Segunda Marquetalia: Inquietudes y reparos

Al asumir la presidencia, Gustavo Petro tenía razón sobre un punto: las condiciones de la conflictividad en el territorio habían variado desde 2016, fecha de la firma con las antiguas FARC. Se presentó un fenómeno de balcanización de los conflictos, desparramados ahora, empeñados en desnudas actividades criminales, inconexos y guerreando entre sí. La expresión “toma del poder por las armas”, difundida desde los años sesenta, había desaparecido. En tales condiciones, la llamada Paz Total obedecía a un anhelo nacional. Tras dos años, sin embargo, el balance no es satisfactorio. La violencia se ha recrudecido.

Una de las negociaciones, la de la llamada Segunda Marquetalia, es especialmente crítica por los valores que hay inmersos en ella, pues se trata de un movimiento inspirado por dirigentes que suscribieron el acuerdo, se sometieron a él y son conscientes de las consecuencias de implica la reincidencia.

De este hecho surgen obstáculos jurídicos, disyuntivas morales y enseñanzas muy nocivas para la sociedad.

Lo jurídico: Desde la Constitución, está claro que no se podrá aplicar la justicia transicional a miembros de grupos armados que “una vez desmovilizados, sigan delinquiendo” (Acto Legislativo 01 de 2012). También con rango constitucional, en 2017 se estableció como condición el principio de no repetición. Si se comete un nuevo delito que constituya un incumplimiento, como es este caso, no se aplicarán las sanciones transicionales “sino las ordinarias contempladas en la misma JEP”. Para abundar, la prorroga de la ley de orden público (que llaman ley de paz total) señaló que los desertores solo pueden acogerse al sometimiento. La iniciativa del gobierno sobre sometimiento fracasó y no se ha presentado de nuevo. En el gobierno se habla de la necesidad de buscar soluciones. El obstáculo es mayúsculo. Es de esperar que no se apele a vericuetos endebles y que, si a ello se llega, las hipotéticas normas pasen por el Congreso.

El segundo punto es el supuesto entrampamiento. Aunque el jefe de la delegación del gobierno ha señalado que esta no será materia de discusión, sí ha quedado claro que esta conjetura le ha servido a voceros del gobierno para adelantar la negociación. Se arguye que Santrich fue entrampado y que ese hecho sirve de fundamento. No obstante, la ONU designó a Antonia Urrejola para investigar el asunto. Su concusión señala que aunque hubo un agente provocador, el entrampamiento no ha sido probado. Pero aún si el entrampamiento tuviese objeciones en la legislación colombiana, en el plano moral es reprochable. El entrampado ingresa a la comisión del delito. Este tema moral le quita solidez a las conversaciones y significa una piedra de molino para los delegados del gobierno.

Otro punto: hay que hacer un serio ejercicio de imaginación para delimitar qué materias podrán negociarse. En materia de Justicia Transicional, que no les es aplicable, Colombia llegó al borde de lo que permite la legislación internacional. Se habla de negociar en el terreno de la implementación. Pero esta es obligación vigente del gobierno sin que sea necesario dictar nuevas normas.

Por fin, en una sociedad en la que, como señaló Mockus, el atajo es paradigmático, favorecer a los desertores con nuevas negociaciones entrega un pésimo mensaje. El avivato sale adelante. Es también una bofetada a los miles de ex combatientes que entregaron las armas y que siguen firmes cumpliendo el acuerdo, en medio de una matanza sin cuento y de vicisitudes inenarrables.
Claro que queremos paz completa. Pero cuidado con generar precedentes de los cuales nos podamos arrepentir luego.