Fontur 2018
Desconociendo los derechos de Río Blanco

Álvaro Gómez Gómez

Es muy lamentable, preocupante y altamente nocivo para el medio ambiente, el daño que se le viene haciendo a la RESERVA FORESTAL NACIONAL PROTECTORA DE RIO BLANCO; desde que el Honorable Concejo de la ciudad optó un 24 de Diciembre, cuando todos nos encontrábamos en plena vacancia navideña,  por cambiar el uso del suelo a la Hacienda La Aurora incluyendo este polígono en la categoría de “Zona de Expansión Urbana”, curiosa decisión si se tiene en cuenta que este predio se encuentra a lindes de la Reserva Forestal Protectora, que además y como si fuera poco hace parte del área externa de la Zona Protegida, artículo 19 del Decreto 2372 de 2010 que habla de armonizar los procesos de ordenamiento territorial municipal que se adelanten en el exterior de las áreas protegidas con la protección de éstas, lo mismo que el contenido del artículo 31 del mismo decreto que se refiere a las Zonas con Función Amortiguadora de las áreas protegidas y le impone a las CAR la obligación de considerarlas como partes para la definición de los Determinantes Ambientales de que trata la Ley 388 de 1997 artículo 10, Ley que además considera  que es Norma de Superior Jerarquía que las CAR ni nadie pueden desconocer.

A propósito de esta Ley El Consejo de Estado en sentencia del 18 de marzo de 2010, al estudiar la legalidad del Decreto 2201 de 2003 por el cual se reglamenta el artículo 10 de la Ley 388 de 1997, resaltó el carácter taxativo de las determinantes advirtiendo de la condición de norma de superior jerarquía otorgada por el legislador.

Los Determinantes Ambientales, no son pues un capricho cualquiera, y se encuentran perfectamente reglados en la normatividad colombiana, han sido definidos y/o citados en la ley 388 de 1997, Decreto 3600 de 2007, Decreto 097 de 2006 y Decreto 4066 de 2008, Decreto 1069 de 2009, Decreto 2372 de 2010, Decreto 1640 de 2012 y Decreto 1120 de 2013, pero tan solo en la Guía Técnica para la formulación de los Planes de Ordenación y Manejo de cuencas y su protocolo adicional de Áreas y Ecosistemas Estratégicos, dentro de los cuales se encuentra nuestra Reserva, se citan y clasifican las áreas referidas para incluir en la categoría de ordenación de conservación y protección ambiental.

Para entender un poco mejor este asunto debemos tener en cuenta y me veo obligado a citarlo, el contenido del artículo 9 de la Resolución 411   de Octubre 3 de 2016 del mismo CORPOCALDAS que muy consciente de esta situación dice que realizarán los ajustes a la Zonificación Ambiental del POMCA una vez la Corporación adopte la Determinante Ambiental, esta es la hora que no han querido asumir este compromiso legal, incumpliendo con esta función, que la hace además constitucional y legamente obligatoria,  mientras tanto continúan avanzando unas obras que hace rato debieron haberse evitado  recurriendo a normas ambientales, así existan licencias de construcción y urbanismo; adoptando los Determinantes como corresponde se evitarían daños irreparables ampliamente conocidos por la ciudadanía y oportunamente denunciados y advertidos a las autoridades que se empeñan en defender su posición contradiciendo pilares básicos de un Desarrollo Sostenible y expresos acuerdos  internacionales que están obligados a garantizar.

Es tan serio y claro el asunto visto desde el punto de vista jurídico ambiental que el Decreto 1729 de 2002, referente que se hace a los Determinantes Ambientales dice:

Artículo 17. Jerarquía normativa. Las normas sobre manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables previstos en un plan de ordenación de una cuenca, priman sobre las disposiciones generales dispuestas en otro ordenamiento administrativo, en las reglamentaciones de corrientes, o establecidas en los permisos, concesiones, licencias y demás autorizaciones ambientales otorgadas antes de entrar en vigencia el respectivo plan de ordenación y manejo.

 

El tema no es sencillo y para su comprensión necesariamente tenemos que recurrir a la Ley, citar e ilustrar las que de manera más directa protegen nuestra Reserva, no siendo las Únicas y que gracias a un desarrollo incomprensible, está siendo sometida a un daño irreparable, irreversible e inminente con la anuencia de las Autoridades Ambientales, ellos lo saben y lo entienden  a cabalidad, es pues, desde todo punto de vista inconcebible su  empeño en desconocer  normas que no admiten discusión; se han realizado en ese polígono “Aprovechamientos Forestales” de Bosque Natural que vistos desde su forma y fondo, este por las mismas razones, inaceptables entre otros impactos negativos evidentes para la biodiversidad, para la conectividad ambiental y en general para un medio ambiente sano.

Son múltiples las normas que favorecen, protegen y defienden este ecosistema de especial interés local, nacional e internacional, las manifestaciones ciudadanas en contra de este proyecto y los argumentos que desde la academia y de reconocidos ambientalistas se han expuesto públicamente con sustentación amplia de profundo contenido técnico jurídico denunciando el deterioro de las condiciones ambientales y la degradación del medio ambiente con la ejecución de un proyecto constructivo siguen sin respuesta y en total desatención.

Considerada una de las regiones de mayor biodiversidad del planeta con una extensión de 4950 Has, cuenta con más de 370 especies de aves, de las cuales 13 son endémicas, 30 especies migratorias, existen allí 60 especies de mamíferos y más de 180 de mariposas se destacan 40 especies de orquídeas y otras innumerables de epífitas propias de bosques húmedos de niebla, ecosistema amenazado, sumándole a esto se está poniendo en riesgo la Reserva que produce el 35% del agua que consumimos los Manizaleños.

Apelamos al Principio de integración visto como la necesidad de asegurar que consideraciones ambientales sean integradas en planes, programas y proyectos económicos y de desarrollo, y que las necesidades del desarrollo sean tomadas en cuenta al aplicar objetivos ambientales. Este principio es recogido en el artículo 4 de la Declaración de Río.

Demandamos pues, con sobradas razones de las autoridades, el cabal cumplimiento de todas las normas que les compete, teniendo en cuenta los Lineamientos de Política de Gestión Ambiental desarrollado por el SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL DE COLOMBIA-SIAC, la urgente atención a este asunto y su determinación para proteger, reconociendo con prontitud, con valor civil, político y ambiental los derechos desconocidos a RIO BLANCO.

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