La corrupción administrativa a través de las coimas
No quiero con esto convertirme en “ave de mal agüero”, pero serán varios, para no decir que muchos, los frentes que deberá atender para que no se le vaya a pique la buena intención que demostró en su discurso del 20 de Junio tras ganar las elecciones presidenciales.
La corrupción administrativa, la subversión, la violencia e inseguridad ciudadana, la injusticia y la situación de la salud en el país, son apenas algunos de los frentes en que se hace necesario un trabajo inmediato para darle un buen inicio a su gestión.
Desde luego que para enfrentar todos esos lunares que han generado un verdadero caos en los últimos años, se requiere de la colaboración de todo un país que se interese más por la búsqueda de soluciones a los problemas que por la preparación y el lanzamiento de dardos venenosos contra quien hizo un llamado de Unidad Nacional, para sacar adelante un país.
De los problemas citados anteriormente, no se sabe qué atormenta más y qué le hace un peor daño a Colombia.
La corrupción administrativa tan común en la mayoría de los países del mundo, pero en mucho menor escala que en Colombia, es a mi manera de ver el cáncer que afecta a todas las ramas del poder, porque las personas que conforman las nóminas del Estado buscan en su mayoría el beneficio personal antes que el beneficio general de la comunidad.
La tramitología y el desmesurado interés de los funcionarios deshonestos por obtener dinero para sí en los negocios de empresas particulares con el Estado, se han convertido en el "pan de cada día", al decir de quienes por razones profesionales acuden a las citas de concurso o licitaciones con las entidades de gobierno.
Hace pocos días asistí a una pequeña tertulia de profesionales de diferentes áreas.
Quienes habían tenido en alguna oportunidad relaciones comerciales con el Estado, pusieron como ejemplo que la persona encargada finalmente de autorizar un trabajo con profesionales ajenos al gobierno, condicionaba los adelantos en los pagos del servicio a cambio de una participación monetaria al funcionario que le ayudaba a tramitar el cheque. Obviamente, una participación económica cuya constancia no queda en ningún documento.
En otras palabras y para hacer más entendible la idea. Si un trabajo de asistencia tiene un valor de 500 millones de pesos, al contratista se le pide un mínimo del 10 por ciento de participación con destino al funcionario que autoriza finalmente, “porque con ese dinero hay que ofrecer algunas atenciones” ya sea al Director, a los miembros de la Junta Directiva, Contralor de la entidad o al que se encarga de firmar los cheques. Pareciera que todos se benefician con ese aporte del 10 por ciento.
Generalmente es un engaño y el diligente funcionario acude a su despacho en la siguiente semana estrenando un moderno vehículo, producto de la coima.
Esta marrulla, si se me permite el término, es lo que genera que muchos de los contratistas que cotizaron de acuerdo con sus principios profesionales con un valor real y con la esperanza de ver aprobada su propuesta, deban finalmente disminuir la calidad en los materiales de una obra civil por ejemplo, porque no pueden asumir los costos de la misma con el 10 por ciento que le pagaron al funcionario para las “supuestas atenciones”.
Si se trata de la construcción de una obra, hay que “homenajear” al Interventor para que pase por alto en su informe lo relacionado con la calidad de los materiales.
Igual ocurre con los medicamentos en el campo de la salud. Cuando se trata de medicinas exclusivas y de alto costo, algunos hospitales y EPS, le pasan la cuenta de cobro al Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) por valores muy superiores a los reales y todos esos dineros de los sobre-costos son los que aportamos los colombianos a través del pago de impuestos.
Otro factor de corrupción de los que se han “inventado” en Colombia, es el llamado SISBEN del que hacen parte miles de personas, sin que algunos de ellos llenen los requisitos para ser favorecidos por los programas de apoyo social del gobierno, para quienes viven en extrema pobreza.
Del sistema que ofrece salud, subsidios de vivienda, educación gratuita, subsidio de empleo y otros subsidios, hacen parte personas que de común acuerdo con funcionarios corruptos, se ponen en la lista para compartir los beneficios con los empleados del Estado, cuyos nombres los han puesto en las redes de usuarios del SISBEN, sin una necesidad económica real.
La corrección de esta anomalía no se logra de un día para otro, pero si el nuevo presidente Juan Manuel Santos se pone en la tarea de combatir el flagelo a través de Contralorías y Auditorias especializadas, con seguimientos muy serios a todos y cada uno de los funcionarios públicos del país, otra sería la situación económica de Colombia.
La culpa no es del Alvaro Uribe, ni de Andrés Pastrana, ni de Ernesto Samper, ni de sus antecesores. Yo creo que la culpa es de los que nos abstenemos de denunciar los atropellos y calificamos estas prácticas como algo normal a través de todas las administraciones.
Si usted amigo lector es Contratista de una empresa o del gobierno y el funcionario que autoriza finalmente un trabajo, le pronuncia entre dientes y de manera casi ininteligible la sigla C V Y (que quiere decir Como Voy Yo), simplemente le está pidiendo una participación económica de su propio trabajo a cambio de un supuesto favor.
Si usted no llega a un acuerdo que es absolutamente ilegal desde donde se le mire, corre el riesgo de que su propuesta de trabajo vaya a parar al cesto de la basura.
Por estas y muchas razones más, me atrevo a exigir a los colombianos que pongamos en práctica y con valor ciudadano el instrumento de la denuncia, como fórmula de saneamiento del país.
