En lo electoral: No a la presunción de inocencia y penas irredimibles

Otto Morales Benítez: Hombre de Estado

JOSE FERNEY PAZ QUINTERO

ABOGADO CONSULTOR

Terminado el trámite del acto legislativo de la mal llamada reforma de equilibrio de poderes en donde se mezclaron temas políticos, electorales, y de justicia, que nos servirá de materia prima para próximas columnas, el país se apresta a presenciar otro debate que culminará con las elecciones regionales del próximo mes de octubre para renovar Gobernaciones, Alcaldías, Diputados, Concejales, Ediles, en donde se pondrá en juego la transparencia electoral y la responsabilidad de los partidos en el otorgamiento de los avales para aquellos que tratarán de buscar el favor ciudadano.

La elección popular en los entes territoriales, crearon una situación realmente nueva para el desarrollo de las luchas partidistas y para la expresión política de las necesidades de las regiones.

Habrá que pedirles a los votantes una vez más, que no regalen su voto, que los canalicen a través de voceros auténticos, comprometidos con la comunidad y que entiendan que el manejo de lo público se constituye en vaso sagrado, que debe ser respetado y ajeno a ultrajes y tropelías administrativas.

No es conveniente para la débil democracia que nos queda, direccional el debate electoral en el sentido de dividir al sufragante en buenos y malos, que quién no esté con el gobernante de turno se le considera un apátrida y atenta contra la estabilidad política de la Nación.

De igual manera, es cierto y lo reiteramos con claridad, que el actual sistema electoral no ofrece la confianza necesaria cuando de por medio se denuncia la compra y venta de votos, la trashumancia, las presiones de grupos armados, jurados de votación cohonestando el fraude y el carrusel electoral con algunos dirigentes políticos jugando a la violación de las normas que regulan las reglas para la trasparencia de la gestión departamental, municipal y distrital, y las que adoptan las reglas de organización y funcionamiento de los partidos consagradas en las leyes 617 del 2000 y 1475 de 2011.

Resulta conveniente comentar una norma que si no fuera por su vigencia con exequibilidad constitucional, nos resistiríamos a creer que haga parte integrante de estatuto electoral y que alude a las faltas en que incurren los partidos, movimientos políticos y veedurías, al inscribir candidatos a cargos o corporaciones de elección popular a quienes hayan sido condenados O LLEGAREN A SERLO DURANTE EL PERÍODO PARA EL CUAL RESULTAREN ELEGIDOS……………….., NORMA ESTA QUE DESVIRTÚA EL PRINCIPIO DE LA PRESUNCIÓN  DE INOCENCIA. (Artículo 10 numeral 5 ley 1475 2011)

Obvio que quién ha sido condenado en juicio por delitos relacionados con la vinculación a grupos armados ilegales, actividades del narcotráfico y contra los mecanismos de participación ciudadana o lesa humanidad, deben estar excluidos de los certámenes electorales, pero impedir la aspiración e inscripción cuando ni siquiera se le ha abierto causa criminal, ni se le ha escuchado en versión libre o indagado, es ir en contra del principio fundamental de la presunción de inocencia, como un derecho para la adecuada practica del estatuto penal y su ejecución, por cuanto no se puede decir que alguien es culpable sin que un juez lo determine, máxime cuando se conocen de errores aberrantes y denigrantes en contra de imputados al ser considerados como culpables, solamente por comentarios de opinión o por errores jurisdiccionales, en donde juega papel preponderante los medios de comunicación masivos al sacar conclusiones sin ningún valor jurídico.

De igual manera, como no destacar lo preceptuado por la ley 617 del 2000, cuando en su artículo 30 establece las inhabilidades para ser gobernador, prohibiendo la inscripción como candidato, ser elegido o designado como tal, si el aspirante ha sido “condenado en cualquier época por sentencia judicial o pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos…..”, lo que en buen romance significa y es el debate que se plantea, que esa inhabilidad se convierte en permanente a pesar de purgar la sanción penal y restituírsele sus derechos políticos, instituyéndose en Colombia como el único país que consagra penas irredimibles.

Como quiera que dichas normas están vigentes deberán ser aplicadas por los partidos y veedurías, so pena de incurrir en las sanciones de ley que van desde la suspensión o destitución del cargo directivo hasta la expulsión del partido, y para estas organizaciones la suspensión o cancelación de las personerías jurídicas.

