29 de abril de 2025

Los estudiantes y profesores universitarios tienen la razón

Abogado egresado de la Universidad de Caldas. Director del área jurídica de la ONG Manizales en Común.
4 de octubre de 2018
Por Alexander Álvarez Giraldo
Por Alexander Álvarez Giraldo
Abogado egresado de la Universidad de Caldas. Director del área jurídica de la ONG Manizales en Común.
4 de octubre de 2018

 

 

 

Por Alexander Álvarez Giraldo

 

 

 

 

«Llegamos a un límite, la situación va a empeorar y no tendremos capacidad de acción en los próximos años. Si el problema no se soluciona a tiempo, la educación superior llegará a un colapso», palabras de Jairo Miguel Torres, presidente de la Sistema Universitario Estatal (SUE), y rector de la Universidad de Córdoba, a la par que anunciaba que el déficit en la educación superior había llegado un tope de 18,2 billones de pesos (18`200.000.000.000). La lamentable situación de la educación superior, es el resultado de 1) Fijar un esquema de financiación para las universidades públicas que no reconoce los costos reales de la educación superior, 2) Financiar la demanda sobre la oferta, 3) Transferir los recursos destinados a educación superior pública a las universidades privadas.

En primer lugar, la ley 30 de 1992 en su artículo 86 y siguientes, fijó un piso – que en la práctica se convirtió en un techo -, para el incremento de los recursos de educación superior según el IPC desconociendo que por su naturaleza los costos educativos crecen bajo otras variables, como el incremento en la productividad, la formación de los docentes y la necesidad de implementar avances tecnológicos; esto teniendo en cuenta el incremento en el número de estudiantes en universidades oficiales, que ha sido del 223% desde el año 1992 hasta la actualidad. A modo de ejemplo, la universidad de Caldas tiene hoy un déficit de siete mil millones de pesos para culminar el año fiscal 2018.

Por otro lado, desde el gobierno de Andrés Pastrana, en Colombia se estableció el incentivo a la demanda, es decir, el crédito educativo como la política de Estado. Así, instituciones como el ICETEX han tenido un incremento en sus recursos desde el año 2008 a la actualidad, superiores al 1700%, y “el denominado IVA social” no fue inyectado a las universidades, sino que fue entregado al ICETEX para continuar con la política de créditos educativos, que hoy tiene a más de 600 mil jóvenes endeudados. De igual manera, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se estableció la política de transferir los recursos públicos a instituciones privadas, por medio de programas como “ser pilo paga” el cual requirió de una inversión de 3,5 billones de pesos, de los cuales el 98,4% se destinaron a subsidiar matrícula en universidades privadas, representado un enorme incentivo gubernamental a este tipo de educación.

Colombia es el cuarto país más desigual del mundo. Según la OCDE la estructura tributaria y la educación son los dos factores que ayudan a promover la movilidad social y encaminan las sociedades hacia la equidad. Sin embargo, en el caso de Colombia, tanto la estructura tributaria como el sistema educativo perpetúan y profundizan las estructuras de desigualdad, tanto que la misma OCDE indica que un colombiano requeriría de 11 generaciones para salir de la pobreza. Uno de los caminos para promover la movilidad social es financiar la educación superior pública de excelencia académica y sin embargo la política educativa ha ido encaminada a todo lo contrario. Tienen toda la razón los estudiantes y profesores que han salido a protestar por un incremento en el presupuesto de educación superior, ya que detrás de los reclamos no sólo hay un proyecto de país, sino también un proyecto de Nación.

Coletilla: Los estudiantes universitarios ha convocado a una movilización el próximo 10 de octubre exigiendo presupuesto para la educación superior, como egresado de universidad pública asistiré orgulloso a respaldar las peticiones, e invito a toda la comunidad a que se sume a esta iniciativa.