Razones para pedir una renuncia

Sofía Gaviria Correa

La directora del ICBF, Cristina Plazas, declaró en la radio que el motivo por el cual pedí su renuncia, la semana pasada, es que el instituto por ella dirigido no ha firmado contratos en los últimos meses con la Fundación Lucerito, de la que soy cofundadora.

Es cierto que hace once años fui una de las 120 personas agrupadas para crear esta entidad sin ánimo de lucro, con el objetivo de auxiliar a niños y jóvenes víctimas de violencia sexual, pero desde hace más de diez años no hago parte de su junta directiva, ni tengo vínculo alguno con la entidad. Sin embargo, he seguido los pasos de Lucerito y, con complacencia, he sido testigo de cómo durante todos estos años, la fundación ha cumplido a cabalidad con su finalidad, apoyando la recuperación de 5.890 menores. En ese tiempo, ha sido la única entidad de su género en atender a víctimas menores de cinco años de edad y en operar  en zonas rurales. Por ello, me indignó enterarme de que, en diciembre pasado, 150 menores, que estaban siendo atendidos por la institución, en el Quindío, quedaron sin ninguna protección o apoyo por parte del ICBF.  La desatención a estos niños vulnerables, y no la adjudicación alguna de contratos a la Fundación Lucerito, es lo que he reprochado públicamente a Cristina Plazas.

Plazas olvidó mencionar que esta muestra de negligencia no es la razón principal por la que he pedido su renuncia.  Valga la pena hacer un veloz repaso de los motivos que he expuesto, desde hace meses, en columnas de opinión y en audiencias y debates de control político en la Comisión Séptima del Senado y en la Comisión de Derechos Humanos, que presido:

1.          Cristina Plazas ha faltado a su función de rendir cuentas ante el Congreso. De las más de 19 ocasiones en las que ha sido citada a comisiones y plenaria de la Cámara de Representantes y del Senado, solo ha comparecido ante el legislativo seis veces; es decir, a menos de una tercera parte de las citaciones.

2.          Bajo la dirección de Plazas, se han incumplido los acuerdos gubernamentales pactados con las madres comunitarias, relacionados con contratos, salarios y prestaciones sociales. Esto ha generado una crisis que derivó en el gran paro que acaba de terminar y para el fin del cual varios congresistas tuvimos que mediar.

3.          Han sido múltiples las investigaciones existentes contra el ICBF de Plazas y contra los adjudicatarios del mismo, por reiteraciones en prevaricato, peculado, interés indebido en la celebración de contratos y celebración de contratos sin formalidades.

4.          A pesar de que Colombia es el segundo país del mundo con mayor incidencia de embarazo adolescente, Cristina Plazas no ha establecido una política pública eficaz, de alertas tempranas o de prevención, en cuanto a salud sexual y reproductiva de menores: cada año, hay más de 165.000 niños nacidos de adolescentes.

5.          Plazas no ha puesto en operación los mecanismos necesarios para evitar el maltrato infantil y el abuso sexual a menores, cuya estadística ha aumentado preocupantemente durante su administración. Mucho más grave esto, cuando este abuso ocurre en los mismos hogares del ICBF.

6.          Cristina Plazas ha faltado a su obligación de brindar atención integral a los menores víctimas del conflicto.

7.  A causa de una mala implementación de procedimientos por parte del ICBF, las adopciones, en los últimos cinco años, se han reducido en un 62%, lo que vulnera el derecho fundamental de los niños a tener una familia.

8.  El ICBF de Cristina Plazas no está brindando a nuestros niños condiciones que garanticen su derecho a la alimentación. La grave situación de inseguridad alimentaria está causando frecuentes escándalos de muertes por desnutrición en La Guajira. Esta situación se repite en Chocó, Guainía, Vaupés, Vichada, Santander y Huila, entre otros departamentos.  En 2015, se notificaron 260 muertes de menores de cinco años, por desnutrición y 808 por causas asociadas a la misma, y en las 12 primeras semanas de 2016, se registraron 53.

9.  Cristina Plazas no ha hecho lo necesario para que el país cuente con estadísticas serias y fiables acerca de la situación de la niñez en Colombia, indispensables para la racionalización e inversión adecuada de los recursos públicos.  Plazas incumplió con su deber de tener lista, para el 2014, la encuesta quinquenal de Situación Nutricional, la ENSIN, insumo básico para verificar avances y proponer acciones en seguridad alimentaria en el país.

Cristina Plazas no puede desviar la atención de la opinión pública, ni buscar crear escándalos o mantos de dudas donde no puede haberlos. Lo único cierto es que la dirección del ICBF le quedó grande y que esto ha afectado a los cientos de miles de menores y familias que deberían recibir atención integral de esa entidad.

Reto a Cristina Plazas a que declare, bajo la gravedad del juramento, si he pedido contratos o puestos en el ICBF.

Que respete y que responda con logros y con argumentos, no con mentiras.