Esta responsabilidad también se extiende por avalar a candidatos NO elegidos, si estos hubieran sido o fueron condenados durante el periodo del cargo o corporación al cual aspiraron, lo que significa que hay una responsabilidad latente si se incurren en los delitos taxativos atrás reseñados.

Todo lo que se haga por depurar el ejercicio partidista debe ser apoyado y a tiempo para que el país y su clase dirigente tome conciencia de sus propias responsabilidades, por cuanto son muchas las dudas que campean en el horizonte de aspiraciones de personajes que a pesar de sus antecedentes disciplinarios, fiscales, penales, o burla al electorado a sabiendas de sus inhabilidades, se disponen a participar en el proceso venidero, encabezando el festín de avales el partido Cambio Radical, tratando de imponer el poder del dinero y de los medios, muchos de ellos controlados por los denominados caciques en las pequeñas comunidades quienes reportan al jefe de turno que posan de estadistas en Bogotá, pero en sus feudos de la provincia están más preocupados por establecer una coalición que les arroje positivos resultados electorales, aunque sea con los adversarios del ayer, sin soporte programático, actuando como verdaderos saltimbanquis de la política criolla.

Ahora bien, lo mínimo que se le puede exigir a quienes aspiran a gobernarnos o buscan una representación popular, es conocer sus programas de gobierno, quienes lo acompañan, la financiación de la campaña, la veracidad de lo que se promete, exhibición de la hoja de vida para que sea analizada con plena libertad, si en verdad se le quiere dar altura y toque de trasparencia a las elecciones que se aproximan.

No se debe olvidar que una cosa son las elecciones en sí y otra cosa es el escrutinio, etapa dispendiosa, en donde confluye una suma de factores, que no garantiza limpieza en los resultados, de allí que haya hecho carrera la frase. “El que escruta, elije”, acuñada desde hace 45 años por el sacerdote Camilo torres antes de ingresar a la guerrilla, citando una vieja razón de la política tradicional colombiana.

Para el bien de la Nación, confiamos que esas etapas se hayan superado y los partidos recuperen su credibilidad ante el electorado, con la precisa anotación que en las elecciones pasadas, de cuatro votantes solamente uno lo hizo por los partidos tradicionales, los tres restantes votaron en blanco o se abstuvieron de hacerlo.

Adenda: Otto Morales Benítez: Fue una de las figuras más importantes de nuestra sociedad contemporánea, quién durante su larga y fecunda existencia de hombre público y de libre pensador, se destacó como un fiel defensor de la democracia y la libertad, principios estos fundamentales del liberalismo democrático.

Fue un colombiano, a quién la sociedad civil, la academia, la judicatura y el partido liberal, le deben mucho, por lo que hizo y defendió, su aporte a la juridicidad y la búsqueda de la paz, como una de sus grandes banderas programáticas.

Otto Morales Benítez hará parte de la historia del país y quedan sus libros y ensayos en donde plasmó su pensamiento sobre la certeza moral de que la Nación estaba abocada a un instante crucial de su destino e invitaba que solo se le podría salvar si se actuaba con mentalidad reformista, con contenido social en los actos de los partidos políticos y gobernantes de turno.

Para des fortuna de Colombia y por las circunstancias partidistas de la época se le privó a este ilustre caldense de ocupar la dignidad presidencial, con mayores meritos y condiciones frente a quienes la ejercieron en los años subsiguientes.

Su integridad y conducta, tanto pública como privada, serán ejemplo que debieran acoger como regla a seguir por quienes practican la actividad política, por cuanto jamás ninguna de aquellas transacciones, capitulaciones, tolerancias, inadvertencias, que parecen ser tributo obligado a la vida política, halló cabida en su carrera de hombre de estado, siendo siempre un claro defensor de la probidad y del decoro integérrimo

No hay duda de que Otto Morales hasta el día de su fallecimiento encarnó tanto en Colombia como en Latinoamérica el ideal del liberalismo democrático, al dedicar su vida de pensador y de hombre público a la lucha en pro de la realización de ese ideal.

Descanso eterno para el político, historiador, humanista, y escritor.

Bogotá, Mayo 26 2015.