Saber leer el arte y saber leer la política

La pregunta parece trivial: ¿quién decide quién es artista? ¿El mercado cuando adquiere una obra? ¿Un curador cuando organiza una exposición? ¿La crítica cuando valida una propuesta estética? ¿Otros creadores? La respuesta es que nadie posee ese monopolio. El mercado puede llevar una pieza al éxito comercial, la crítica puede conferirle legitimidad y las instituciones pueden distinguirla con premios, pero ninguna de esas instancias tiene la última palabra. La historia del arte está llena de autores ignorados en su tiempo y celebrados décadas después, así como de figuras consagradas que terminaron desvaneciéndose de la memoria cultural. El reconocimiento artístico nunca ha sido un decreto; siempre ha sido un debate abierto y, muchas veces, una disputa.

Volví sobre esa idea después de seguir escuchando cuestionamientos de algunos colegas a propósito de mis posiciones políticas. No me sorprendió el desacuerdo; la discrepancia es parte natural de una sociedad libre. Lo que sí me llamó la atención fue la aparente convicción de que una opinión o una postura pueden disminuir la legitimidad de un creador. Como si producir una obra, exponerla o escribir sobre arte otorgara también la facultad de decidir quién merece ser reconocido. Esa confusión resulta preocupante porque traslada un debate ideológico al terreno de la expresión estética y convierte la identidad artística en una especie de certificado de pertenencia.

Saber leer el arte no es saber leer la política. Comprender una pintura no convierte a nadie en experto en seguridad, economía o administración pública, del mismo modo que dominar esos asuntos tampoco hace de alguien un mejor intérprete del arte. Son campos distintos que exigen conocimientos diferentes. El arte pertenece al universo de los símbolos, las metáforas y las emociones; la política, al ámbito de las decisiones, los resultados y el ejercicio del poder. La sensibilidad estética puede enriquecer nuestra comprensión de la condición humana, pero no concede una autoridad especial para evaluar presupuestos, políticas públicas o estrategias de gobierno. Eso no significa que los artistas deban mantenerse al margen de la vida pública. Como cualquier ciudadano, tienen el derecho —e incluso la responsabilidad— de participar en ese debate. Pero si aspiran a hacerlo con autoridad intelectual, también deben estudiar la política con el mismo rigor con que estudian su oficio. De lo contrario, el juicio crítico corre el riesgo de dejar de ser una búsqueda de comprensión para transformarse en la defensa automática de un partido, un candidato o una ideología.

La historia demuestra, además, que el talento creativo y las convicciones políticas nunca han marchado necesariamente de la mano. Ezra Pound fue uno de los grandes poetas del siglo XX y defendió el fascismo. Pablo Neruda dejó una obra inmensa mientras expresó admiración por Stalin. Jorge Luis Borges produjo una literatura extraordinaria y recibió críticas por algunas de sus posiciones públicas. Ninguno de esos ejemplos pretende absolver ni condenar a sus protagonistas. Solo recuerdan una realidad: el mérito de una obra no está determinado por la simpatía que despierten las ideas de su autor, así como una postura política tampoco anula la capacidad de imaginar o crear.

Sin embargo, en algunos sectores culturales parece consolidarse una lógica distinta. Determinadas opiniones funcionan como credenciales de pertenencia, mientras otras bastan para despertar sospechas o intentos de descalificación. Se defiende la libertad de expresión siempre que la discrepancia apunte en una dirección determinada, pero cuando el disenso incomoda al propio entorno aparecen etiquetas, descalificaciones e incluso la tentación de expulsar simbólicamente al discrepante de la comunidad artística. Esa actitud no fortalece la cultura; la empobrece. Reduce el arte a un ejercicio de conformidad y la actividad creadora a un acto condicionado por la aprobación ideológica.

Quizás por eso conviene volver a la pregunta inicial. Ni el mercado, ni los curadores, ni la crítica, ni otros creadores poseen el poder de otorgar o revocar la condición de artista. Todos participan en el debate cultural, pero ninguno puede monopolizarlo. Ser artista no exige el permiso de una institución ni la coincidencia con una determinada visión. Es el resultado de una práctica creativa cuyo mérito será discutido —como siempre lo ha sido— por el público, por el paso del tiempo y por la historia. La libertad artística comienza a erosionarse en el momento en que necesita autorización ideológica para existir.