Nacional y declararlos como sucursales de la Penitenciaria La Picota. 

La razón de más peso para considerar en el susodicho fallo que el mal llamado equilibrio de poderes viola la independencia judicial, radica en que un magistrado de las altas cortes o un fiscal general tiene más garantías juzgado por los politicastros que por un órgano independiente, impoluto, de arraigo judicial, con ética y con moral, técnico y de su misma jerarquía, por cuanto éste carece de cierta “virtud” garantista que sí tienen los legisladores: la deshonestidad. 

Consideran además: “El congresista puede considerar que existen fuertes pruebas contra un alto dignatario, pero estar convencido de que su destitución puede tener efectos catastróficos para el país y por ello, consultando el bien común, opinar y votar a favor del investigado”. Y saben cuáles serán  los efectos catastróficos para el país si opinan y votan en contra del investigado, que sacuden los anaqueles y desempolvan los procesos contra muchos parlamentarios o, sino, se los inventan o le dan crédito a testimonios de un gran número de paramilitares, de guerrilleros o delincuentes comunes, y dejan “empelotas” al Congreso. Como dice el dicho: Entre bomberos no se pisan las mangueras. Así de sencillo. 

Después de leer apartes del fallo, se pierde cualquier esperanza de torcerle el pescuezo a la abominable y asfixiante corrupción. ¡Apague y vámonos!

 

Manizales, julio 22 de 2016.