Crisis de gobernabilidad en Colombia: ¿Quién tiene la responsabilidad?

Trump no provocó el caos colombiano: simplemente lo reveló. Su mensaje no fue un insulto, sino una advertencia que desnudó la fragilidad institucional del país y la crisis moral de su dirigencia. Colombia no fue víctima de un golpe ni de una conspiración externa; cayó por su propio silencio, por la omisión de quienes prefirieron mirar hacia otro lado mientras el Estado se degradaba.

Durante tres años, Gustavo Petro gobernó sin mayorías reales. No tuvo aliados, sino cómplices. Los partidos tradicionales —liberal, conservador y La U— negociaron con él cuotas, contratos y posiciones, y a cambio entregaron su papel de contrapeso. Las cortes se refugiaron en el formalismo, la Procuraduría en la ambigüedad, la Fiscalía en el silencio y la Contraloría en el cálculo político. La Constitución ofrece mecanismos para esclarecer la financiación de las campañas, pero esos artículos siguen archivados bajo el polvo de la indiferencia.

En ese escenario, solo una oposición minoritaria mantuvo una postura firme y coherente. Fue señalada, aislada y muchas veces estigmatizada, pero no se arrodilló ante el poder. La sociedad civil, aunque valiente, tampoco logró romper la parálisis del miedo: protestó, sí, pero el temor a perder contratos, estabilidad o seguridad pesó más que el deber cívico. El asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay terminó por confirmar el clima de amenaza que hoy condiciona a la política decente. Colombia no fue derrotada por la fuerza, sino inmovilizada por el miedo.

Mientras tanto, el Gobierno construyó una red de alianzas que comprometió la soberanía y distorsionó la política exterior. Con Caracas y La Habana se estrecharon vínculos que van más allá de la diplomacia y que hoy condicionan la autonomía nacional. La llamada “paz total”, que prometía reconciliación, terminó convertida en un espacio de impunidad y pérdida de autoridad. El debilitamiento de las Fuerzas Militares y la politización de empresas como Ecopetrol no fueron errores: fueron decisiones que minaron la confianza interna y la credibilidad internacional del Estado.

Y, frente a todo ello, la dirigencia guardó silencio. Nadie alzó la voz en defensa del interés nacional. Ni vergüenza, ni memoria: solo conveniencia. Los gremios y empresarios que hoy piden “prudencia diplomática” son los mismos que durante años confundieron estabilidad con complacencia. El país fue entregado al cálculo, no al juicio.

Trump, con su estilo frontal, no hizo más que poner un espejo ante esa realidad. Sus declaraciones, lejos de ser un exabrupto, reflejan cómo Estados Unidos percibe a una Colombia debilitada, atrapada en alianzas ideológicas y desconectada de su papel estratégico en la región. Los partidos tradicionales y la clase política tiemblan porque intuyen lo que viene: sanciones, aislamiento, pérdida de confianza. Washington no responde a discursos; responde a hechos, y los hechos en Colombia han dejado de ser confiables.

El país ha llegado a un punto de inflexión. Ya no hay lugar para la neutralidad ni para la ambigüedad. El Gobierno actual no ejerce liderazgo: sobrevive en medio del desgaste judicial y la pérdida de legitimidad. Sus aliados intentan salvar su imagen con llamados al diálogo, mientras la nación se desangra en la incertidumbre. La diplomacia en este contexto, no sería un acto político, sino un deber moral con el país.

Colombia debe decidir si seguirá atrapada en la pasividad o si recuperará su dignidad. Porque el silencio no es prudencia: es complicidad. Y cuando el poder se entrega a los intereses personales y la ciudadanía renuncia a exigir responsabilidad, callar deja de ser neutralidad. Se convierte en una forma de traición.