EDITORIAL Un gobierno desde las regiones
Durante décadas, Colombia ha repetido el mismo error: creer que los problemas nacionales pueden resolverse únicamente desde Bogotá. Cada gobierno llega con la promesa de acercar el Estado a los territorios, pero al final las decisiones siguen concentrándose en los mismos despachos, lejos de las realidades que viven millones de ciudadanos en los departamentos y municipios. La consecuencia ha sido un país profundamente desigual, donde las regiones producen riqueza, sostienen buena parte de la economía y soportan las dificultades de seguridad, mientras las grandes determinaciones continúan tomándose a cientos de kilómetros de distancia.
Las elecciones presidenciales de 2026 dejaron un mensaje que trasciende el triunfo de un candidato. Lo que ocurrió en las urnas fue una reacción frente al rumbo que tomó Colombia durante los últimos cuatro años. El gobierno de Gustavo Petro llegó al poder con la promesa de impulsar cambios profundos, pero termina su mandato dejando más preguntas que respuestas. La economía perdió dinamismo, la confianza se deterioró, la seguridad dejó de ser una prioridad efectiva en amplias zonas del país y la relación entre el Gobierno Nacional y numerosos sectores entró en una espiral de disputa permanente. Mientras el debate político se concentraba en discursos y alegatos, muchos problemas cotidianos de los colombianos continuaron sin solución.
Por eso adquiere relevancia la decisión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, de iniciar su proceso de transición recorriendo los departamentos del país. No se trata simplemente de una gira política. El mensaje de fondo es que la recuperación de Colombia no puede diseñarse desde una oficina en la capital sin escuchar a quienes viven las dificultades en el terreno. Gobernadores, alcaldes, empresarios, campesinos, comerciantes y comunidades conocen mejor que nadie los obstáculos que frenan el desarrollo de sus regiones. Ignorar esa experiencia sería repetir los errores que han impedido avanzar durante años.
La salud, la seguridad, la infraestructura, el empleo y la competitividad no son asuntos abstractos. Son problemas que tienen cara y ubicación. Se sienten en las carreteras inconclusas, en los hospitales con dificultades financieras, en los productores que luchan por sacar sus cosechas, en los comerciantes afectados por la extorsión y en las familias que han visto disminuir sus oportunidades. Cuando el Gobierno Nacional pierde contacto con esa realidad, las políticas públicas terminan alejándose de las verdaderas necesidades de la población. Y eso fue precisamente una de las críticas más recurrentes durante el gobierno saliente: la distancia entre los relatos oficiales y la situación que enfrentaban las regiones.
Colombia necesita recuperar algo que parece haberse debilitado en los últimos años: la capacidad de construir sobre lo que une y no únicamente sobre lo que divide. El país no puede seguir atrapado en discusiones ideológicas interminables mientras se acumulan los problemas económicos, fiscales y sociales. La recuperación exige pragmatismo, diálogo y prioridades claras. Exige menos pelea y más gestión. Menos palabrería para las redes sociales y más resultados visibles para los ciudadanos. Y para lograrlo será indispensable restablecer una relación de confianza entre la Nación y los territorios.
Las regiones no son un asunto secundario dentro del proyecto nacional. Son su columna vertebral. Allí se genera buena parte de la riqueza del país, se produce el alimento que llega a las ciudades y se libra diariamente la batalla contra la pobreza, la violencia y el rezago histórico. Si el nuevo gobierno entiende esa realidad y convierte a los territorios en protagonistas de las decisiones nacionales, Colombia tendrá una oportunidad de corregir el rumbo. Porque la reconstrucción del país no iniciará en los pasillos del poder. Comenzará allí donde los colombianos esperan que, por fin, el Estado vuelva a mirar hacia las regiones.
XG
